El drama de una perseguida política

Corre el reloj para Alejandra Cevallos, una de las perseguidas políticas menos conocidas de América Latina.

"Ya está llegando lo que llamo el Día D", me dijo el sábado la joven ecuatoriana Alejandra Cevallos durante una entrevista telefónica. "Estoy muy angustiada. No sé qué va a pasar. Están ensañados conmigo".

Cuando ella habla del "Día D" se refiere al día en que tenga que entregarse a las autoridades para cumplir una condena de cuatro años de prisión. Ya se han fallado dos instancias en su contra. Queda un último recurso de reposición que se definirá durante las próximas semanas. Es por la inminencia de su arresto que dedico a este caso ésta y las siguientes columnas. Es un drama humano que merece mayor visibilidad mediática porque Alejandra Cevallos es inocente.

Ella es una estudiante de derecho que hoy precisamente cumple 28 años de edad. Si no hay presión internacional de medios e instituciones defensoras de derechos humanos, puede ser el último cumpleaños que pase en libertad de aquí al 2018. Cevallos tiene una hija de 10 años que no volvería a ver a su madre fuera de una institución penitenciaria hasta el fin de su adolescencia.

Cevallos, como quizás el lector lo sepa si ha leído otras columnas en las que he llamado la atención sobre su situación, es una estudiante de derecho ecuatoriana que, para resumir, el 30 de septiembre de 2010 dio una entrevista en televisión diciendo que una huelga policial que se presentó en Ecuador ese día no fue un golpe de Estado, como Rafael Correa pretendía hacer creer.

Para generar una paranoia golpista entre la población, Correa ordenó el 30 de septiembre de 2010 enlazar la señal de todas las cadenas privadas al canal del Estado. Un grupo de ciudadanos protestó contra esta medida en las puertas del canal. Algunos de ellos, entre los que no se encontraba Alejandra Cevallos, como queda en evidencia por las imágenes que hay de ese día, rompieron la puerta del canal e ingresaron. Cevallos entró más tarde, con el resto del grupo, pero encontró la manera de llegar directamente al set de trasmisión. El director de noticias la invitó entonces a pasar y a presentar la posición de quienes protestaban fuera, durante una entrevista de 4 minutos.

La justicia ecuatoriana considera que esta entrevista es un acto de terrorismo y sabotaje, y la han condenado a cuatro años de prisión en segunda instancia.

El motivo por el que afirmo que la entrevista motivó la condena es que, en el fallo, la entrevista es considerada como una interrupción en la producción del noticiero. Por lo tanto, constituye el delito de sabotaje. Si el lector considera que esta lógica es absurda es porque tiene razón, es absurda. El problema es que en esta situación lo que impera no es la lógica jurídica, ni la justicia, sino la presión política.

Ha jugado en contra de Alejandra Cevallos el que hubiera sido asambleísta suplente por el partido de oposición Social Cristiano. También militó en la Concertación Ciudadana, pero sin ocupar ningún cargo publico. A causa de esto, el gobierno de Rafael Correa la ha presentado, sin pruebas, como una de las líderes de una conspiradora golpista creada por la oposición. Alejandra Cevallos no tiene influencia ni militancia actual en ningún partido.

El sistema judicial en Ecuador está diseñado, formal e informalmente, para que la influencia de Rafael Correa sea decisiva en la rama judicial. En la próxima columna explicaré en detalle porqué no hay independencia de poderes y eso qué consecuencias trae para el caso de Alejandra Cevallos.

Twitter: @santiagovillach

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