El voto debería ser obligatorio en Colombia. La libertad del ciudadano para elegir con su voto autónomo e individual, no está anclado a la decisión de ir o no ir a ejercer ese derecho, sino en cumplir ese deber, donde la libertad se aplica a escoger en la diversidad de propuestas u optar por el voto en blanco. La democracia está asentada en la participación, es consustancial la involucración del ciudadano. La elección de sus mandatarios es una obligación ética que nace del vivir en una comunidad nacional que escogió ese sistema de la democracia participativa que a su vez cualifica la democracia representativa, porque así lo consigna la Constitución del 91. Por lo tanto la democracia exige compromisos a los ciudadanos. Uno de esos compromisos es que la democracia no solo sea legal, es decir, que se respete la escogencia por la mayoría de los votos emitidos, sino que sea legítima en cuanto se manifiesten todos los ciudadanos cedulados y mayores de edad.

Es una merma de democracia que sus gobernantes sean el resultado de participaciones minoritarias de sus habitantes habilitados como ciudadanos en ejercicio. Si los colombianos somos 46 millones  de personas y los patrones de votación indican que pueden votar 24 millones. Si ejercen el voto 15 millones, por ejemplo, resulta que una tercera parte de la población decide en forma global quiénes son sus legisladores, sus autoridades ejecutivas como Presidente, gobernadores o alcaldes. Más aún, si los elegidos son por la mitad más unos cuantos miles de votantes, tenemos como electos a los escogidos por 8 millones, es decir que una sexta parte de los colombianos gobierna un país de 46 millones de habitantes. Ese gobierno es legal, por supuesto. Pero le falta legitimidad por la no participación de la ciudadanía hábil o cedulada. Por eso el voto debe ser obligatorio, no en el sentido de procesar o condenar a quien no vote, sino que se excluya de los beneficios de la sociedad democrática. ¿Acaso no es obligatorio tener cédula o tarjeta de identidad, el servicio militar, el registro civil de nacimiento, de muerte o de matrimonio? La obligatoriedad de tener el documento de identificación, y vale como ejemplo, le da existencia jurídica al ciudadano. Pero a nadie se le puede encarcelar o multar por no tener cédula. Un niño no existe, jurídicamente, si no está registrado en una notaría. En ambos casos nos encontramos ante documentos básicos que demanda un estado donde lo obligatorio es paralelo integrado al deber de ciudadanos.

Quienes más se benefician con una baja participación electoral, resultado de la “libertad de no votar”, son los gamonales, caciques y funcionarios clientelistas porque pueden controlar con el dinero el número suficiente de votantes para imponer sus candidatos y dominar los altos cargos administrativos o los colegiados. Con el voto obligatorio se rompe un mercado de demanda limitada, porque no se tendrán fondos mermelada para comprar los 24 millones de votantes, lo que si alcanza para una oferta parcial de los 8 millones que dan piso al partido ganancioso. Con el voto obligatorio desaparecería la franja de la oferta restringida que negocian los delincuentes compradores porque el bloque votante es incontrolable desde este punto de interés.

El voto obligatorio traslada el centro de decisión a las grandes ciudades donde prevalece el voto de opinión y las clases medias que tienen mayor información y educación política y debido a sus ingresos no son susceptibles de negociar su voto. El voto obligatorio deja sin piso a los traficantes de votos de las poblaciones menesterosas sin sentido de pertenencia a la democracia. No se trata de convertir en delito la abstención electoral. Pero quien no vote, salvo consideraciones especiales, no podría matricular sus hijos en las escuelas o universidades públicas, no obtener pasaporte, no acceso a los créditos de los bancos o entidades financieras oficiales, no a las casas oapartamentos subsidiados con dineros estatales. Es una exigencia similar a la de la libreta militar para obtener un empleo. Una democracia exige demócratas que no solo paguen impuestos, respeten los derechos y deberes constitucionales, sino hombres y mujeres que le den sustento racional e intencional a su voto, porque la democracia no es una casa en el aire ni un cuartel en el subsuelo. Es una estructura humana para una política de “ciudadanos humanos” comprometidos.