Sábado 18 de Noviembre del 2017

El negocio de las víctimas

Publicado en:

Periódico Debate  | 

Autor(a): Libardo Botero Campuzano  |

Fecha: 01/08/2014

 

Dos noticias de los últimos días, que han pasado desapercibidas, debieran merecer mayor atención, pues nos ayudan a entender una faceta oprobiosa del tema de las víctimas que ahora se discute plácidamente en La Habana con los mayores victimarios de la historia de Colombia. Faceta que no es otra que el negocio vil que con las víctimas realizan ciertos sectores.

La primera noticia tiene que ver con el reconocimiento que el abogado Terrence  (o Terry) Collingsworth ha hecho de pagos a familias de paramilitares presos para declaren contra la multinacional Drumond, en el proceso que se sigue en Estados Unidos en nombre de numerosas supuestas víctimas de la empresa carbonera en Colombia. Existen pruebas, que el diario El Tiempo divulgó en estos días, de que fueron pagos cuantiosos. A la familia del paramilitar Jairo de Jesús Charris, quien ha cambiado su versión inicial de que la multinacional nada tenía que ver con los paramilitares, le pagaron la no despreciable suma de 40.000 dólares. Collingsworth ha dicho que esos dineros eran para proteger a los testigos que han recibido amenazas. La empresa pide al tribunal que sigue el caso en Estados Unidos que deseche los testimonios porque semejantes pagos los desnaturalizan.

La otra noticia se refiere a la decisión de una Corte de Miami a favor de la multinacional Bananera Chuiquita Brands, también demandada por un bufete de abogados que tiene como figura estelar a Collingsworth, a nombre de víctimas del paramilitarismo en Colombia, determinando que Estados Unidos no tiene jurisdicción para considerar los reclamos de indemnizaciones. El abogado ha indicado a la prensa que seguirán con nuevas querellas ante otras instancias judiciales, sin desmayo.

El caso de las víctimas del paramilitarismo, y en particular las de sindicalistas vinculados a transnacionales, se han convertido en un jugoso paquete que explotan firmas de abogados norteamericanos –con la colaboración de bufetes colombianos y ONG reconocidas-, en busca de colosales indemnizaciones. Estos colectivos de abogados, ONG y sindicatos, precisamente están muy activos en los ciclos de reuniones y foros que auspician desde La Habana, a propósito de las víctimas, y de los cuales se quieren apropiar, pero ocultando convenientemente la responsabilidad de las Farc, y procurando invisibilizar sus víctimas.

Con el propósito de ayudar a esclarecer el entramado que se mueve tras la supuestas generosas intenciones de los promotores de tamaño negocio, he decidido reproducir una columna que escribí hace casi tres años, a propósito de una estafa similar, con actores conocidos, alrededor de las víctimas de Mapiripán, y relacionándolo con lo ocurrido en diversos casos de sindicalistas.

El negocio impúdico de las “almas muertas”

Libardo Botero C.

Blog Debate Nacional, Medellín, octubre 31 de 2011

Acaba de explotar el escándalo de Mapiripán. Hace apenas tres meses que publiqué el libro El gran fraude, destinado a denunciar el vergonzoso tráfico que ciertas ONG vienen realizando desde hace años con listas espurias de sindicalistas asesinados, cuando asoma ahora la cabeza un escándalo con similares características. Es la repetición de una conducta que no solo tiene fines políticos protervos sino que ha convertido la violencia vivida por Colombia en un oprobioso negocio.

Utilicé en mi libro un símil con la trama de la genial novela “Almas muertas” de Nicolai Gogol. Su personaje central se dedicaba hace dos siglos en Rusia a traficar con listas de campesinos fallecidos –como “almas muertas” se les conocía- pero que figuraban aún como vivos en el censo estatal, para lucrarse vendiéndolas o usándolas para solicitarle tierras u otras prebendas al Zar. Es lo que están repitiendo esas ONG en Colombia en los más distintos escenarios.

