Gobierno y Farc acordaron que sea el Congreso el que refrende los acuerdos de paz, presentados por ambas partes como inmodificables y definitivos. ¿Qué papel les queda a los ciudadanos?

El segundo acuerdo ya rubricado en La Habana entre el Gobierno y las Farc dispone que, habiendo sido rechazado el anterior en el plebiscito del 2 de octubre, este de ahora será sometido igualmente a un proceso de refrendación, que deberá ser convenido entre las partes.

En la lista de posibilidades (páginas 4 y 219) incluyeron la posibilidad de un nuevo plebiscito, junto con otras como la consulta popular, los cabildos abiertos, o “por corporaciones públicas elegidas mediante sufragio sobre cuyos miembros recaiga representación con mandato tales como el Congreso de la República, las asambleas departamentales y concejos municipales”.

El presidente Juan Manuel Santos, durante su visita a la OEA, en Washington, dijo la semana pasada que la refrendación se haría por el Congreso de la República. Y en entrevista a Noticias RCN, el jefe de las Farc, alias Timochenko, confirmó que ese era el compromiso al que se había llegado: “es el mecanismo más expedito y el que está más a la mano”.

El Congreso es, en efecto, una de las posibilidades constitucionales habilitadas para refrendar los acuerdos. Es posible hacerlo, aunque es inevitable la pregunta de si esa vía otorga la misma legitimidad popular, sobre todo luego del rechazo en las urnas al primer acuerdo suscrito, al que este último se asemeja casi de forma literal.

Realmente las razones que eran válidas para someter los acuerdos de paz a la decisión popular mediante voto directo, como se hizo el 2 de octubre, siguen siéndolas ahora. Idéntica finalidad de legitimación se necesita hoy, exactos propósitos de lograr un apoyo mayoritario para asegurar que su implementación cuente también con apoyo de la población.

Sin embargo, ni el presidente Santos y su Gobierno, ni las Farc, van a someterse a semejante riesgo, sabiendo que este segundo acuerdo mantiene en su estructura todos aquellos puntos que pudieron ser objeto de rechazo de los votantes del No en el plebiscito. El mismo expresidente Ernesto Samper, con su habitual combinación de cinismo y frivolidad, trinó que “Los acuerdos de La Habana se pueden y deben implementar ¡ya!. Una nueva refrendación popular los hundiría”. Es decir, el Gobierno y sus aliados, y ni se diga las Farc, saben que otro plebiscito posiblemente ratificaría el juicio negativo del 2 de octubre.

De allí que, como dice “Timochenko”, la posibilidad más a la mano sea el Congreso, donde el Gobierno sigue contando con mayorías y los parlamentarios que las integran ratificarán punto por punto lo suscrito en La Habana.

¿Qué papel queda a los colombianos, no solo a los que votaron Sí o No en el plebiscito? Más bien poco. Quien vota por un congresista le otorga una representación difusa, y no le impone un voto programático, como sí sucede con alcaldes y gobernadores, a quienes puede revocar el mandato si incumple lo prometido en campaña. Con los congresistas no. Aunque estos, según las Constitución (Art. 133) “representan al pueblo y deberán actuar consultando la justicia y el bien común”, pocas veces rinden cuentas de su actividad. Marchan casi siempre al ritmo que les indique el Gobierno de turno.

La única posibilidad política, mas no jurídica, es que los electores envíen mensajes a los parlamentarios por los cuales votaron en 2014 para hacerles saber cuál es su posición y la que les gustaría que ellos hicieran valer en el Congreso. Pero más allá del sentido testimonial, la refrendación popular de los acuerdos quedó cerrada.