Domingo 19 de Noviembre del 2017

El viaje de las víctimas a La Habana desnuda el mayor problema de la Ley de Víctimas

Publicado en:

La Silla Vacía  | 

Autor(a): Natalia Arenas  |

Fecha: 15/08/2014

 

El proceso de selección de las víctimas que viajan a La Habana este sábado -cuyos nombres se revelaron esta mañana- desnudó una crisis que hasta ahora había pasado de largo ante la opinión pública: ni siquiera las que tienen un puesto en la Mesa Nacional de Participación que creó la Ley de Víctimas, se sienten representadas.

Así quedó en evidencia después de que se anunciara que las víctimas serían elegidas por la Mesa, que se supone que es el órgano de representación de los que han padecido directamente el conflicto armado.

Como contó la Silla, en un principio se tenía previsto que ellos elegirían un grupo de 10 a 15 representantes. En junio, los 52 delegados de la Mesa Nacional se reunieron y prepararon un borrador con las propuestas y con los nombres de las 15 víctimas que irían a La Habana.

La iniciativa fue respaldada por el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, ya que en esta Mesa tienen asiento líderes de todos los hechos victimizantes de todos los rincones del país y de todos los grupos armados. El problema es que la mesa no tiene legitimidad entre las víctimas.

“Nadie se siente representado en la Mesa. ¿Cómo van a ser ellos los que nos van a representar? Es  una falta de respeto,” le dijo a La Silla Rosa Amelia Hernández,  líder de la organización de víctimas afros en Córdoba y protagonista del Proyecto Rosa. Con ella coincidieron otros siete líderes de víctimas consultadas por este medio.

El sentimiento de desconfianza con la mesa es generalizado. A algunos de los delegados que tienen asiento no sólo se les achaca hacer parte de una red clientelista y politiquera sino que además unos cuántos tienen denuncias penales por cobrarle a las víctimas por servirles de intermediarios cuando ese es su papel.

Por ejemplo, Consuelo Cruz, una de las representantes del Valle ante la Mesa Nacional de Víctimas por desplazamiento forzado y Orlando Burgos, que también hace parte de la Mesa Nacional tienen en curso varias denuncias por estafa que han sido puestas por víctimas quienes supuestamente han tenido que pagarles para que sirvan de intermediarios.

Las víctimas consultadas dicen que Cruz estaba en la lista inicial que presentó la Mesa para ir a la Habana y que seguramente será una de las que vaya a “representarlos”.

“Ellos son los tiburones”, le dijo a La Silla una persona que estuvo en la mesa con ellos hasta antes de las últimas elecciones de octubre en la que se eligieron los 52 representantes.

El protocolo de la discordia

La Mesa Nacional de Víctimas es el resultado del proceso organizativo para víctimas que diseñó la Ley de Víctimas y que ha venido acompañando la Unidad que dirige Paula Gaviria.

En su mayoría se trata de líderes de base de pequeñas organizaciones, que se postulan para las mesas municipales y que luego van eligiendo mesas departamentales y finalmente una nacional.

Para muchas víctimas, es de este proceso de elección de donde se desencadenan todos los problemas de representatividad.

Hasta mayo del año pasado, la Mesa Nacional estaba conformada por 103 representantes de todo el país pero había una gran proporción de desplazados versus víctimas de otros delitos y por otro lado no estaban representados todos los grupos de víctimas. Por ejemplo, las víctimas Lgbti no tenían asiento.

Entonces, la Unidad de Víctimas decidió hacer un revolcón adentro de la Mesa para suplir las fallas: ya no serían 103 sino 52 delegados que debían abarcar todas las regiones, todos los hechos victimizantes y todas las poblaciones.

La norma quedó pactada en el Protocolo de Participación de la Mesa de Víctimas, a pesar de que según tres fuentes independientes consultadas por La Silla tenía una fuerte oposición por parte de los líderes de organizaciones de víctimas que participaron en su redacción.

Juan Fernando Cristo retrasó la aprobación del protocolo para hacerlo más aceptable pero no pudo. La Unidad se plantó y no dejó que se modificara”, le dijo a La Silla una persona que siguió de cerca el proceso.

Aunque muchos reconocen que éste era un esfuerzo en la dirección correcta, el diablo quedó en los detalles.

El primero es una contradicción: la ley reconoce a todas las víctimas pero el protocolo sólo admite que se postulen para representarlas aquellas que están organizadas. Eso hizo que se crearan un montón de organizaciones de víctimas de papel, que en realidad no representan a nadie.

“Corporativizaron la participación. La mayoría de las víctimas no están organizadas”, le dijo a La Silla una persona que estuvo presente en la discusión del protocolo.

Pero además, la secretaría técnica de la Mesa, es decir, quienes se encargan de admitir a los postulados, quedó en manos de los defensores del Pueblo y de los personeros municipales que en muchas regiones tienen agendas políticas propias a la hora de elegir quienes participan.

“Los delegados se eligen a dedo. Ellos (los defensores y personeros) son los que mandan y se hace lo que ellos digan”, le dijo a la silla una defensora de víctimas.

El pecado original del Protocolo, según las víctimas consultadas, es que heredó muchos de los vicios que ya traían las mesas de fortalecimiento de población desplazada creadas en la época de Uribe y que estaban marcadas por una tradición clientelista. Representar a las víctimas se convirtió en un negocio para algunos de sus miembros.

“Los delegados cobran por intermediar con el gobierno y las instituciones, por radicar tutelas o derechos de petición, por llevar casos a la Unidades de Víctimas Territoriales y hasta por hablar en distintos escenarios a favor de quienes representan”, dijo una de las fuentes. Casi todas las otras la secundaron.

La queja permanente de las víctimas es que a pesar de que los delegados de la Mesa viajan para organizar reuniones y hablar de la situación de las víctimas, las bases casi nunca saben qué es lo que discuten.

“Ellos no van a las reuniones a participar sino a pasear”, dijo a La Silla una ex representante de la Mesa Departamental de Boyacá.

Parte del problema, según explicaron, es que a los delegados en la Mesa no les pagan por su trabajo, a pesar de que quita mucho tiempo. En cambio, sí les dan viáticos cuando viajan, lo que crea un incentivo para que algunos lo quieran hacer con frecuencia.

La Silla habló con una líder que está en una mesa municipal de ese departamento y quien aseguró que nunca se ha reunido con los delegados departamentales ni nacionales.

“El problema es que ellos son los que van a hablar por nosotros en Bogotá, pero siempre que nos dicen que nos vamos a reunir nos quedamos esperando. Uno nunca ve los resultados de esa representación”, dice.

A pesar de todo, algunos de estos delegados seguramente van a quedar elegidos para hacer parte de la delegación que irá a La Habana porque son en últimas quienes representan institucionalmente a las víctimas del conflicto y no es muy claro qué otro mecanismo podría ser más democrático.

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Jaime Espinosa

16/08/2014 9:32 AM

Lo democratico seria que oyeran a las verdaderas victimas y no los intermediarios como lo estancia haciendo.

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