Los acuerdos de paz no se rompen cuando la justicia cumple su labor con seriedad. En cambio, sí quedarán destruidos si dirigentes o cabecillas de la Farc persisten en seguir delinquiendo.

El discurso y las intervenciones públicas de los dirigentes de las anteriores Farc (como grupo guerrillero), y de la actual Farc (como movimiento político) se han enfocado en hacer continuos y permanentes reproches al Estado, a sus instituciones y dirigentes, por agravios e incumplimientos que, en la forma de construir su relato, los hacen a ellos y a su organización, víctimas del aparato estatal.

Sin embargo, de todo podrán seguir acusando a las instituciones, salvo de no haber sido absolutamente claras en que los delitos cometidos por los ex integrantes de las Farc con posterioridad al primero de diciembre de 2016, no serían objeto de los beneficios establecidos en la justicia transicional, competencia de la Jurisdicción Especial de Paz.

Ahí están las declaraciones de esa época del presidente de la República, del Fiscal General de la Nación y los pronunciamientos de la Corte Constitucional, además de las de los parlamentarios encargados de las ponencias de los actos legislativos de implementación de los acuerdos de La Habana.

Pero no solo lo dijeron. Así quedó formalmente establecido en la ley (Acto Legislativo 01 de 2017): “Si con posterioridad a la finalización del proceso de dejación de armas alguna de las personas sujetas a la jurisdicción de la JEP cometiera un nuevo delito, éste será de conocimiento de la justicia ordinaria”. Y el compromiso de no extradición se levanta.

Todo el mundo lo tenía claro. Ahora se presenta la circunstancia de que un tribunal de los Estados Unidos cursa una acusación formal para procesar por conspiración para exportar diez toneladas de cocaína contra un dirigente que el movimiento político Farc había designado -no fue elegido popularmente- para representarlos en la Cámara de Representantes a partir del próximo 20 de julio.

El fiscal General, Néstor Humberto Martínez, aseguró que en la solicitud de captura con fines de extradición hay copiosa prueba que da cuenta de delitos de narcotráfico del capturado alias “Jesús Santrich”, como pruebas electrónicas, documentales y videos.

Hay que dejar obrar a la justicia. La Corte Suprema deberá dar concepto previo a la extradición, ojalá desprovista ya de la nefasta “doctrina Bustos”, según la cual “el Derecho no puede ser un obstáculo para la paz”. Después el Presidente de la República la aprueba o la suspende. La extradición, además de su componente judicial, es un instrumento político y tal circunstancia la tienen clara los gobernantes tanto de aquí como de allá.

También la presidenta de la Jurisdicción Especial de Paz ha querido intervenir en este asunto, y es muy posible que se desate un conflicto de competencias y ambas jurisdicciones -la ordinaria y la especial de la JEP- quieran tener su cuarto de hora de protagonismo. Pero en el caso de la JEP, más que actuar como abogados defensores deben concentrarse en administrar justicia.

Los dirigentes de la actual Farc elevan el dramatismo de sus declaraciones y pintan un panorama pesimista, de acabóse, para “la paz”. No es eso. Los acuerdos de paz pueden seguir ejecutándose, y tendrán mayor aceptación en tanto ellos se abstengan de persistir en la comisión de delitos y cumplan sus compromisos. Como los debe cumplir el Gobierno, por supuesto. Teniendo claro que el Gobierno no incumple si se ciñe a las leyes, que lo obligan a cooperar con la justicia y no a complacer al delito.

Hay dos mensajes en este expediente que inicia contra Santrich, el desafiante exguerrillero que se burlaba de las víctimas desde La Habana. Primero, para aquellos que creen que la paz solo puede ser posible si se ajusta a las condiciones impuestas por la Farc. El mensaje es que hay unas leyes que deben cumplirse. Y el segundo mensaje es para quienes pintan el panorama opuesto, y que dicen que todo esto ha sido un fracaso. La actuación del fiscal y lo anunciado por el presidente de la República son indicativos de que este proceso tiene unas reglas y que hay que cumplirlas, y ello da fe de que la institucionalidad, al final, puede prevalecer.