Con insistencia se advirtieron los errores, peligros y malas consecuencias de la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Ese ejercicio estuvo inspirado en el propósito de abrir los ojos, oportunamente, sobre las equivocaciones en que incurría el Gobierno al aceptar ciertos puntos del acuerdo, con el fin de que se corrigiera el rumbo a tiempo.

El objetivo no era el de acabar con todo, tal como lo repetían, y siguen repitiendo, quienes se dedicaron a la tarea de señalar, injustamente, las opiniones de la oposición democrática, como dirigidas a dar al traste con el esfuerzo de lograr el fin del terrorismo de las Farc.

¡Todo lo contrario!

Lo que se pretendía era conseguir que el dicho acuerdo, mediante la modificación de los puntos inconvenientes, contara con el respaldo de la inmensa mayoría de los colombianos en busca de su estabilidad y vocación de permanencia.

Así se repitió en múltiples ocasiones, amparados en la ilusión de llegar al gran acuerdo nacional para la paz.

Infortunadamente no se pudo.

Lo que está sucediendo en la actualidad es prueba irrefutable de la patriótica intención de los esfuerzos denodados que se hicieron.

Con respecto a la JEP, la argumentación que respaldaba las críticas señalaba que no era necesaria su creación, toda vez que a lo largo de la historia se habían hecho acuerdos entre los gobiernos de distintas épocas y grupos armados ilegales, mediante la expedición de marcos legales.

Jamás se había necesitado dar semejante salto para definir medidas de alivio judicial, ni acciones de reparación a las víctimas, ni pasos para conseguir la no repetición.

Tampoco poner en entredicho principios centenarios ideados por la humanidad para garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos.

Eso es la que ha ocurrido a raíz de elementos de la JEP con respecto a los principios de legalidad, juez natural y no retroactividad en materia penal.

En fin, todo lo que se consideró necesario se señaló en procura de que se hicieran las correcciones debidas.

Sin embargo, la arrogancia y soberbia de los negociadores de los dos lados de la mesa de La Habana impidieron que se hiciera lo que le convenía a Colombia.

Eso de decir que se debe suspender el proceso de extradición de alias Santrich es, apenas, una evidencia clamorosa de los desafueros que pueden seguir presentándose.

Lo que aquí se comenta acaba con la separación de los poderes, es una muestra de lo que es el desbordamiento de las competencias, usurpa las funciones del Congreso, acaba con las facultades del Ejecutivo en materia tan delicada, y penetra temas de relaciones internacionales fundamentales para Colombia en materia de cooperación para perseguir el delito.

La JEP se equivocó.

Ojalá, en actitud humilde y reflexiva, decida cambiar el equivocado rumbo que tomó, transitando el cual demuestra la verdadera razón que la inspira.

El campo de su actuación en el caso de alias Santrich se limita a determinar la fecha en que se cometió el delito.

Si la conducta criminal se cometió antes de la fecha del acuerdo, lo que debe hacer es claro.

En el evento de que el ilícito haya tenido lugar después de ese día, le toca darle traslado a la jurisdicción ordinaria, lo cual no excluye, en ningún caso, la posibilidad de que alias Santrich sea extraditado.

Así de sencillo.

Nada más, pero tampoco nada menos.

Con episodios como éste, resulta incontrovertible que es necesario hacer varias modificaciones al acuerdo Santos-Timochenko.