Si bien es cierto que lo que hace que entró en funcionamiento la Fiscalía General de la Nación (julio de 1992), no ha habido un fiscal que haya llamado la atención por su buen desempeño en el cargo, también es cierto que el actual es, de lejos, el peor.

Lamentablemente esa entidad de la Rama Judicial del poder público, que nació con la Carta Magna de 1991, con el fin de modernizar y sacar la justicia del estado de postración en que se encontraba, y que supuestamente está encaminada a brindar a los ciudadanos una oportuna y eficaz administración de justicia, no ha cumplido con su cometido. Y no lo ha hecho, entre otras, porque quienes llegan a su jefatura se enajenan con ese poder casi omnímodo que les otorga el cargo, y se dedican a otros menesteres.

Por allá hemos visto desfilar individuos de todos los pelambres, desde aquel que se hizo famoso por archivar, en asocio con su amigo el expresidente del narcoelefante, el proceso 8.000, hasta el que contrató un brujo que acabó trabajando en el búnker e interviniendo en temas de competencia exclusiva de la Fiscalía. Esto, sin contar con la que tuvo que abandonar el cargo por irregularidades en su elección y por estar casada con un exguerrillero, a quien, además, se le demostró que había tenido enredos con paramilitares y con narcotraficantes o, el actual, el todopoderoso del micrófono, el intocable, que reparte millonarios contratos del mismo modo que el mono de feria reparte confites.

El señor Eduardo Montealegre, que llegó al cargo un con un abultado y prestante bagaje académico (y asuntos por resolver como Saludcoop y contratos con el Estado), y nos hizo albergar la esperanza de que finalmente llegaría la justicia al país.

Dicha efímera, puesto que más se demoró en tomar posesión, que en embriagarse de poder y convertirse en un personaje despreciable y peligroso, que ha cometido toda clase de desafueros. Ha sido ineficiente y ha incurrido en errores garrafales como el de Sigifredo López.

Hombre engreído e intolerante a la crítica, que no se ha parado en pelos para perseguir y poner entre los palos a todo aquel que ha osado cuestionarlo. Con más poder que sus antecesores y que aquel consignado a su cargo en la Constitución Nacional. Politiquero que ha opinado sobre lo humano y lo divino, que maneja agenda propia y tiene ínfulas presidenciales.

Se ha entrometido en asuntos de Estado que no son de su competencia. Entregado, además, al servicio político de la Casa de Nariño. Recordemos su obscena intervención para favorecer la campaña reeleccionista de Santos, quitando del medio a Óscar Iván Zuluaga, quien se perfilaba como seguro ganador.

Pero, como el señor Montealegre ya tiene el sol a sus espaldas (sale el 29 marzo) cosa que, de alguna manera mengua su poder, le empezaron a llover críticas y juicios, incluso, de quienes en su momento por conveniencia callaron. Diariamente aparecen contratos exuberantes que ameritan explicación.

Ojalá este chaparrón arrecie y alguien consiga que el Fiscal responda por el descomunal despilfarro en el que ha incurrido. Como se niega a presentarse en el Congreso, que lo cite la Comisión de Acusaciones de la Cámara. La Fiscalía tiene que ser objeto de control fiscal. El señor Montealegre es un simple empleado público y el dinero que malgasta es público también. Debe ser sometido a auditoría.

Poco espacio para hablar de ese pequeño emperador.

P.S. 23 de septiembre de 2015, histórico, sí, triunfo político de las Farc.