Existe, como lo han señalado algunos medios, una especie de cartel de negociantes que va más allá de ejercer labores humanitarias, de apoyo a las víctimas de la violencia, para pasar a la explotación del dolor ajeno sin detenerse en cuanta artimaña les sea posible. En distintas esferas, pero alrededor del mismo asunto y con afinidades evidentes de orden político e ideológico, se encuentran opulentos bufetes de abogados como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), y otras entidades como el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), la Fundación Manuel Cepeda Vargas, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el CINEP, la Escuela Nacional Sindical (ENS), la Corporación Nuevo Arco Iris (CNAI), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Se lucran de jugosas ayudas internacionales provenientes de fundaciones privadas pero también de gobiernos y organismos multilaterales, y derivan además cuantiosos ingresos por sus actividades alrededor de la víctimas.

Existen dos niveles en los cuales actúa este cartel: el nacional y el internacional. En este segundo, como lo explico en mi libro, los litigios se centran en dos instancias. Una, los estrados norteamericanos donde demandan a las multinacionales de esa procedencia (están en los preparativos de acciones similares en Europa) por supuesta participación de estas empresas en crímenes cometidos en Colombia. De ello efectué un análisis pormenorizado que a continuación resumo. La otra vía es demandar ante el sistema interamericano –en particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)-, de la cual hice mención tangencial con motivo del fallo contra el Estado colombiano en el caso del asesinato de Manuel Cepeda Vargas. Con lo de Mapiripán aflora un episodio que seguramente es apenas la punta del iceberg en este terreno de la justicia interamericana. Quiero hacer un breve bosquejo de ambas vías, con hincapié en el aspecto económico del tema.

El negocio en los tribunales norteamericanos

Empiezo por decir que el primer fraude que denuncio en mi libro, basado en una minuciosa investigación y copiosa fuente documental, es brutal: centenares de casos de supuestos sindicalistas asesinados son falsos, pues no eran sindicalistas, o no fueron asesinados, o peor aún, figuran sin nombre, ni lugar del deceso, ni sindicato de pertenencia. Los protagonistas de este embrollo y engaño son básicamente la ENS y la CUT. Estimo que el fraude llega a no menos de una cuarta parte de esos listados y probablemente hasta un tercio de los 2.700 homicidios que contabilizan. Tan burdo y desvergonzado que la CUT corrió a retirar el listado respectivo de su página Web hace unas semanas.

Pues bien, con apoyo sobre todo del CAJAR y a instancias de la CUT y algunos de sus sindicatos, desde hace prácticamente una década se han lanzado a demandar a multinacionales ante cortes de los Estados Unidos. Algunos poderosos sindicatos y ONG norteamericanas corren con buena parte de los gastos de las demandas allá. Para el efecto han contratado abogados como Terry Collingsworth  y bufetes como Conrad & Scherer, especialistas en demandas a multinacionales. Empezaron contra Coca-Cola y siguieron contra la Drummond, por supuesta participación de esas firmas en asesinato de sindicalistas colombianos que trabajaban para ellas. Ambas pretensiones se han visto frustradas, pues los jueces han fallado repetidas veces en contra, pero los querellantes persisten en sus pretensiones, sobre todo en el caso de Drummond. Aquí el número de víctimas reclamantes no era muy alto y las pretensiones económicas aunque elevadas no aparecían como descabelladas.

Pero donde toda imaginación se desborda es en el caso de las multinacionales bananeras, sobre todo la Chiquita Brands. Ésta aceptó ante el gobierno de Estados Unidos haber entregado dinero al ELN y las FARC entre 1989 y 1997 y luego a las AUC entre el último año y 2004, chantajeada y por razones de seguridad, y selló un acuerdo con la Fiscalía para cerrar el caso, pagando una multa de 25 millones de dólares. Ese hecho desencadenó una seguidilla de demandas. La primera en Miami en junio de 2007 por la dupla Collingsworth-Conrad & Scherer, con el soporte en Colombia del CAJAR, a nombre de 174 víctimas. No se conoce la indemnización pedida pero se estima en varios miles de millones de dólares. Pero otros bufetes de abogados norteamericanos presentaron las suyas: una también en Miami a nombre de nueve víctimas una semana después; otra en julio en Nueva Jersey en representación de seis víctimas (pero que se podía ampliar en su número);  una cuarta en Nueva York en nombre de 387 víctimas a finales del mismo año; otra más en febrero de 2010 nuevamente en Miami reclamando por 251 víctimas (que pueden aumentarse en 1.000 o más cuyos poderes decían tener los abogados); en marzo del mismo año se radicó otra en Washington a nombre de 976 víctimas de Urabá; y finalmente en abril de 2010 en La Florida se presentó la última a nombre de 243 víctimas (también expandible en una cifra indeterminada). Y hay otras en curso contra Dole Foods y Del Monte por motivos similares. Algunos de los bufetes demandantes han enviado abogados y otros funcionarios a Colombia a recaudar el material necesario, de los familiares de la víctimas sobre todo, pero el apoyo básico –lo sabemos por publicaciones que así lo explican sobre todo en los casos de Conrad & Scherer- corre a cargo de litigantes criollos como el CAJAR.

