Una manifestación pacífica en Ciudad de Guatemala que exigía la renuncia del presidente Otto Pérez Molina atrajo el jueves a decenas de miles de personas a lo largo y ancho del espectro político. La gente se unió para protestar por un creciente escándalo de sobornos que presuntamente involucra al presidente y por la creencia común de que una corrupción rampante e impune le está costando al país su futuro.

Esta indignación pública es un gran avance para Guatemala, que por mucho tiempo ha sufrido con una clase política que está por encima de la ley. Sin embargo, no todos los elementos dentro del amplio movimiento anticorrupción tienen los mismos objetivos. Algunos desean usar este momento para generar una crisis, hacer pedazos la Constitución, cancelar las elecciones presidenciales y legislativas del 6 de septiembre y tomar el poder para sí mismos.

Las crecientes amenazas a EE.UU. y sus aliados provenientes de Rusia, Irán, China y el Estado Islámico hacen que sea tentador ignorar esta amenaza en el Hemisferio Occidental. Eso sería un error.

Guatemala está en la parte superior del violento “triángulo del norte” de Centroamérica y en la frontera sur de México. Este intento para derrumbar su frágil república constitucional, a la cual me referiré en unos momentos, es liderado por las mismas fuerzas ideológicas de izquierda que ahora dirigen Nicaragua, El Salvador, Venezuela, Ecuador y Bolivia. Si tiene éxito, introducirá aún más inestabilidad a la región, lo cual tendrá efectos en América del Norte.

El soborno de políticos no es nada nuevo en Guatemala. Pero investigaciones llevadas a cabo por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de Naciones Unidas (Cicig) han incrementado el escrutinio público de sus actividades. Una valiente fiscal general, Thelma Aldana, que asumió su cargo el año pasado, ha defendido el estado de derecho a diferencia de su predecesora, Claudia Paz y Paz, que usó su trabajo para impulsar una agenda ideológica de izquierda.

En mayo, la vicepresidenta Roxana Baldetti fue obligada a renunciar después que los hallazgos de la Cicig sugirieran que estaba involucrada en una red de sobornos diseñada para ayudar a algunos importadores a evitar el pago de aranceles. La ex funcionaria aseguró que era inocente. El 21 de agosto fue detenida bajo cargos de cohecho y defraudación aduanera.

Pérez Molina, de centro-derecha, también está siendo investigado en el marco del mismo caso, el cual incluye intercepciones telefónicas. La semana pasada, cinco miembros de su gabinete renunciaron, aparentemente para distanciarse del presidente, y la Contraloría General de Cuentas, así como la Procuraduría hicieron un llamado para que dimitiera.

El presidente asegura que es inocente y que bajo la constitución guatemalteca disfruta de inmunidad hasta que termine su mandato el 14 de enero de 2016, a menos que sea revocada por el Congreso, tal como lo recomendó una comisión especial el sábado. En un discurso del 23 de agosto, Pérez Molina dijo que la “Guatemala profunda”, una referencia a las clases trabajadora y campesina del país, aún lo respaldan.

Un interrogante político es si Pérez Molina podrá gobernar durante los próximos cuatro meses. Pero la supervivencia de su presidencia probablemente sólo retrasará su cita con los tribunales. En el momento en que entregue la banda presidencial a su sucesor, perderá el privilegio de la inmunidad. Si renuncia, la constitución provee un claro camino de sucesión. El vicepresidente se convierte en presidente y el Congreso elige a un nuevo vicepresidente.

No obstante, un grupo de influyentes izquierdistas guatemaltecos, autodenominado Movimiento Semilla, tiene otras ideas. Entre sus líderes se encuentra Edgar Gutiérrez, un aliado del movimiento guerrillero marxista durante la Guerra Fría y Juan Alberto Fuentes Knight, el presidente de Oxfam International.

El plan de Semilla está esbozado en un documento publicado en julio titulado: Ante la corrupción de la democracia, construyamos un gobierno de renovación nacional. La declaración dice que el sistema político del país es demasiado corrupto como para llevar a cabo elecciones libres el 6 de septiembre. Semilla se queja, entre otras cosas, de que una reforma electoral que apoyaba, que incluía cuotas raciales y de género para el Congreso, no se ha convertido en ley. “En esas condiciones, no queremos elecciones”, dice el documento.

En cambio, Semilla desea sacar al presidente y crear un nuevo “gobierno de unidad nacional” con un vicepresidente elegido “con un sólido respaldo de la sociedad civil”. En otras palabras, el Congreso puede elegir el próximo vicepresidente siempre y cuando los activistas no elegidos de Semilla lo aprueben.

Semilla asegura que este gobierno transicional “entregaría el poder el 14 de enero de 2016 a las nuevas autoridades”. Pero ya que dice en el mismo documento que no se deberían llevar a cabo elecciones, no está claro quiénes serían estas nuevas autoridades. La naturaleza aborrece del vacío.

Fuentes Knight viajó a Washington en julio para reunirse con Thomas Shannon, asesor del Departamento de Estado. Eso preocupó a los guatemaltecos que luchan por construir una nación cimentada en las leyes. Pero un portavoz del Departamento de Estado me aseguró la semana pasada que la posición de EE.UU. es la siguiente: “Apoyamos el proceso constitucional guatemalteco para una transición democrática y le pedimos a los partidos que respeten las elecciones nacionales programadas para el 6 de septiembre”. El viernes, la embajada de EE.UU. en Ciudad de Guatemala también emitió un comunicado al respecto.

Los guatemaltecos quieren justicia para sus políticos, pero no la conseguirán sin un estado de derecho. El primer paso es seguir la constitución.