Las Farc, envalentonadas por la “capitis diminutio” impuesta al Congreso y a la Justicia colombianos en el acuerdo secreto sobre Justicia Transicional, presentó diez propuestas para el fin del conflicto y anunció las condiciones mínimas que deben prevalecer para la ejecución de un plan de paz contenido en el eventual acuerdo habanero. Ocultas para la opinión y objeto de silencio en las altas esferas del ejecutivo, en las bancadas de los partidos de la Unidad Nacional y en los medios, han venido siendo divulgadas por la guerrilla. Estas propuestas se enmarcan dentro del punto 3 de la Agenda, “Fin del Conflicto”, concebido como un proceso integral y simultaneo, e incluye iniciativas sobre los 7 numerales de esa temática, cuyo análisis se viene haciendo por comisiones de trabajo en la Mesa de Conversaciones.
Ellas son: 1. Formalización jurídica de las reformas y ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz. 2 Plan Nacional para el fin del conflicto, la reconciliación nacional y la construcción de la paz estable y duradera. 3. Conformación del Fondo Nacional para el fin del conflicto. 4. Normalización de la vida nacional y transformación de las Farc en movimiento político. 5. Definición de territorios especiales para la construcción de la paz. 6. Definición de la política de seguridad del Estado y desmonte de las estructuras criminales de contrainsurgencia. 7. Esclarecimiento y desmonte del paramilitarismo como contribución a la verdad histórica y garantía de no repetición. 8. Garantías de seguridad integral para la población en general y para el movimiento político de las Farc. 9. Cese bilateral de fuegos y de hostilidades. 10. Dejación de armas entendida como su no utilización en política.
Cada propuesta será objeto de contenidos y derivaciones específicas que la guerrilla dará a conocer a medida que avance el ciclo de conversaciones. No constituyen retoques cosméticos al ordenamiento jurídico que nos rige e implican una responsabilidad compartida entre Farc y Estado en su ejecución. Son consecuencia de haber aceptado el Gobierno, desde el principio, la igualdad de las partes y la pérdida de su autonomía e independencia. Ello conducirá inevitablemente a un mecanismo de refrendación que permita la aprobación de los acuerdos, distorsionando o impidiendo la libre e informada expresión de la voluntad ciudadana.
En próximos artículos se analizarán cada una de las 10 propuestas de la subversión para dimensionar los riesgos que se ciernen sobre las instituciones democráticas.