Hay una constante en las demandas, que delata la autoría de la recopilación de pruebas y testimonios: todas se refieren a víctimas de los paramilitares, ni una sola a las de la guerrilla, pese a que Chiquita reveló que entregó dinero a las FARC y el ELN por cerca de una década. Es conocida la inclinación del mencionado cartel nacional de litigantes, de allí que, como lo dije en mi libro, las víctimas de sus afines ideológicos sean “un cero a la izquierda de la izquierda”.

Pero lo desconcertante es la suma de dinero solicitada en indemnización en los distintos pleitos contra las bananeras. En algunas demandas la cifra se deja a consideración del juez. Otras, relativamente modestas, tasan en 75.000 dólares por persona el monto exigido. La de Miami que cubre 251 víctimas implicaría una indemnización de 5.000 millones de dólares. En la de Nueva York se piden 10 millones de dólares por víctima: el abogado alega que esa fue la suma que pagó Libia por atentado terrorista contra el avión de PanAm en Lockerbie. Una publicación efectuó el ejercicio de estimar el valor de las demandas a las bananeras y aventuró la cifra astronómica de 11.800 millones de dólares, equivalentes a cerca de 23 billones de pesos. Ante tamaña suma de dinero -pese a que hasta ahora han perdido todas las demandas que se han fallado- los bufetes norteamericanos y el cartel colombiano de juristas han decidido seguir y e insistir en los contenciosos hasta el cansancio. Contra la Drummond, por ejemplo, la demanda se ha repetido una y otra vez en distintos tribunales, variando los argumentos y acrecentando el número de víctimas. Como lo reveló hace unos años el presidente de la CUT el plan era demandar a por lo menos 9 multinacionales; lo han venido cumpliendo sin cejar pese a las derrotas iniciales.

Si uno suma las víctimas cubiertas por las demandas conocidas a multinacionales, sube de 2.000. Los sindicalistas fueron el punto de partida pero el cubrimiento se ha extendido a personas de distintas condiciones sociales regadas por toda la geografía nacional. Y el número se puede más que duplicar en virtud de una figura jurídica que lo permite en Estados Unidos. Ante tan grueso número de víctimas, y conocidos de autos los litigantes, uno no puede sino preguntarse: ¿cuántas de esas supuestas víctimas son casos espurios? Si de 26 que ordena indemnizar la CIDH en el caso de Mapiripán hay 9 fraudulentos, y si de las listas de sindicalistas reportados como asesinados varios centenares no lo son, ¿cuántos “falsos positivos” judiciales no podrán encontrarse en las demandas hechas en Estados Unidos, a sabiendas que la fuente local principal de selección de víctimas es el cartel del negocio de las “almas muertas”? Quise hacer alguna averiguación al respecto, pero encontré que en la mayoría de las demandas efectuadas en estrados norteamericanos las víctimas figuran con nombres supuestos (Joe 1, Joe 2…), con el argumento de que los familiares corren riesgo y es necesario su anonimato. Esperemos que algún día la información salga a la luz; mientras tanto podemos suponer que allí también el desaforado ánimo de lucro obrará no pocas artimañas.

El negocio en el sistema interamericano

De entrada podríamos encontrar dos diferencias entre los pleitos formulados ante la justicia norteamericana y ante el sistema interamericano. La una, que en la última las pretensiones económicas de los interesados son menos estrafalarias que las ya vistas en los tribunales estadounidenses. Pero la otra es que paradójicamente aquí los resultados para los litigantes son bastante jugosos, mientras que en las cortes gringas han sido nulos.

