"Si en esta administración roban, es por las esquinas", dijo Gustavo Petro la semana pasada en una entrevista. Lo dijo a raíz de que varios concejales -incluidos copartidarios suyos como Carlos Vicente de Roux- han denunciado algunos contratos que ha firmado esta Administración y que a su juicio, son comparables al carrusel que tiene a Samuel Moreno en la cárcel.

Aunque Petro ha dado su explicación para cada uno, en los últimos tres años, ocho contratos han estado en el ojo del huracán por posibles anomalías.

Si algo se le ha criticado a Gustavo Petro es la improvisación. Sin embargo, sus detractores creen que esos errores en la adjudicación de contratos son más que "palomitas al aire" y que demuestran un patrón de irregularidades.

La Silla revisó los ocho contratos más cuestionados para entender qué tienen en común.

¿Contratos adjudicados “a dedo”?

El escándalo por la contratación en la era Petro se agudizó la semana pasada cuando se reveló una grabación en la que los mismos funcionarios del distrito dicen que contratar directamente la máquina que taparía los más de 200 mil huecos de la ciudad era una operación “kamikaze” porque podía parecer como contratada "a dedo". El Alcalde se ha defendido diciendo que el audio que publicó El Tiempo está incompleto y que la discusión que estaban teniendo los funcionarios grabados era "profunda y transparente". Además, ha defendido la contratación directa argumentando que se trata de un contrato de ciencia y tecnología.

Hoy, la polémica por la “máquina tapahuecos” que costó 11 mil 800 millones incluye la apertura de investigaciones en la Procuraduría. Sin embargo, no es el único de este estilo que ha firmado esta Alcaldía.

“Petro sacrifica el primer principio de la contratación pública: la selección objetiva. Antes de abrir la licitación para seleccionar al contratista, ya sabe a quién le va a comprar”, le dijo a La Silla Antonio Sanguino, concejal de Bogotá que ha denuciado el caso.

Y es que en tres oportunidades más, el Alcalde ha adjudicado contratos con especificaciones tan meticulosas que el espectro de contratistas queda limitado a la oferta de uno solo.

Este patrón se repite, según tres fuentes independientes consultadas por La Silla, con la compra de las 100 motos eléctricas que adquirió el ex gerente del Fondo de Vigilancia de Bogotá, César Augusto Manrique y en la recolección de basuras que quedó en manos de Aguas de Bogotá, filial del Acueducto. En la misma línea está el alquiler y la posterior compra de los camiones compactadores de basura que armaron la flota de aseo propia de la ciudad.

Los resultados dejaron mucho que desear a pesar de que si hubo licitación la ganó la empresa que cumplía exactamente con los requisitos que pedía el Distrito o se contrató directamente a la que se consideraba idónea. Las motos (que según el Alcalde tienen bajos niveles de ruido y de contaminación para fortalecer la seguridad ciudadana) y los camiones no respondieron como se esperaba en la altura de la capital ni a las necesidades para las que se adquirieron. La máquina tapahuecos ha sido muy cuestionada (a pesar de que se ha ejecutado un porcentaje muy pequeño del contrato) y el sistema de basuras tuvo que volver a contratar a los privado para cubrir algunas zonas de la ciudad al poco tiempo que entró a funcionar.

En estos contratos, el Alcalde Gustavo Petro ha intervenido directamente en la decisión. Con la máquina tapahuecos, él mismo fue quién propuso adquirir la tecnología después de que la conoció en Londres como lo ha dicho en sus trinos.

En el contrato que reestructuró el modelo de basuras, él decretó que desde diciembre de 2012, el Acueducto de Bogotá era el encargado de recoger la basura y también quien decidió primero alquilar y luego comprar una flota de camiones para hacerlo, a través del Acueducto.

Y con las motos, el alcalde también participó directamente cuando anunció la compra 20 días antes de que se adjudicara el contrato e incluso antes de que se terminaran los estudios técnicos que lo avalaban. Eso ocurrió el 6 de agosto del 2012 en la plaza de Bolívar de Bogotá, como contó El Tiempo, donde además  la demostración de los vehículos estuvo a cargo del representante de la firma Northbound Technologies S.A, quien después resultó ser el ganador de la licitación.

