Lunes 20 de Noviembre del 2017

El Palacio de Justicia y los errores de la CIDH

Emilio Álvarez, secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estuvo durante una semana recorriendo el país. El y otros miembros de ese organismo visitaron ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Quibdó. Ellos habían sido invitados por el presidente Juan Manuel Santos.

 

Al final, Álvarez declaró a un diario bogotano (1) que habían en el país “avances muy importantes” en algunas materias, como la Ley de Víctimas. Pero que había también fallas y ausencia de realizaciones en materias claves como el asunto de desplazamiento de poblaciones y la actuación de “las bandas criminales […] que tienen todo el sentido y la lógica de los paramilitares”.

 

El alto funcionario estimó igualmente que había desigualdades “estructurales” que todavía no han sido revertidas. Citó, en particular, la “discriminación a la población afro y a la población indígena” (sic). Álvarez vio que en materia de justicia había una curiosa contradicción: que hay un “gran número de desmovilizados” y “a la hora de los juicios […] las sentencias y los culpables son pocos”.

 

Lamentablemente, Emilio Álvarez no vio el principal problema del país en materia de violación de los derechos humanos: las atrocidades que cometen a diario las Farc y el Eln y la impunidad de que gozan los Farc-políticos. Ese gran tema desapareció ante sus ojos de manera perfecta y como por encanto. En otras palabras, Emilio Álvarez entró a la jaula del tigre y no vio al tigre. Prueba de ello es que fue incapaz de decir una sola palabra sobre ese tema pues colocó las atrocidades cuotidianas de esa gente en un saco roto que él cómodamente llamó “conflicto armado”.

 

Como esos crímenes son producto de un “conflicto armado”, no hay por qué mencionarlos ni denunciarlos, según él, como violaciones graves a los derechos humanos. En ese terreno, el único aspecto que Emilio Álvarez vio fue el de la justicia penal militar. Y lo que dijo es muy raro: “Sabemos que hay un conflicto armado en Colombia, que se tiene que establecer un mecanismo legal que permita en su caso generar una condición de equidad procesal para que un soldado y un transgresor de la ley sean sancionados en los mismos términos y que un soldado no sea condenado a 40 años y un transgresor a ocho, por ejemplo. ”¿Por qué Emilio Álvarez equipara “un soldado” con un “transgresor de la ley”? ¿Todo soldado es in pectore un transgresor de la ley? ¿Esa es su noción de la “equidad procesal”? ¿Es lo que se debe esperar de un funcionario internacional que entra al país con el respaldo de la CIDH y de la presidencia de la República?

 

Leyendo esas declaraciones se da uno cuenta que el concepto de “conflicto armado” es una especie de laboratorio de muros transparentes rodeado de funcionarios patentados en Derechos Humanos que intervienen sólo para acusar a los agredidos. Los agresores tienen derecho a hacerlo pues están, precisamente, en un “conflicto armado”. No debe escandalizar a nadie si los terroristas atacan a los representantes del Estado y a la sociedad civil pues eso ocurre dentro un “conflicto armado”.

 

Otra conclusión que se desprende de las declaraciones del señor Álvarez es que los terroristas son simples “transgresores”. Las salvajadas que cometen (tráfico de drogas, secuestros, fusilamientos, sembrado de minas anti persona, asesinatos, atentados contra los civiles y contra los agentes de la fuerza pública, derribo de aeronaves, asaltos a pueblitos, demoliciones de infraestructuras, desalojo de comunidades enteras, robos de tierras, envenenamiento de aguas, incendios, etc.) son simple “transgresiones”, es decir violaciones leves al código penal.

 

La visión deficiente, para no decir tendenciosa, que exhibió el señor Álvarez durante su visita a Colombia también fue confirmada por lo que dijo sobre los procesos en curso contra los militares que recuperaron el palacio de justicia de Bogotá tomado e incendiado por terroristas en 1985. Emilio Álvarez dijo lo siguiente: “Ese es un caso que está ad portas de la Corte [Suprema de Justicia] porque hay evidencia de que hubo gente que salió viva pero que de repente desapareció. Hay videos, hay material, hay evidencia. Ese caso está en discusión y está en las puertas.”

 

Todo ese párrafo es desacertado. Emilio Álvarez no se preguntó por qué los únicos inculpados son precisamente los militares que jugaron un papel legítimo en ese sangriento episodio y no se preguntó por qué los agresores, los autores supérstites de ese espantoso crimen contra la justicia colombiana, que están libres tras haber participado en la toma de decisión política y en la acción de ese asalto, no han sido objeto todavía de un proceso.

 

Se ve que Emilio Álvarez no conoce ese tema pues él se equivoca al decir que “hay evidencia de que hubo gente que salió viva [del palacio] pero que de repente desapareció”.

 

Hace once meses que se derrumbó la creencia de que el Coronel Alfonso Plazas Vega tenía algo que ver con los supuestos “desaparecidos” del palacio de justicia. El Tribunal Superior de Bogotá redujo esos desaparecidos de once a dos y, en la misma fecha, el magistrado ponente, Hermens Darío Lara Acuña, en su salvamento de voto, pidió la absolución del Coronel Plazas pues él tampoco tenía nada que ver con las dos “desapariciones” restantes.

 

Sólo dos magistrados del TSB confirmaron, es cierto, la sentencia de primera instancia contra el coronel Plazas por dos supuestos desaparecidos –el administrador de la cafetería y la guerrillera Irma Franco–, pero como tampoco hay pruebas sobre esas dos “desapariciones”, el TSB tuvo que basar su decisión no unánime en la doctrina de un jurista alemán, Clauss Roxin, que nada tiene que ver con el sistema penal colombiano, como Roxin mismo lo ha dicho. La reparación de ese enorme error judicial, el más escandaloso de la historia del Derecho en Colombia, es lo que la Corte Suprema de Justicia está a punto de hacer. Emilio Álvarez está mal informado y una semana en Colombia no le alcanzó para ver más claro.

 

(1) http://www.eles…

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