Tal vez, repasando un poco la información al respecto se podrán hallar algunas razones para ello. Aunque el cartel de traficantes criollos es prácticamente el mismo –la CAJAR y la CCJ acaparan casi la totalidad de casos contra el Estado colombiano en los últimos veinte años- en la CIDH cuentan a favor con factores especiales. Por ejemplo, el que puedan representar directamente a las víctimas y apoderarlas, lo mismo que iniciar procesos a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El sistema jurídico de la OEA se compone de la Corte, que opera en San José de Costa Rica, y se apoya en la Convención Americana de Derechos Humanos, pacto ratificado por 25 Estados hasta la fecha. Pero ante ella solo los Estados mismos pueden ventilar procesos de violación a los derechos humanos. Existe sin embargo una segunda institución, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, que puede recibir quejas de particulares y darles traslado oficial a la CIDH. Por ese medio ONG criollas pueden llevar casos y apoderar víctimas, lo que no se permite en Estados Unidos, donde requieren recurrir a bufetes locales.

Además aquí se han preparado para el efecto, sobre todo el CAJAR y la CCJ (afiliada a la Comisión Andina de Juristas), adquiriendo lo que se conoce como el “estatus consultivo” ante la OEA. De suerte que, además de apoderar víctimas, en la mayoría de los procesos contra el Estado colombiano aparecen abogados de ambas entidades como “asistentes” de los delegados de la Comisión Interamericana para presentar y defender el caso ante la CIDH. De cierto modo el sistema les permite ser jueces y partes a la vez.

Los otros dos elementos favorables para los magníficos resultados del cartel de litigantes, como lo ha comentado la prensa hace mucho tiempo, son la debilidad manifiesta de la defensa jurídica del Estado colombiano y la inclinación muy evidente de buena parte de los jueces de la CIDH a condenar a los Estados, generando discutibles doctrinas y manifestando peligrosos sesgos ideológicos. Muy diferente a lo que sucede en los estrados norteamericanos, con jueces menos proclives a ideologías extremas y menos venales. En nuestro caso contamos con ejemplos como la indebida intromisión de algunos fallos en la soberanía nacional, sobre todo en lo concerniente a la conducción de las operaciones militares, sobre lo cual la CIDH ha querido establecer parámetros inadmisibles. De igual manera el Comité y la Corte han intentado asumir procesos que se ventilan normalmente en  los tribunales colombianos, extralimitándose en sus funciones de justicia subsidiaria, que debe operar solamente ante hechos protuberantes de denegación de la misma por nuestros jueces. A finales de agosto pasado el Vicepresidente Angelino Garzón hizo un llamado a evitar la que llamó “justicia paralela” frente a casos que llevan 1, 2 o 3 años de trámite normal en la justicia colombiana y pretenden ser asumidos por la interamericana.

Efectuadas estas digresiones entremos en materia económica. Según un informe publicado por El Espectador (“Colombia en jaque ante DIH”, agosto 30 de 2011), existen 50 procesos admitidos en la Comisión y la Corte Interamericanas contra el país, que pueden significar indemnizaciones por unos 100 millones de dólares. Hay unos 100 casos más en estudio para ver si se aceptan. Hasta el momento han sido fallados 11 con una suma de indemnizaciones a cargo del Estado que se eleva a 24 millones de dólares. Si uno piensa que son 25 los Estados signatarios de la Convención Americana de Derechos Humanos y que están bajo su jurisdicción, podrá calcular la dimensión de los fallos que allí se producen y su monto en dinero. Se pondera hasta el cansancio la majestad de la justicia y que los fallos de los jueces y la actitud de los litigantes deben ser imparciales y equilibrados; pero apenas empieza uno a calibrar el tamaño de los intereses en juego empiezan a asaltarlo las dudas. Y cuando brotan casos como el de Mapiripán, con mayor razón. Ahora el cartel criollo está empeñado en eludir su responsabilidad y acusar a las supuestas o reales víctimas, mientras que la CIDH achaca al Estado colombiano cualquier incumbencia y pretende de ese modo salvar la suya.

Pero si uno examina, así sea por encima, los procesos fallados contra el país, encuentra repetidos hechos de incuria y laxitud. En el de Mipiripán, si bien la CIDH pidió a las autoridades colombianas aclarar la identidad de algunas supuestas víctimas que aparecían como NN, aceptó sin discutir la de otras que resultaron fraudulentas, sin mayor investigación. Y así como avaló la cifra de 49 personas asesinadas o desaparecidas en Mapiripán, en otros casos, como la denominada masacre de Pueblo Bello acepta la cifra de 43 desaparecidos pese a que los jueces colombianos han esclarecido solo 6 casos. En el fallo sobre la masacre de 19 comerciantes ocurrida en Puerto Boyacá en 1987, hay 3 de ellos sin nombres ni apellidos precisos, pero se les determina una indemnización, ordenando al Estado colombiano buscar su identidad exacta.

