Seguir el camino de la asfixia tributaria es estancarnos en el pasado y perpetuar la informalidad.
Colombia necesita un modelo integral de desarrollo empresarial, porque vamos por mal camino. La tasa efectiva de tributación supera el 50 % y hay sectores y tipos de empresas en las que la asfixia tributaria puede superar el 80 %. Al iniciar su vida empresarial, una promisoria emprendedora ya tiene en el Estado un antipático socio mayoritario. Claramente, nuestro sistema tributario no estimula el ahorro, la inversión, la productividad ni la formalización laboral.
En los últimos 15 años, y desde decenas de entidades, se han emitido más de 17.000 decretos, 2.000 circulares y 68.000 resoluciones, creando un ambiente de incertidumbre que vulnera la capacidad de invertir a mediano y largo plazo. Además, existen múltiples ventanillas, que van desde la Dian, la UGPP, el Invima, el ICA, las superintendencias, autoridades locales, agencias ambientales, etc., que elevan innecesariamente los costos de transacción.
Esto tiene graves efectos sobre la informalidad. Según la estupenda encuesta que hace anualmente el Dane a los micronegocios, y estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cerca del 43 % de las empresas en Colombia no tienen registro mercantil o no llevan contabilidad técnica. Quienes trabajan en ellas son informales, y 5 de cada 10 personas “ocupadas” tienen un empleo informal que los condena a actividades de baja productividad y los aleja del sistema de seguridad social en pensiones, salud y riesgos laborales.
Tenemos que tomar acciones que nos conduzcan a un modelo que estimule la inversión, la productividad y la formalización. Para eso hay que adelantar una agenda que integre medidas fiscales y estímulo empresarial. Necesitamos una urgente revisión del gasto público para eliminar todo lo innecesario en el presupuesto de funcionamiento, como excesos en publicidad y eventos, expansiones de nómina estatal con pretextos dudosos y riesgos de corrupción o acelerados crecimientos de la planta de contratistas en muchas entidades.
Es necesaria una reforma creíble del gasto público a mediano y largo plazo. Proponemos una regla que limite su crecimiento anual, amparada en reformas que le devuelvan al presupuesto flexibilidad y orden. El país ya tiene experiencia en este frente con el Sistema General de Participaciones.
Las Agencias de Responsabilidad Vertical, que han proliferado en los últimos 7 años, pueden perfectamente redefinirse. Necesitamos un programa de ahorros estructurales sobre la base de mayor eficiencia tecnológica y mayor asignación de responsabilidades a entes territoriales, bajo el esquema de hacer más con menos.
Debemos reducir la evasión de renta y de IVA como mínimo en un 50 % para el año 2022 con metas anuales del 12,5 % por año, apelando a la factura electrónica y a un monitoreo detallado que permita generar ingresos con los cuales se pueda, con responsabilidad fiscal, bajar impuestos de renta a las empresas, brindando tarifas competitivas y mejorando el recaudo y los ingresos de los trabajadores producto de la reactivación económica.
También debemos crear una Ventanilla Única de Comercio y Emprendimiento para eliminar trámites y consolidar la información en una plataforma digital para facilitar la vida de quienes generan empleo.
Colombia requiere una reducción del costo país, una mayor diversificación de la oferta exportable, mayor dinamismo a los mercados de capital y una inserción de la producción industrial en las cadenas globales del valor. Este cambio es posible y necesario para una economía dinámica y diversa que genere empleos de calidad.
Seguir por el camino de la asfixia tributaria es estancarnos en el pasado y perpetuar el círculo vicioso de la informalidad. Ha llegado el momento de pasar la página y de pensar en el futuro.
