“El conflicto es uno”

Santos hizo esta afirmación para justificar que a Cuba hayan viajado víctimas de las Farc, de los paramilitares y de  agentes del Estado.

Sí, el conflicto es uno, pero ¿por qué el Estado renuncia  a su soberanía y acepta negociar con las Farc el punto referente a todas las víctimas?

No se entiende esa lógica, pues equipara al Estado con los terroristas. Y eso no es acertado. Admitamos que ha habido miembros de las Fuerzas Armadas y dela Policía que han cometido crímenes de lesa humanidad. Pero de allí no se sigue que se trate de crímenes de Estado, en el sentido de que dichos delitos hayan sido cometidos como una decisión institucional. Desde hace muchos años el Estado colombiano se ha sometido voluntariamente al control de organismos como la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, ha aceptado todas sus recomendaciones y permitido el seguimiento de las mismas -aceptando de hecho, que las recomendaciones se vuelvan obligaciones-, a pesar de que en muchos casos, la información sobre la que se basan las acusaciones no tienen ningún fundamento científico de tipo estadístico.

Por supuesto, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace un rastreo riguroso de las presuntas violaciones del Estado, y éste ha aceptado todas las sanciones que dicha Corte ha tenido a bien imponerle, y hasta la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, país que en este tópico tiene rabo de paja, para decir lo menos, realiza también informes anuales que tienen consecuencias en los presupuestos del Estado. A esto se suma la férrea y muchas veces sesgada intervención de ONG internacionales y nacionales, unas de buena fe, otras que son compañeras de lucha de los terroristas de extrema izquierda. Y no se olviden de las actuaciones severas del poder judicial contra este tipo de delincuentes.

¿Creen ustedes que someterse a tamaño monitoreo lo hace un Estado que institucionalmente viole los derechos humanos? No. Esta es una democracia, no una dictadura, como las de los militares de extrema derecha en Chile y Argentina, o las de extrema izquierda, como Cuba y Venezuela. Creo que hasta el propio Santos se da cuenta de este punto central cuando habla de “agentes del Estado” y no del Estado mismo, pero no es consecuente con las implicaciones  que genera esta distinción.

Por otro lado, las Farc tiene como política estructural el secuestro, el asesinato, la destrucción de la infraestructura, la contaminación de las fuentes de agua que sirven acueductos, los cilindro bomba, las minas antipersona y un largo etc. Cuando digo política estructural me refiero a que esas prácticas han sido incorporadas conscientemente por su dirección como métodos de lucha; es más, sin ellas no podrían sobrevivir. Y si no, piensen en la cadena de  atentados contra la población civil en el sur de Colombia, en Tumaco para no citar otros casos, que esta semana deja ocho heridos, la mitad niños, por acción de cilindros bomba contra su casco urbano.

Pero las Farc se niegan a reconocer sus víctimas y señalan a “la clase dirigente colombiana” y al imperialismo” de ser los verdaderos victimarios: el guerrillero Ricardo Téllez, alias Rodrigo Granda, dijo en La Habana que “la victimización ha sido para el despliegue pleno de las nuevas formas de la acumulación capitalista, para favorecer poderosos grupos económicos y poderes corporativos transnacionales, y consolidar el poder político de las clases dominantes”. Además, dijo que para las Farc “las víctimas de semejante cometido han sido esencialmente los humildes; deben ser reconocidas y resarcidas en todos  sus derechos. El proceso de diálogos que venimos adelantando deberá contribuir a poner en movimiento todo aquello que a lo largo de décadas ha sido expropiado en forma recurrente, especialmente el derecho a ser alternativa política y Gobierno” (www.elcolombiano.com, 14.08.14). De acuerdo con Téllez hay víctimas que no pueden serlo ¡porque son pudientes!. Y cuando describe a los que considera víctimas, está describiendo, de hecho, a las de las Farc, cuando asesina colombianos humildes  que no le son afectos. Pero claro, este señor no detecta su propia contradicción.

Por otro lado, los paramilitares fueron sometidos a la soberanía del Estado, y se les está aplicando la Ley de Justicia y Paz, de manera  rigurosa, como debe ser. Ha sido tan efectivo ese proceso, que ya no hay acciones delincuenciales de esos grupos, y los remanentes que pueda haber, son perseguidos implacablemente por la justicia colombiana.

Son, pues, realidades políticas diferentes. Nuestro Estado no es terrorista, ni comete crímenes de lesa humanidad y/o de guerra. ¿Por qué permite el presidente que una organización terrorista, perpetradora de esos crímenes, tenga la calidad de parte igual  al Estado para definir el tema de las víctimas si ellos son los principales victimarios del país? ¿Y no es cierto que el Estado colombiano tiene un mecanismo de reparación administrativa, ha diseñado mecanismos que aseguran la no repetición y obliga a procurar que sean los paramilitares los que  indemnicen a las víctimas y les pidan perdón?  ¿Por qué poner a los terroristas de las Farc a definir mecanismos que son inherentes al Estado colombiano?

El presidente ha cedido la soberanía interna y la legitimad, para complacer a las Farc, que con este tipo de acuerdos, están cogobernando ¿Creen ustedes sano para el país y para las víctimas de  la guerrilla, que sean esta la que  determine sus propias responsabilidades? Santos representa a casi cincuenta millones de colombianos, y las Farc sólo a ellas, como ha dicho recientemente El País, de Cali. Pero, el presidente lo entiende al revés.

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