Aldeas como San José de Oriente deberán alojar a guerrilleros contra su voluntad por el acuerdo con el gobierno de Colombia en La Habana.

No quieren ver a las FARC de nuevo por su terruño. Si les hubieran preguntado, la respuesta habría sido que los pusieran en otro lado. Nadie les consultó, tuvieron que enterarse por los medios de comunicación de que su caserío será uno de los veintitrés designados del país para concentrar a las FARC.

No será igual que antaño, esta vez los subversivos estarán supervisados por la ONU y permanecerán solo seis meses, plazo establecido para que entreguen todas sus armas y aprendan a vivir sin usarlas. Pero reina tanto escepticismo frente a las negociaciones de La Habana, que muchos vecinos de San José de Oriente, enclavado en la Serranía del Perijá, a solo 20 kilómetros de la frontera con Venezuela, están convencidos de que las FARC utilizarán ese tiempo para reconquistar el control que perdieron y no se irán.

"Después de la etapa de Uribe [en la presidencia] esto está sano, el Ejército hace presencia y tenemos otra vez policía. Nosotros confiamos en ellos, en la ley, no en la guerrilla", dice un lugareño. Recuerda que San José de Oriente, un pueblo perteneciente a La Paz, departamento del Cesar, ganó el candidato uribista en las últimas elecciones presidenciales. Cuentan que gracias a la administración de Álvaro Uribe la guerrilla debió buscar refugio en otros lugares, recobraron la paz y volvió a instalarse la policía. De ahí el rechazo generalizado a la designación de su localidad como "Zonas Veredales Transitorias de Normalización" de la tropa de las FARC, la única en toda la región norte de Colombia.

Les disgusta que después de disfrutar de la tranquilidad con la que sueña toda Colombia, sin guerrilleros causando estragos, les obliguen a acogerlos. "Hay temor por parte de la comunidad porque nos vacunaban (impuesto revolucionario) y hubieron casos de secuestros, de asesinatos, y mucho sufrimiento. Ya nosotros pasamos la violencia y el miedo es que esta gente se vaya a meter otra vez", comenta un comerciante. "Muchas familias de Valledupar (capital del Cesar) compraron casas para pasar los fines de semana y hay incertidumbre sobre lo que puede pasar".

El presidente de la Junta de Acción Comunal, Jorge Eliécer Pérez, conserva la esperanza de que en esta ocasión los guerrilleros "estén bien vigilados y no puedan hacer lo que quieran" y que, transcurridos los seis meses del acuerdo, todo vuelva a la normalidad.

Pero en las calles de la vereda, el rumor que corre es que las FARC entregarán las armas viejas y conservarán las mejores y habrá renegados que aprovechen la situación para quedarse de manera definitiva y organizar otras bandas criminales. "Nos dejan entre la espada y la pared", afirma apesadumbrada una vecina septuagenaria. No entiende el por qué los escogieron precisamente a ellos.

No solo sienten la amenaza de las FARC. Les preocupa que aparezcan herederos de los paramilitares y queden en el fuego cruzado. "Antes, cuando nos desplazábamos a Valledupar o a La Paz, nos tildaban de guerrilleros por ser de San José. Nosotros sólo pedimos que nos dejen en paz, aquí vivimos de la agricultura porque las tierras son muy buenas y de todo se da", explica una campesina. "Antes del 2004 vivíamos siempre con miedo, había muchos enfrentamientos del Ejército con la guerrilla. El hijo mío en cuanto escuchaba la plomera (disparos) y morteros, quería volverse loco. Nos tocaba arrancar para el monte", recuerda Carmen Emilia, nativa de San José.

En los tiempos en que el Frente 41 de las FARC era más fuerte, también veían pasar todoterrenos en dirección a La Punta, el lugar en la Serranía donde muere uno de los caminos de tierra. Iban a recoger a algún secuestrado o a pagar el rescate. Los labriegos observaban todo en silencio, a distancia. Abrir la boca suponía la muerte o el destierro.

"Si eligieron San José, lo que esperamos es que el gobierno nos ayude y que sirva para la paz de Colombia", señala Jesús Antonio Vergel, un agricultor. Considera, al igual que otros vecinos, que es la oportunidad de que lleven a los veintitrés caseríos de San José, dispersos por las montañas, luz, carreteras y agua, puesto que no cuentan con acueductos rurales.

Además de esas carencias, más de la mitad de las vías son trochas intransitables cuando llueve, los centros de salud carecen de casi todo y las escuelas son precarias. No solo en la cordillera esperan que la zozobra la despeje una oleada de inversión estatal que corrija decenios de atraso, también en La Paz, su cabecera municipal.

A solo 12 kilómetros de Valledupar, sobre la carretera nacional, la fisonomía de la población cambió por completo cuando hace 10 meses Venezuela cerró la frontera. Desde hace dos decenios la economía local giraba entorno a la venta de gasolina de contrabando y aún no tienen alternativas que ofrecer al 70% que dependía de esa fuente de ingresos. Sueñan con que el gobierno y la comunidad internacional vuelvan sus ojos hacia ellos y hallen una salida a la crisis que sufren.