El flanco débil

Claridad. Eso es lo que urge el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc, porque si algo se ha evidenciado en las últimas semanas es que las reglas del juego, los cronogramas y las etapas de la negociación no tienen una hoja de ruta definida y a cada tanto se anuncian cambios en situaciones que ya se consideraban medianamente definidas. De allí, entonces, que más allá de la polarización nacional respecto a los alcances de las tratativas y su consecuente sometimiento a la refrendación popular, lo que se requiere es, valga la redundancia, claridad.

Por ejemplo, la diferenciación presidencial entre el cierre de la negociación y la firma formal del acuerdo final de paz, y cómo esa distinción podría permitir acelerar el proceso de convocatoria del plebiscito, genera incertidumbre. La misma que sólo puede ser despejada cuando se conozca la sentencia de la Corte Constitucional que le dio vía libre a la realización de esta cita en las urnas, publicación que no se produjo esta semana pese a que los magistrados habían prometido acelerar dicho trámite.

El texto de ese fallo es clave, también, para despejar otra de las grandes dudas existentes: las reglas del juego para las distintas campañas que promoverán el “Sí” o el “No” en el plebiscito. El Consejo Nacional Electoral debe definir cuáles serán los mecanismos de financiación, cuántos comités se admitirán, cómo se distribuirán los espacios en la televisión y la radio, en qué términos debe realizarse la campaña informativa y de pedagogía imparcial sobre el contenido del acuerdo final, las sanciones a quienes violen las reglas del juego. En fin, muchos temas que urgen precisión, porque si bien las campañas sólo empezarán oficialmente a partir de que el Congreso autorice la convocatoria del plebiscito y la Registraduría comience el proceso logístico, ya los distintos sectores políticos, económicos, sociales e institucionales arrancaron sus giras, mítines y promociones en todo el país.

Pero también en La Habana se requiere urgentemente de esas dosis de claridad. Prueba de ello es lo ocurrido el viernes pasado, en el marco del anuncio de los protocolos para el cese el fuego y de hostilidades, las reglas del juego para el desarme subversivo y cómo funcionarán tanto la Misión de Monitoreo y Verificación que encabeza Naciones Unidas como las 23 zonas veredales y 8 campamentarias en que deben concentrarse la cúpula y el pie de fuerza subversivo. Sorpresivamente el máximo mando de la guerrilla dio a entender que sólo cuando se haya votado el plebiscito se procedería a la localización territorial de los insurgentes. Y, acto seguido, otro negociador de las Farc anunció que se requiere la proyección previa de la amnistía que se aplicará a los combatientes para proceder, allí sí, a la firma del acuerdo final y luego a la concentración de las tropas en las zonas veredales y campamentarias. Ni el Gobierno como tampoco sus negociadores habían dado luces sobre este tipo de condicionamientos que, en principio, no sólo ponen de presente que no hay claridad sobre los cronogramas de las etapas restantes del proceso, sino que las partes parecerían estar manejando tiempos distintos. Y, como si fuera poco, si se aceptan las posturas de la guerrilla, entonces el país estaría abocado a que la votación del plebiscito se haría con unas Farc armadas y con capacidad operativa en todo el país, un riesgo alto por más que se esté en medio de una tregua unilateral de la subversión.

Tampoco está definido todavía cuáles serán exactamente las veredas en que se concentrará a la guerrilla y los sitios en donde se ubicarán los campamentos, asuntos estos que no son menores, sobre todo para los departamentos y municipios en donde se anunció que se abrirán estos espacios.

Y, por último, pero sin duda el asunto más trascendental de todos, no se puede negar que resulta bastante extraño que el país esté hoy en medio de una polarización política muy alta y que sectores gobiernistas y de oposición se hayan lanzado a unas intempestivas campañas para promover el “Sí” o el “No” sin conocerse todavía el texto final y definitivo de lo negociado en La Habana. Más aún porque aún quedan pendientes temas tan gruesos como el de la participación política que se dará a la guerrilla una vez se desmovilice y convierta en organización legal. No menos importante será establecer si el secuestro y el narcotráfico terminan siendo conexos al delito político y si, por esa vía, procedería una posible amnistía a los guerrilleros que incurrieron en estas conductas, alternativa que parecería bastante difícil por contrariar la normatividad local y tratados internacionales.

Como se ve, más allá de la postura que cada quien tenga frente al proceso de paz y de cómo vote en las urnas, o si decide abstenerse de hacerlo, constituye un grave riesgo para la democracia y la búsqueda de la superación del conflicto que ahora que se está, según las partes, en la recta final del proceso, no haya claridad sobre muchos temas clave de las tratativas, sus alcances e implicaciones. Sin duda este es el principal flanco débil de todo este esfuerzo.

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