Sábado 18 de Noviembre del 2017

El nuevo acuerdo y la justicia

Publicado en:

El Colombiano  | 

Autor(a): Editorial  |

Fecha: 29/10/2016

 

Ilustración: Esteban París

La justicia transicional y la Jurisdicción Especial para la Paz acordadas con las Farc requieren cambios. De lo que puedan mejorar depende en buena parte la viabilidad de un consenso nacional.

El presidente Juan Manuel Santos dijo ayer que ya todas las propuestas para un nuevo acuerdo de paz con las Farc están sobre la mesa, y que es cuestión de sentarse a resolverlas para, según él, tener en “cuestión de pocos días” un “nuevo acuerdo, que necesitamos ya”.

A la Agencia EFE, por su parte, el presidente le dijo que un nuevo plebiscito es una de las vías que tiene en sus manos para otorgar legitimidad popular, tan necesaria e irrenunciable, a ese nuevo acuerdo que, según los partidarios del Sí, traerá la paz.

Las mismas razones que hubo para convocar el primer plebiscito son válidas y aplicables para otra convocatoria en caso de llegar a un nuevo acuerdo: el pueblo tendrá la última palabra, y un mandato popular aseguraría condiciones de implementación y aplicabilidad más fiables. Si es que el resultado aprueba el nuevo texto, por supuesto. La apuesta electoral, no obstante, requeriría una posición de fortaleza política incuestionable, que actualmente el Gobierno no tiene, al que un nuevo triunfo del No sepultaría definitivamente.

Que un nuevo acuerdo sea consensuado y reciba aceptación de una mayoría de colombianos, de los que sí participan y se pronuncian, pasa necesariamente por ajustes al sistema de justicia transicional, y en concreto al funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Fue el punto más difícil de la agenda de negociaciones cumplida en La Habana, y aquel en el que las Farc obtuvieron más concesiones. No será fácil que renuncien a ninguna de sus ventajas, a la vez que amenazan con la aplicación de sus disposiciones más desfavorables a la clase política colombiana. “Por ella deberían pasar los presidentes”, dijo hace pocos días “Iván Márquez”.

Esta semana, tanto la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia como el Fiscal General de la Nación hicieron pronunciamientos públicos sobre la Jurisdicción Especial de Paz. La Corte Suprema (Ver Contraposición) respalda el esquema de la justicia transicional, y se opone, como casi todos los voceros que han expuesto reparos a la JEP, a que haya jueces extranjeros dictando sentencias en Colombia.

De forma oportuna, también pide la Sala Penal de la Corte que se especifique cuál va a ser el régimen legal aplicable. Aunque cueste creerlo, eso no está dicho en los acuerdos de La Habana.

Por su parte, el fiscal Néstor Humberto Martínez dijo que “se está actuando con improvisación en temas que son de altísima filigrana”. Requirió a las partes en la mesa que escuchen a la rama judicial.

En la rama ha habido preocupación por esa justicia paralela sin régimen normativo claro, sin controles, con capacidad de invalidar la cosa juzgada. No obstante, también hay que preguntar cuál ha sido el cumplimiento o no de la justicia ordinaria hasta ahora con la sociedad, en un régimen de administración de justicia donde impera la impunidad y donde la clientelización y politización de las altas cortes y los tribunales ha descendido a niveles solo vistos entre congresistas y políticos de muy pobre sentido ético.

La justicia ordinaria no parece ser, pues, una alternativa creíble, y la jurisdicción especial creada por el Gobierno y las Farc trae consigo riesgos que la “Colombia legal” parece no haber dimensionado. Por eso, la expectativa es saber qué mejoras reales va a tener el acuerdo en materia de justicia, para saber si se puede confiar o no en un verdadero proceso de paz y de posconflicto.

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