A los miembros de la ONU esa crisis no les importó y, con sus votos, lo que hicieron fue dictarle sentencia condenatoria a Leopoldo López y a toda la oposición.
Como un trofeo geopolítico recibió el Gobierno de Nicolás Maduro el asiento que la Organización de Naciones Unidas (ONU) le entregó por votación como miembro no permanente del Consejo de Seguridad para el bienio 2015-2016, un logro que a nuestro juicio tiene mucho de simbólico y que deja en evidencia la cada vez mayor pérdida de poder por parte de los Estados Unidos en la Asamblea General y la tendencia creciente de esta a rotar geográficamente la membresía en el organismo, sin importar el régimen político vigente en cada una de las naciones aspirantes.
A través de una alocución en cadena obligatoria de radio y televisión, Maduro declaró a su país que la elección era “un récord mundial” y “una victoria de Hugo Chávez Frías” y de su legado, en referencia a que 181 países de los 193 que integran la ONU votaron a favor de Venezuela, una cifra que no admite cuestionamiento alguno en cuanto a su contundencia pero que, precisamente, deja ver cómo el mundo decidió pasar de agache ante la realidad que vive el vecino país, particularmente en cuanto a la situación de los derechos humanos, encarnada particularmente en el caso del líder opositor Leopoldo López, cuya liberación había sido solicitada en días pasados por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la propia ONU y la cual se esperaba que se diera como una especie de contraprestación a la designación. Los resultados muestran, empero, que Venezuela sacó “gratis” su elección en el Consejo de Seguridad, al menos en el apartado de los Derechos Humanos, aunque quedará por verse qué compromisos por debajo de la mesa habrá adquirido en su intenso cabildeo del último año, particularmente con las naciones del Grulac, grupo de países de Latinoamérica, que presentaron a Venezuela como su único candidato para reemplazar a Argentina, cuyo período vence el próximo 31 de diciembre.
Y dentro del grupo de países latinoamericanos estaba comprometido, obviamente, el voto de Colombia, que pese a ser visto en el concierto internacional como un régimen de centro-derecha, se ha comportado esta vez como uno más de los gobiernos pro-chavistas de la región avalando la candidatura venezolana. En el empeño del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos por alcanzar un acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc, seguramente no querría entrar en polémica con quien es uno de los países garantes del diálogo oponiéndose a su pretensión, pese a los constantes conflictos reales en la relación bilateral, siendo el último la decisión unilateral del vecino país de cerrar la frontera, supuestamente para combatir el contrabando, y por las amenazas a la seguridad de los colombianos residentes allí, acusados de ser cómplices del paramilitarismo que, en la obsesión de Maduro, está “invadiendo” el país para derrocarlo.
El mayor derrotado con esta decisión de la ONU ha sido el Gobierno de los Estados Unidos, que tímidamente y a última hora trató de oponerse, sin éxito, a la elección de Venezuela en el Consejo de Seguridad. El hecho, además de ser una nueva evidencia de la débil política internacional del Gobierno de Barack Obama, que es común a los gobiernos demócratas, muestra también el descuido de la administración norteamericana con Latinoamérica o, al menos, que la región no está entre sus prioridades. El precio a pagar para ese país es que en el grupo de los quince que integran el Consejo de Seguridad, el bloque que conforman Rusia y China tiene un nuevo aliado, lo que va a dificultar mucho más, en lo sucesivo, las acciones que Estados Unidos quiera sacar adelante en materia de seguridad internacional. Como se sabe, los cinco miembros permanentes, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China, tienen el poder de vetar cualquier decisión que adopte el Consejo, mientras que la mayoría requerida para la aprobación de cualquier resolución es de nueve votos. Pero como de nada sirve llorar sobre la leche derramada, lo que queda es esperar que, como lo anunció la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Samantha Power, ese país y la Comunidad Internacional ejerzan una presión constante para que el Gobierno de Venezuela respete las libertades fundamentales y los derechos humanos universales de su población.
Y es que resulta paradójico que una nación cuya seguridad interna está colapsada por el descontento de muchos con el régimen castro-chavista, pretenda ser garante de la seguridad internacional con respeto a los Derechos Humanos, como lo expresó el excandidato presidencial Henrique Capriles. Nos preguntamos a cuántos venezolanos les importará que su país esté en el Consejo de Seguridad y a cuántos, por el contrario, les preocupará la grave crisis de derechos humanos que se está viviendo, particularmente desde el pasado mes de febrero, cuando los movimientos opositores empezaron a expresar sus desacuerdos en las calles de Caracas. Lo que quedó claro es que a los miembros de la ONU esa crisis no les importó y, con sus votos, lo que hicieron fue dictarle sentencia condenatoria a Leopoldo López y a toda la oposición.