Ahora bien, en cuanto a la distribución de las indemnizaciones parece ser que los apoderados de las víctimas se embolsillan de entrada entre una cuarta parte y la mitad del total. Y parece que con mayor frecuencia la tajada es esta última. Insólito para lo que son las tarifas usuales en distintos pleitos civiles, penales o de cualquier orden. Así se ha descubierto ahora con el escándalo de Mapiripan: la Defensoría Militar (DEMIL) que venía siguiendo el caso, había solicitado al Ministerio de Defensa que le informara cuánto había girado por indemnizaciones a raíz de este fallo. La cifra exacta fue $15.345.827.281.93. A su vez, en rueda de prensa el señor Eduardo Carreño, abogado del CAJAR que apoderó las víctimas, reveló que por el citado caso habían recibido la suma de siete mil millones de pesos, prácticamente el 50% de las indemnizaciones. Se comprometió a que devolverían $ 480 millones correspondientes al caso fraudulento descubierto y denunciado en estos días. Pero no dijo nada sobre los otros “falsos positivos” judiciales que denunció la Fiscalía, 9 en total.

Ante tan jugosos réditos no es de extrañar que se utilicen patrañas como la descubierta ahora. Ojalá haya personas acuciosas que penetren en ese barril sin fondo y desnuden esa otra cara repugnante de esos supuestos “defensores de derechos humanos”, traficantes de “almas muertas”. Dos fenómenos que he estudiado en los últimos años me han llevado a un convencimiento. El primero fue el estudio falaz efectuado por la CNAI basado en categorías tan absurdas como la de las “votaciones atípicas”, para efectuar una cacería de brujas pavorosa a instancias de la llamada para-política, que tuve ocasión de demoler en un ensayo que apareció en el libro Parapolítica: verdades y mentiras (publicado por el Centro de Pensamiento Primero Colombia y la Editorial Planeta en 2008). El segundo, el estudio relativo al falseamiento de las cifras de sindicalistas asesinados que cité al comienzo. Ambos me han llevado al convencimiento de que la mayoría de los procesos judiciales, denuncias y ataques que impulsan –contra la institucionalidad, los militares, el Estado en general- estos carteles de traficantes del dolor, tienen un alto grado de parcialidad, trampas, fraudes, falsedades. Basta hurgar un poco para encontrar la podredumbre.

Ese convencimiento me lleva a efectuar un llamado a periodistas, investigadores, académicos, abogados, en fin a todas aquellas personas de bien interesadas en la verdad, a que prosigan o inicien todo tipo de averiguaciones en esos espinosos asuntos, con la seguridad de que emergerán resultados como el de Mapiripán. “Falsos positivos”, “chuzadas”, AIS, procesos ante la CIDH, para no mencionar sino unos pocos, tienen los mismos rasgos comunes. Ya hay demasiados indicios. Solo falta acabar de destapar la olla.

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Jaime Espinosa

02/08/2014 10:26 PM

Es bien claro que esas demandas no solo tienen el objetivo de enriquecimiento fraudulento sino también obstaculizar el intercambio comercial entre Colombia y el mundo libre. Recordemos que es uno de los principales objetivos de los narcoterroristas de las FARC y el ELN. En los documentos de las FARC, fue condición constante oponersen al tratado de libre comercio con los EEUU y aislar a Colombia de cualquier acuerdo tanto comercial como militar, con hasta ese momento, su aliado. Asi como Correa del Ecuador, lo primero que hizo fue retirar la base de Manta, Colombia con Santos hizo lo propio. Esperemos que la justicia colombiano no se contente con “destapar la olla podrida” sino que persiga y sancione a los responsables de tanto dolo.

Civil

02/08/2014 9:33 AM

Lo màs grave es que el expresidente del colectivo de abogados Josè Alvear Restrepo, Alirio Uribe Muñoz, ahora es un ” honorable” miembro de la Càmara de Representantes, un exmiembro del M19 que no fue indultado. Alirio Uribe està detràs de las falsas victimas de Mapiripàn y no les ocurre nada. La justicia no los investiga porque son comunistas.

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