Es cierto que la defensa del interés nacional implica confidencialidad. Pero de una discreción necesaria hemos pasado a un secretismo absoluto.

Señor Procurador: le voy a solicitar formalmente, como ciudadana, que investigue la actuación del doctor Carlos Gustavo Arrieta, designado jefe de abogados del Estado colombiano en el pleito con Nicaragua.

El motivo es no haber presentado el recurso de revisión, uno de los cuales Colombia tenía derecho de interponer hasta el 13 de diciembre pasado, como en su momento se lo suplicaron al Gobierno la excanciller Noemí Sanín y el exviceministro de Justicia Miguel Ceballos, según consta en su libro La llegada del dragón.

Es cierto que la defensa del interés nacional implica confidencialidad. Pero de una discreción necesaria hemos pasado a un secretismo absoluto. Lo único que ha dicho la Canciller en Caracol es que el recurso no se presentó porque habría implicado poner en riesgo la defensa de Colombia frente a las dos nuevas demandas de Nicaragua. Por ese secretismo ya perdimos 75.000 kilómetros de mar Caribe y todavía no sabemos bien por qué.

Y ahora resulta que Nicaragua pretende ampliar su plataforma continental hasta las narices de Cartagena, y el abogado Arrieta sale a decir que tranquilos todos, que esto solamente es “un refrito” (EL TIEMPO, 30 de diciembre).

Ahora, la historia jamás sabrá si este recurso de revisión nos habría ayudado a restituir nuestro mar Caribe y a desenclavar nuestros islotes. Simplemente se asumió, por parte de la defensa del Estado, que tenía pocas posibilidades de prosperar. Pero de presentarlo, habríamos aplazado que el fallo quedara en firme, y Nicaragua no podría incorporar su contenido –o sea, nuestras aguas– como hará este mes, oficialmente, a su Constitución. Además, las dos demandas nuevas de Nicaragua acaban de quedar sin obstáculos para seguir su curso normal ante la Corte.

En medio de este secretismo, solo hay rumores. El Espectador revela que un abogado francés contratado por Colombia, el señor Jean Marc Thouvenin, aceptó conceptuar sobre el recurso. Lo consideró tan conveniente que hasta redactó un borrador (seguro que no gratis) y lo “circuló entre los juristas que asesoran a Colombia”, divididos entre quienes admitían que “tendría pequeñas posibilidades de lograr algo” (¿no es esa una consideración importante?) y quienes “ratificaron su posición de que no tendría ningún éxito”.

Aunque fuera cierto que teníamos posibilidades de perder, habríamos logrado imponerle a Nicaragua una limitación de rutas de navegación. Y obligarla a ratificar algunos tratados ambientales para proteger el Seaflower y a nuestros pescadores. Pero, además, necesariamente la Corte de La Haya tendría que haber aceptado oír a otros países, como Panamá, Honduras y Costa Rica, a los que jamás dejaron pronunciarse en este pleito, a pesar de que el fallo contra Colombia, si bien no les altera la extensión de sus fronteras, sí les impone un cambio de vecinos.

Como no hubo recurso por parte de Colombia, los chinos ya tienen el título más legítimo posible para asegurar los 40 billones de dólares que invertirán en el negocio: no es lo mismo contar con 12 millas náuticas para que fondeen diariamente 40 barcos de 550.000 toneladas, y hasta naves militares chinas y rusas, que las hasta 200 millas náuticas que tendrán en adelante al norte, más las 200 al sur, concedidas a Nicaragua por La Haya, y entre las cuales, así la Canciller diga lo contrario, están incluidas aguas colombianas. Ah. Y 150 millas más, si Nicaragua logra que le concedan su nueva demanda de plataforma continental extendida. Las que el doctor Arrieta llama su “refrito”, concepto por el que también cobra honorarios. Ni más faltaba.

En conclusión, señor Procurador, Colombia no presentó recurso alguno contra el fallo de La Haya, y la única razón visible –que sepamos– es la de que, como en cualquier pleito del planeta mundo, habríamos podido perder.

Entre tanto… a todos, un año mejor.