No sé qué es más corrosivo para la democracia y las libertades en América Latina, si los atropellos y arbitrariedades del régimen de Maduro contra su pueblo o el desbarajuste institucional y social que en nombre de la paz están propiciando el gobierno Santos y las FARC en Colombia.

Aunque en el primer caso la metodología de corte fascista usada es la violencia puesto que se agrede a los opositores sin que estos estén propiciando hechos de fuerza, y en el segundo se trata de una errática política entreguista vendida a través de una ofensiva publicitaria, el resultado es prácticamente el mismo: la destrucción de la democracia.

Venezuela está en presencia de un movimiento popular que por vías pacíficas busca liberarse de un modelo desastroso en lo económico y autoritario en lo político.

El socialismo del siglo XXI llegó a su más elevado punto de ineptitud y arbitrariedad. Chávez, Maduro y Cabello con la complicidad de la dictadura castrista han liderado el empobrecimiento de un país excepcionalmente rico, abrieron las puertas a una incontrolable corruptela sin par en el mundo, se creen irremplazables, consideran inmodificable el “modelo” y en su empeño desconocen y aplastan las lógicas de la democracia.

No se trata de un caso aislado. En Latinoamérica desde fines del siglo pasado se impuso un estilo de ejercicio del poder consistente en cambiar la Constitución de modo arbitrario y violando los derechos de otros sectores de la población con el fin de establecer la reelección indefinida de sus mandatarios. Correa en Ecuador, Ortega en Nicaragua, Evo en Bolivia y el chavismo en Venezuela. Además, abolieron de hecho la separación de poderes, corrompieron las cortes de justicia, presidentes dictadores controlan el nombramiento de todos los altos cargos del estado, cambian las leyes a su amaño, persiguen y anulan la libertad de prensa, manipulan elecciones y elevaron su ideología y visión del mundo a la categoría de pensamiento oficial.

El mal ejemplo cundió y se extendió a países poderosos como Brasil y Argentina donde a pesar de la fortaleza de sus democracias alcanzaron a hacer daños hoy por fortuna en proceso de recomposición. Las izquierdas en sus diversas tintas en el continente, movimientos liberales, progresistas y demócratas tibios, así como gobiernos y gobernantes débiles han guardado silencio cuando no una actitud de condescendencia para pagar favores petroleros, han brindado su apoyo a esas tiranías.

Esa atmósfera de tolerancia y pasividad, en la que también tiene su parte el gobierno norteamericano de Obama, es lo que suscita la mayor preocupación sobre la suerte de la democracia en el subcontinente. Y a su vez, es lo que enaltece de manera superlativa, la acertada pero incomprendida iniciativa del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, un diplomático de convicciones de izquierda y civilista de verdad, quien señala con honradez y fortaleza el rumbo que deberían seguir las izquierdas de respeto íntegro y compromiso total con lo que significa la democracia.

Mientras los vecinos luchan heroicamente por zafarse del modelito, en Colombia ya se avizoran signos de los que será el recurrido y manoseado “posconflicto”: el Congreso de la República se priva de su función legislativa y le concede amplios poderes al presidente para que este legisle sin que el Congreso se pueda interponer y con fuerza de ley todos los compromisos que está asumiendo en las conversaciones con las FARC. Y así como se dice que narcotráfico y secuestro son acciones de altruismo revolucionario, se sostiene que la autoemasculación del Congreso es un acto democrático.

El Gobierno pretende refrendar los acuerdos a través de un plebiscito al que se le redujo el umbral al 13%, violando leyes en nombre de la ley. Se le plantea, además, en lo que ya constituye un descarado golpe de estado “por las buenas” y, con el chantaje de que si no lo aceptamos vendrán otros “50 años de guerra”, que a los acuerdos de La Habana se les de calidad de “bloque de constitucionalidad”, que quiere decir, nadie, ni el constituyente primario, podrá modificar.

Concurrente con la desinstitucionalización, caldo de cultivo para el ascenso al poder de las minorías avanzadas y disciplinadas, tenemos ya, ante nuestros ojos las señales iniciales de la avalancha de “luchas sociales y populares” que serán organizadas y propiciadas, constantemente, por las guerrillas vestidas de civil, reclamando el cumplimiento de las promesas y de los acuerdos que un gobierno faltón deshonra.

Caos institucional y desbordamiento de las movilizaciones con bloqueos, agresiones a la Fuerza Pública, huelgas, mingas, todo ello en el marco del peligroso invento del filósofo de la “paz territorial”, Sergio Jaramillo, quien abrió la caja de pandora con la descabellada idea de “periodo de transición” según la cual los acuerdos de La Habana no constituyen la paz sino su inicio, pues ella vendrá, tal como a su manera lo ha dicho la guerrilla, luego de que el Estado Colombiano cancele la “deuda social” que tiene con el campesinado y con “sus representantes”.

La transición, una ocurrencia, fruto de desveladas cavilaciones, durará al menos 10 años. Lapso durante el cual, los colombianos, si no despertamos, veremos cómo se escurre como agua entre las manos, la democracia y la libertad y constataríamos aquello de que nadie aprende de la experiencia ajena.