Solo el 6,2% de quienes presentaron las pruebas de conocimiento las aprobaron. Si ya hay suficiente desconfianza hacia la justicia, esta realidad hace aún más difícil el tránsito hacia un país justo.

En 2013 la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura abrió la convocatoria para las pruebas de conocimiento que debían aprobar quienes optaran a cargos de la Rama Judicial (jueces municipales, jueces del circuito y magistrados). Durante el año pasado se efectuaron los ajustes de la convocatoria, que sufrió no pocos tropiezos, entre ellos las objeciones y denuncias de los funcionarios y abogados que debían ser examinados.

Hubo denuncias de múltiples orígenes, que iban desde los reparos a la metodología y las limitantes impuestas, hasta otras que señalaban filtraciones de las preguntas. Por ejemplo, desde el departamento de Nariño varios jueces alertaron que circulaban extractos de los cuestionarios y que se cobraba por ellos.

El Consejo Superior de la Judicatura dio traslado a la Fiscalía General de esas denuncias, pendientes aún de aclarar. Sin embargo el proceso continuó y el 7 de diciembre del año pasado 27.690 personas acudieron a presentar las pruebas de conocimiento que preparó la Universidad de Pamplona, contratada para esos efectos por la Judicatura.

Y aquí es donde viene el dato desolador: de quienes se sometieron a resolver los cuestionarios, solo 1.341 (el 6,2%) los aprobaron.

La prueba de conocimiento no es el único requisito para acceder a los cargos. También hay pruebas psicotécnicas y tiempo mínimo de experiencia profesional. Pero la de conocimiento es absolutamente indispensable para tener un indicador de cuál es el nivel de preparación académica de quienes tendrán en sus manos los expedientes y pleitos jurídicos cuya resolución los colombianos confían a su Rama Judicial.

La pregunta es inevitable: ¿tal cantidad de reprobados desnuda una falta de preparación alarmante, o puede atribuirse a fallas en la elaboración de los exámenes? Como lo saben en las universidades, cuando la mitad de los alumnos pierde un examen es porque pudo haber estado muy difícil o porque los alumnos estudiaron poco. Pero cuando es todo el curso o la gran mayoría la que lo pierde, es posible que el problema sea el profesor. ¿Pasará aquí lo mismo? No parece. Esa disculpa universitaria no aplica en este caso. Un resultado tan deplorable apunta por fuerza a graves deficiencias en la formación y preparación de quienes aspiran ser jueces de la República.

Hay que ser conscientes, por supuesto, de los graves desafíos que ellos enfrentan, de las enormes dificultades en su trabajo y de la falta de medios que deben sortear a diario. Pero precisamente por la importancia de su labor, por la confianza pública que en ellos se deposita, hay que esperar y exigir la mejor preparación, la más sólida formación académica, además de la ética que no se mide en exámenes pero que se demuestra a diario.

Es muy desmoralizador que la Justicia no pueda garantizar un nivel satisfactorio de formación que requiere una nación con tal cantidad de conflictos por resolver. Si precisamente el valor que más se pondera de un juez es su sabiduría y su comprensión de los conflictos humanos para aplicarles la ley con equidad y así lograr una convivencia pacífica, es grave para el sistema institucional que sólo una reducida parte de quienes aspiran a ser jueces aprueben las pruebas de conocimiento.

Es como si todo quedara por hacer. Hay que exigir a los jueces un alto grado de excelencia, aparejada a las mejores posibilidades de capacitación para el ejercicio de una misión en la que el país se juega la posibilidad de asegurar un orden justo, y por tanto civilizado.