El pacificador Benedetti

Cuando se observa la cultivada imagen de este personaje, con calculado corte de cabello y barba corta entrecana de cuya cara sale una profunda mirada de estadista, en el acto se piensa en las fotografías de esos prohombres que hicieron nuestra historia. Igual sucede si se escuchan sus discursos en los medios defendiendo una paz esquiva y, eso sí, cuando –tras invocar su calidad de codirector del oficialista partido de la U– defiende de forma enconada al presidente de la República que, a como dé lugar, está ad portas de entregarle las riendas de este ramplón establecimiento a una conocida banda criminal.

Pero resulta que ese padre de la Patria y comunicador social de profesión, que a sus cuarenta y nueve años oficia como senador de la República y fue presidente del Congreso, que califica y descalifica, insulta y confecciona titulares llamativos para los medios, que posa aquí y allá, ahora se ve envuelto en un vergonzoso escándalo de corrupción. Hacemos referencia al desfalco sufrido por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en Córdoba, por un monto descomunal de ochenta mil millones de pesos.

El asunto, que involucra a cerca veinte personas, entre abogados y servidores de la Rama Judicial en Lorica, se ha agudizado estos días cuando uno de los principales implicados –un pedestre abogado que deshonra a su gremio–, Álvaro Burgos del Toro, en versión ante la Fiscalía cuya copia mandó a algunos medios, ha dicho que el señor Armando Alberto Benedetti Villaneda se benefició con el veinte por ciento de lo timado.

Allí, con detalles y testigos, aquel avieso acusador (lo que ratifica otro testigo) señala lugares de pago y montos precisos, a este último o a sus enviados. Todo ello porque, gracias a la justicia premial que nos rige, mediante la incriminación del citado hombre público, el abogado se ha beneficiado con el principio de oportunidad que le brinda algunas gabelas procesales; en consecuencia, el día 21, la Fiscalía compulsó copias ante la Corte contra Benedetti Villaneda.

No es esta la primera vez que este, de cuyo guiño penden noventa y tres cargos en la Escuela Superior de Administración Pública y es el Señor que controla los nombramientos en la Fiduprevisora —ente clave para la realización de la gigantesca defraudación—, resulta salpicado. Recuérdese: gracias a lo dicho en 2008 por una ramplona exrepresentante a la Cámara, se constató su presencia en la “Cumbre del Carmelo” por lo cual se indagan sus nexos con el paramilitarismo.

También, el 18 de abril de 2013 en declaraciones a una cadena radial, invitó a asesinar a los contradictores del presidente de la República que no querían “la paz”; dijo: “cómo es posible que existan colombianos que le apuestan a que a Juan Manuel Santos le vaya mal en el proceso de paz. A esos señores deberían fusilarlos, literalmente”. Y, para no abundar, en un “trino” a través de una reconocida red social, el 30 de agosto de 2016, expresó que a quien no le gustara la pregunta del plebiscito era “delirante, esquizofrénico, peligroso y desea la guerra”.

Él, por supuesto, está convencido de que como buen alfil del negocio de la paz que es no le va a suceder absolutamente nada; y, en el peor de los casos, si alguna vez la Justicia penal se acuerda de su existencia, todavía podrá expresar que es un perseguido político o, “apenas”, el autor de “delincuencias políticas”, por lo cual debe ser amnistiado o indultado. Así debe ser en virtud del nuevo Derecho Penal que este régimen oprobioso, continuador de versiones más recatadas de gobiernos anteriores, propala, para enseñarle a las futuras generaciones que delinquir sí paga y que la lucha por los valores no vale nada, en un país en el cual las cajas de cartón llenas de miles de millones de pesos mal habidos se remiten como fardos insignificantes de un lugar a otro.

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