Formalmente se ha dado comienzo a la campaña por la presidencia de la República, aunque los hechos nos dicen que hace buen rato estamos en ese ajetreo.

Los colombianos elegiremos 102 senadores y 166 representantes a la Cámara Baja. Así mismo, elegiremos presidente para el periodo 2014-2018.

Entre los temas más destacables y polémicos figuran, las conversaciones de paz, la seguridad, la pérdida de mar por el fallo del Tribunal de La Haya, las relaciones internacionales, el ordenamiento constitucional, las drogas ilícitas. Otros temas como la lucha contra la pobreza, la política educativa, la salud, aunque no dejan de ser muy importantes para la población, no generan distancias insalvables ni despiertan tanta urticaria entre los partidos y candidatos.

El asunto de mayor calado es, de lejos, el de las conversaciones entre el gobierno nacional y las guerrillas de las FARC y el ELN. Descartado un acuerdo definitivo en este semestre por parte del presidente Santos, la discusión se orientará a demandar de los candidatos cuál es su propuesta al respecto: ¿Ruptura de negociaciones? ¿Continuidad? ¿Replanteamiento? Cualquier declaración será clave para los electores si tenemos en cuenta que, aunque incrédula, la gente desea la paz. Dicho deseo choca con reservas justificadas, no solo sobre la sinceridad de las guerrillas, sino también sobre el castigo por delitos de lesa humanidad, la reparación de sus víctimas y la dejación y entrega de armas. Otros tópicos candentes se refieren a las concesiones que cada candidato va a ofrecer a esos grupos. Sí o no a la convocatoria de una constituyente y en caso afirmativo en qué condiciones y términos, cómo consultar a la población para refrendar o rechazar cualquier acuerdo bien de forma global o punto por punto. Sobre si se incluye o no en la mesa el tamaño de la Fuerza Pública y otros puntos sustanciales de la Agenda Nacional.

Hasta ahora está en zona de penumbra el comportamiento de las guerrillas a lo largo de esta coyuntura. Sin embargo, es predecible saber las consecuencias de su accionar, como por ejemplo, si es agresivo, con atentados en los que resulte lesionada la población civil o asesinato de candidatos, sacarán provecho aquellos que han sido críticos de las gabelas otorgadas por este gobierno a los comandantes guerrilleros a cambio de nada o de muy poco. Por el contrario, un bajo nivel de acción militar podría favorecer la política oficial y a los partidos de la Unidad Nacional.

En ningún caso es justificable que los medios les otorguen, gratuitamente, el rol de árbitros de la contienda, ya que constituye un abultamiento desproporcionado de la fuerza e influencia que tienen en la opinión pública.

En todo caso, cualquiera de las tres opciones, continuidad, ruptura o replanteamiento, tendrá que ser muy bien sustentada y explicitada. Nadie querrá, a estas alturas, echar por la borda o mantener una mesa sin argumentos convincentes. No la tienen fácil los representantes de cada una de ellas.

El discurso que nos divide entre amigos y enemigos de la paz, además de maniqueo y peligroso para los señalados, no es convincente. De igual forma, si los críticos del proceso se dejan matricular en el campo de los enemigos de la paz y en consecuencia no cambian la forma de presentar su posición, pueden perder respaldo entre los electores.

Las conversaciones de paz arrastran, de alguna manera, el tema de la seguridad en el que se observan cifras preocupantes de aumento de la criminalidad común, la extorsión y debilitamiento del control de territorios, auge de las bandas criminales y de grupos, incluidas las guerrillas, dedicadas al narcotráfico en sus dimensiones micro y macro.

También es muy candente la política exterior no obstante ser uno de los asuntos en que las encuestas revelan amplio respaldo al gobierno. Preocupa el acercamiento a los países del Alba si se tiene en cuenta el silencio ante la dictadura cubana, frente a los atropellos a las libertades en los países bolivarianos, el fraude electoral en las presidenciales de Venezuela, la manipulación de la constitución por parte de los mandatarios para eternizarse en el poder. Todo esto es materia que abre brecha profunda entre los candidatos oficiales y quienes privilegian relaciones más críticas con esos gobiernos y por una mayor cercanía con Estados Unidos y compromiso de defensa de la democracia y las libertades en el seno de la OEA.

La pérdida de mar con Nicaragua también continuará ocupando la atención de los colombianos. El gobierno sabe que en este asunto lleva las de perder en razón de un manejo errático y de la ausencia de alternativas. Esta circunstancia será convertida en bandera por las fuerzas opositoras que abogan por el desconocimiento abierto del fallo y para asumir las consecuencias que de ello se deriven.

Los colombianos nos podremos ver inmersos en un debate inédito y sorpresivo sobre la pertinencia o no de convocar una constituyente con miras a conjurar los graves desajustes existentes entre los poderes públicos y, en particular, la grave crisis de la Justicia. ¿Quiénes, en qué número y bajo qué procedimientos deben ser electos sus miembros, serán los elementos de gran discrepancia.

Oiremos hablar del tamaño y las funciones del Estado colombiano, de impuestos, de empleo y pensiones, de la salud. La pelea es de alquilar balcón como decían las tías solteronas. Mientras la película empieza, es de esperar que el gobierno, que actúa en la trama con actor propio, brinde toda clase de garantías. Aunque ya le podemos anotar una falla: Me refiero al llamado del gobierno al general Óscar Naranjo para asumir funciones de negociador en La Habana y acompañamiento en la campaña del presidente Santos. Ahí se configura el riesgo de que se confundan los papeles y se termine utilizando indebidamente el interés por ganar las elecciones con arreglos acomodaticios en La Habana.