A pesar de los cuestionamientos, Petro ha defendido el modelo de basuras como una forma de respetar el auto de la Corte que ordenó incluir a los recicladores en el sistema y bajar las tarifas de aseo para los consumidores que fueron impuestas por "la mafia" de los privados. También ha dicho que tuvo que realizar la compra de los camiones compactadores  porque las empresas privadas no los entregaron cuando se venció el contrato y que la ciudad necesita una flota propia para garantizar el servicio de aseo.

Además, en los tres de los cuatro casos ya han rodado cabezas y en el cuarto, la máquina tapahuecos, ya hay investigaciones contra funcionarios: María Gilma Gómez, directora de la Unidad de Mantenimiento de la Malla Vial, María Constanza Aguja, secretaria general de la entidad y Olga Patricia Mendoza, ex jefe de la oficina de asesoría jurídica de la Unidad.

Los funcionarios que salieron fueron el exgerente del FVS, César Augusto Manrique, destituido por la Personería de Bogotá por el contrato de las motos. Y en el caso de las basuras, fueron destituidos e inhabilitados el ex gerente de la Empresa de Acueducto de Bogotá, Diego Bravo y el Director de la Uaesp, Henry Romero por 12 y 11 años respectivamente y el propio alcalde. Aunque Petro terminó salvado por el presidente Santos que lo restituyó en el último minuto.

Contratistas sin experiencia

En el contrato de las basuras hubo otra irregularidad: el contratista no tenía la experiencia que se necesitaba para ejecutarlo. Así quedó constatado en el fallo de la Procuraduría que destituyó a Petro el año pasado.

Pero no fue el único contrato con este detalle. Como lo denunciaron algunos concejales, lo mismo pasó con el contrato que se ganó el Consorcio Alimentación Social 2013 para entregar comidas crudas y preparadas a 17.441 niños y adultos mayores en jardines infantiles y centros de ciudado de población vulnerable. El contrato por 18 mil millones de pesos debía operar en siete zonas del sur de la ciudad.

El concejal Juan Carlos Flórez afirmó que la empresa fue creada el mismo año que se abrió la licitación para participar en ella y no tenía experiencia en la distribución de alimentos sino en reforestación. Además, que no tenía las capacidades técnicas para manejar la logística del contrato.

Al final, el contratista no pudo cumplir y el distrito tuvo que adoptar medidas de contingencia por que los alimentos no estaban llegando a los sitios. Sin embargo, el Alcalde dijo que en esta administración se han ampliado los programas de alimentacion y hay mas de un millón de personas que hacen parte de los programas de seguridad alimentaria, muchos mas que sus antecesores.

Las prorrogas sin licitación.

La otra modalidad de contratación de esta administración que ha recibido cuestionamientos es la de prorrogar contratos en lugar de abrir una licitación que podría resultar más beneficiosa para la ciudad.

Los ejemplos, denunciados entre otros por los concejales Juan Carlos Flórez y Carlos Vicente de Roux, son la prolongación de las concesiones para la construcción y mantenimiento de paraderos de transporte público, en los trámites de tránsito del SIM y la fase I y II en Transmilenio.

Aquí el patrón ha sido el mismo: un contrato que está próximo a vencerse, se ignoran las recomendaciones para abrir la licitación y se prorrogan los contratos en una movimiento exprés. El resultado, según las denuncias, es que la prórroga resultó más costosa.

Por ejemplo, según el concejal de Roux, con la prorroga de los paraderos, aunque la ciudad ahora recibe el doble de lo que ganaba con el primer contrato  por la publicidad que se cuelga en ellos (el argumento con el que se ha defendido el Dadep), si se hubiera abierto la licitación para abrir la puja entre varios contratistas se hubiera podido renegociar las condiciones para que el distrito quedara mucho mejor parado de lo que efectivamente quedó.

Esto, porque el negocio recibe ingresos –según sus cálculos- por más de 33 mil millones de pesos anuales mientras que el costo, sólo de poner los paraderos, es de más de 11 mil millones.

En el caso de transmilenio, el Concejal Flórez asegura que en los próximos dos años y medio el distrito le pagará a los operadores casi 1.9 billones de pesos mientras que el Alcalde dice que le ahorró a la ciudad 70 mil millones anuales por reducción de las tarifas.

Pero sin duda el más cuestionado es el del SIM cuya prorroga irá hasta el 2022 y que superó en 149 por ciento el presupuesto inicial. Además el otrosí fue firmado por el ex secretario de movilidad, Rafael Rodríguez, que en principio no tenía las facultades para hacerlo y que en enero había firmado un informe que recomendaba la prórroga. Sin embargo, pocos días antes de concretarse la adición, Rodríguez radicó una resolución para adquirir facultades para celebrar contratos. En medio de los cuestionamientos, Rodríguez renunció.

