Montealegre arrancó ofreciendo impunidad total, y ahora es casi imposible sacar a las Farc de ahí.
Todo indica que el Consejo de Estado tiene cocinada la anulación de la elección del Procurador, según plantea la ponencia del magistrado Alberto Yepes que se votará en los próximos días, no obstante que hace un año proponía exactamente lo contrario. ¿Qué pasó en este lapso? Según Yepes, que una compañera de trabajo le presentó un informe de 95 páginas, que le produjo una iluminación súbita.
Sospechando el desenlace, el Procurador denuncia algo que suena poco serio, como la existencia de un complot entre el Gobierno y las Farc para sacarlo. Es cierto que hay una conjura difusa que coincide con darle este zarpazo final al único órgano incómodo que el Gobierno tiene encima. Grave equivocación. Porque deja sospechas de que al Procurador lo sacarán por sus duras posiciones contra el proceso de paz. Lo irónico es que ellas han sido mucho menos dañinas que las contradictorias posiciones del fiscal Montealegre, quien arrancó desde el primer día ofreciendo impunidad total, y ahora es casi imposible sacar a las Farc de ahí.
La FM y la revista Semana se tomaron el trabajo de reconstruir tan asombrosos virajes del Fiscal. Este es un resumen de sus declaraciones:
Mayo 9 del 2012: “El país tiene seriamente que pensar en la posibilidad de amnistías e indultos condicionados, inclusive ante graves violaciones de derechos humanos”.
Esta semana: “Si las Farc tienen voluntad real de paz, deben olvidarse de indultos y amnistías”.
Hace un mes: “No existe la obligatoriedad, de acuerdo con nuestro marco constitucional o con la Corte Penal Internacional, de aplicar un mínimo de pena privativo de la libertad para las Farc”.
Esta semana: “Si las Farc no aceptan un mínimo de justicia, no se puede firmar la paz”.
Octubre del 2013: “A las Farc se les puede aplicar el principio de oportunidad”, para cesar la investigación penal en contra de los guerrilleros que lleguen a firmar la paz o, inclusive, una vez condenados, “suspenderles la aplicación de la pena privativa de la libertad”.
Octubre del 2014: la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, le dijo a Colombia: “El mecanismo de suspensión total de la ejecución de la pena no puede operar para los condenados como máximos responsables de los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra sistemáticos”.
Diciembre del 2014: Montealegre califica de “exegética” a la fiscal Bensouda, e insiste en que “un novedoso paradigma de la justicia permite que el Estado juzgue y condene a los máximos cabecillas, imponiéndoles penas sustitutivas, como puede ser el desminado”. Esta semana, cuando una mina acabó con la vida de un soldado experto en explosivos, conocimos que las Farc no pagarán siquiera una pena alternativa con el desminado. Según el alto consejero presidencial Guillermo Rivera, las Farc saben minar los campos colombianos, pero “a ellas no se las puede poner a desminar, porque de eso no saben”.
Abril del 2013: según el Fiscal, “no hay condenas a guerrilleros de las Farc por delitos de guerra o de lesa humanidad, y eso facilitaría que reciban los beneficios del Marco Jurídico para la Paz”.
Esta semana: “La Fiscalía avanza en las imputaciones por crímenes de guerra contra los máximos responsables de las Farc”.
El Fiscal coronó su larga lista de contradicciones así: “Si hay una tregua por parte de las Farc, constitucionalmente la Fuerza Pública se ve en la obligación de bajarle la intensidad al conflicto”. No es cierto. Eso no lo dice la Constitución, ni puede el Fiscal, precisamente el encargado de iniciar e impulsar la acción penal contra los crímenes de las Farc, exigirle al Ejército abstenerse de contener a una organización delincuencial que está usurpando el uso legítimo de las armas del Estado y que, aun en tregua unilateral temporal, constituye una amenaza potencial de carácter permanente contra la población civil.
Ante esas declaraciones, ¿cómo han podido De la Calle y los suyos negociar con las Farc? Increíble: el Fiscal General se yergue como el principal obstáculo para acordar algo aceptable en materia de justicia en La Habana, que no sea impunidad.
Entre tanto… Para el Ministro de Defensa, su subteniente Moscoso no está secuestrado, sino que las Farc lo tienen “indebidamente en su poder”.
