La Contraloría ha pedido la suspensión de Guerra Tulena por detrimento patrimonial de $828 millones, y el mandatario ha consignado el mismo día esa elevada suma para paralizar la acción. Este asunto merecería al menos un gran debate político.
Parafraseando el Hamlet de Shakespeare, algo huele mal en el departamento de Sucre. O, para ser más concretos, en la gestión del gobernador Julio César Guerra Tulena, cuya suspensión inmediata del cargo solicitó ayer la Contraloría General de la Nación a raíz de la firma de un contrato que, según el ente de control, ocasionó un detrimento patrimonial de algo más de $828 millones al Estado.
De acuerdo con la investigación, Guerra Tulena adjudicó por contratación directa a la editorial Los Tres Editores SAS el suministro de material bibliográfico a cinco municipios sucreños. Los libros, siempre según los documentos en poder de la Contraloría, tienen un valor comercial de $7.500, pero se valoraron a $70.000; es decir, casi 10 más que su precio de mercado.
La Gobernación justificó la adjudicación directa con el argumento de que el contenido de los textos era exclusivo de la editorial Los Tres Editores. Sin embargo, según la denuncia del exrepresentante a la Cámara Luis Felipe Villegas y la posterior constatación por parte de la Contraloría, los libros no son más que guías convencionales para que los estudiantes sepan manejar los exámenes por competencia, similares a las que distribuyen otras editoriales a un precio muchísimo más bajo.
Hasta aquí, se trataría de una clásica contratación con precios inflados, desafortunadamente muy común en la práctica administrativa nacional y que, por supuesto, merece ser investigada hasta sus últimas consecuencias. Lo sorprendente en este caso es que, ayer mismo, el gobernador Guerra Tulena consignó al erario los $828 millones que le acusan de haber defraudado, con el fin de paralizar su suspensión del cargo. El mandatario sucreño afirmó que ello no supone un reconocimiento de que hubiera incurrido en una práctica irregular, sino que se trata de una acción para seguir en el cargo porque, según dijo, “tiene prioridad el derecho fundamental de haber sido elegido por el pueblo”.
Un caso similar de responsabilidad fiscal lo afrontó el alcalde de San Onofre, Nelson de Jesús Pineda, a quien la Contraloría separó del cargo durante varios meses y lo reintegró a finales de 2013 tras haber devuelto más de $600 millones. De modo que, salvo que el presidente Santos tome alguna decisión sorpresiva, lo más probable es que Guerra Tulena consiga su cometido de permanecer en el cargo después de pagar los $825 millones; una suma, por cierto, que no cualquier ciudadano podría hacer aflorar en un día para salir de un apuro.
Sin embargo, una cosa es lo que permita la Ley, y otra, muy distinta, la lectura política que quepa hacer de este episodio. En este sentido, y por más que el gobernador se haya ‘puesto al día’ con el erario, lo ocurrido no es precisamente un caso de ejemplaridad pública. Un caso como este no se puede enterrar, al menos en el plano político, con un resarcimiento dinerario, sino que merecería una mayor clarificación, en especial por parte del principal protagonista, el gobernador Guerra Tulena. Todo este desagradable asunto debería suscitar, como mínimo, un debate político en Sucre acerca de la calidad de su Administración.