Ante este último, Petro ha abierto una investigación interna dentro de la Alcaldía argumentando que nunca se enteró de que se estaba negociando la prórroga de este contrato y que el proceso se hizo a puerta cerrada.

La Alcaldía estaba advertida

Los contratos por la máquina tapahuecos y por la restructuración de basuras tienen además otra cosa en común. En ambos, la Alcaldía estaba avisada antes de que ocurriera la debacle.

Las grabaciones que reveló El Tiempo demuestran esto para el primer caso. Allí, una semana antes de que se firme el contrato, tres funcionarios advierten que puede ser una operación “kamikaze”.

En el segundo en cambio, fueron muchos más los que advirtieron. Como contó La Silla, tanto la Superintendencia de Industria y Comercio, la de Servicios Públicos, la Procuraduría delegada para la función pública, la Comisión Reguladora de Agua Potable (CRA), la Contraloría, el Ministerio del Medio Ambiente dijeron que el modelo estaba lleno de vicios legales sobre todo porque no se respetaba la libre competencia. Este fue al final una de las sanciones que la Procuraduría impuso al Alcalde Petro cuando lo destituyó.

Algo similar ocurrió con dos de los contratos de movilidad que también están cuestionados. Antes de que se firmara la prorroga tanto en el caso de la fase I y II de Transmilenio como en los paraderos del SITP, se habían contratado estudios para abrir una licitación.

En el caso de los paraderos, el estudio estaba contratado desde noviembre de 2011. Sin embargo, la directora de la Defensoría del Espacio Público (Daep) explicó que se modificó el contrato antes de que salieran los resultados porque no estuvieron listos cuatro meses antes de que se venciera, tiempo necesario para abrir la licitación.

En el caso de Transmilenio, en cambio, los resultados sí estaban listos. Dos consultorías financieras y jurídicas contratadas por TM en 2012 con estudios de las firmas Palacios Lleras y Valfinanzas sostuvieron  que era mejor abrir licitación pública en lugar de prorrogar los contratos vigentes. Sin embargo, La Silla supo que en otro informe realizado por los entonces contratistas, Alberto Merlano Alcocer, actual gerente del Acueducto de Bogotá y Jorge Iván González, recomendaron lo contrario: firmar la renegociación con los mismos contratistas de la Fase I y II, tal cual como se hizo.

El apellido Alcocer, que está relacionado con la familia política del alcalde, no sólo se ha mencionado en este polémico contrato. Según denuncias publicadas en medios, también tuvo un rol en la prorroga del contrato de los paraderos y la reestructuración de las basuras.

En éste último, Merlano era asesor de Petro en temas de servicios públicos. Antes de que entrara en marcha el nuevo modelo, Merlano envió un correo al entonces gerente del Acueducto Diego Bravo, en el que le expresa preocupación porque no tienen la flota para recoger la basura y por la forma en la que están interpretando el auto de la Corte que ordenó revisar el modelo. Aunque el correo no fue tenido en cuenta en la investigación, revela que el ahora gerente del acueducto estuvo involucrado en el proceso de reestructuración de las basuras en Bogotá.

En el contrato de los paraderos en cambio, el apellido Alcocer aparece por otro lado: Carlos Gutierrez, un empresario que está casado con la hermana de la esposa del Alcalde. Según la revista Dinero, un testimonio de Alejandro Botero menciona a Carlos Gutierrez, el concuñado de Petro, en la negociación de los paraderos. Botero dio información sobre el carrusel de la contratación en la alcaldía de Samuel Moreno.

Sin embargo, Gutiérrez niega haber participado tanto en este contrato como en la negociación de la prórroga de Transmilenio donde su nombre también ha sonado por cuenta de unas reuniones en su casa donde supuestamente se concretó el negocio. Lo mismo dice el Alcalde que asegura que desde que llegó al cargo les ha pedido a sus funcionarios que se mantengan alejados de su familia. Además, ha dicho que no comparte los negocios de su concuñado. 

Aunque es claro que estos no son los únicos contratos que ha firmado la Alcaldía de Petro, estos ocho sí comparten hay varios lunares comunes. Serán esos mismos organismos los que al final le darán la razón a los denunciantes o librarán al Alcalde Petro de las culpas que se le acusan.