El que nada debe…

Señores negociadores: ¡hagan públicas sus declaraciones de renta!

Lo dice la revista ‘The Economist’ que empezó a circular: ‘Iván Márquez’ está deleitado con la aparición de los dos negociadores de paz –Humberto de la Calle y Frankl Pearl– en el escándalo mundial de los papeles de Panamá. Y es que los dos máximos responsables de los diálogos con las guerrillas aparecen en el listado de 850 colombianos vinculados a la firma panameña Mossack Fonseca, la oficina de abogados que se dedicaba a ocultar activos, cuentas bancarias, ganancias y propiedades de empresas. Hoy es mundialmente conocida por diseñar estrategias de evasión de impuestos para políticos, deportistas y financistas.

Ambos negociadores han dicho que las compañías que crearon en el exterior a través de Mossack Fonseca eran legítimas, que estaban declaradas en Colombia y que ya no están activas. Nada de eso, sin embargo, es posible de comprobar. La Dian no tiene cómo verificar si es cierto lo que dicen De La Calle y Pearl, como tampoco ninguno de los salpicados en el escándalo de los papeles de Panamá. Y la razón es elemental: no hay manera de cruzar esa información con los bancos panameños, gracias al secreto bancario. Panamá tiene una legislación especial que obliga a los bancos a proteger y mantener confidencial la información sobre sus clientes ante terceros.

Pero supongamos que lo que dicen los negociadores es verdad y que ninguno contrató los servicios de Mossack Fonseca para ocultar activos o propiedades de empresas. Supongamos, también, que esos eran los únicos vínculos que tenían con firmas panameñas. Supongamos, además, que ninguno de los dos tiene otro tipo de sociedades por fuera. Supongamos, por encima de todo, que ni De la Calle ni Frankl Pearl tiene su patrimonio en un lugar que no sea Colombia.

Hagámoslo por nuestra propia salud mental. Porque no tendría ninguna presentación que los dos negociadores del Gobierno tuvieran su plata en el exterior. Y la razón es muy sencilla: no tendrían nada que perder si la negociación que ellos mismos lideran fracasa, o si el posconflicto derivado de la misma termina en un chasco de violencia y terror como ocurrió en El Salvador y Nicaragua.

Una paradoja total, porque las Farc también tendrían millonarias cuentas en el exterior. Según el mismo artículo de ‘The Economist’ (‘Unfunny Money’), esa organización tendría 10.500 millones de dólares, repartidos entre Venezuela, Ecuador, Costa Rica y Panamá. Al otro lado de la mesa, ‘Timochenko’ sabe con certeza que su plata está bien cuidada a miles de kilómetros de su propia patria.

En cambio el resto de colombianos sí tendríamos que pagar los platos rotos de terminar con una mala negociación: violencia, devaluación, desempleo, caída en las tasas de inversión, pérdida de confianza de la comunidad internacional. El colombiano promedio no tiene cómo gastarse miles de dólares al año en una firma panameña de abogados, ni mucho menos el suficiente dinero como para esconderlo en un paraíso fiscal. A duras penas podemos pagar la hipoteca del apartamento o la pensión mensual del colegio. Pero eso sí: todos llevamos del bulto si lo que lo que se negocie en La Habana llega a salir mal. Nuestro poco capital va a quedar valiendo la mitad.

Esta negociación requiere que se cumpla el adagio de la mujer del César: ser bueno y parecerlo ser. Es fundamental que tanto los negociadores –como los miembros del Gobierno, las Farc y hasta los magistrados de la Corte Constitucional por cuyas manos pasarán los acuerdos de paz– tengan la totalidad de sus activos declarados y en Colombia. Que hagan públicas sus declaraciones de impuestos, que permitan a las autoridades panameñas a levantarles el secreto bancario, que manden cartas juramentadas a todos los paraísos fiscales para que divulguen sus listados.

Es lo mínimo que nos tienen que garantizar a todos los colombianos, si quieren que confiemos en lo que están negociando. Ellos tienen que correr el riesgo de perderlo todo, si las cosas salen mal. Lo mismo que nos toca a todos los demás.

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