Estamos a ocho días de una de las elecciones al Congreso más cruciales de la historia de Colombia. Se trata nada menos que de elegir a quienes tendrán la responsabilidad de desarrollar la ley del marco jurídico para la paz, y, en caso extremo, dejarse sustituir por un “congresito” o una constituyente,  que imponga a los colombianos no lo acordado en La Habana que ya se daría por sentado según han dicho claramente las Farc, sino los desarrollos institucionales para convertir al modelo castrochavista que está haciendo agua en Venezuela, con un pueblo en la calle, harto de la dictadura, la inflación, la escasez, y que es reprimido violentamente por la guardia nacional y los paramilitares creados por el fallecido coronel y utilizados por el poco inteligente, pero agresivo Maduro.

Se necesita de un Congreso que pueda ponerle freno a una situación como la que se vendría en caso de que el parlamento tuviese una mayoría permeada por cifras de corrupción nunca vistas antes, entregadas por el ejecutivo a los miembros de esa institución para de asegurar su elección con el objetivo específico de que éstos a su vez garanticen la reelección y el apoyo a las políticas del presidente.

Hay que evitar que terroristas que ponen esta semana una bomba en Quibó, con cuatro personas inocentes muertas y más de una docena de heridos, de la misma manera que un par de meses |escuela en Jambaló, Cauca, el pasado viernes, lleguen al poder.

Ya el Bajo Putumayo está viviendo la tragedia que significaría un gobierno de esa guerrilla. Allí le han impuesto a la población civil una determinada hora para estar en casa (las ocho de la noche); le han dicho a los pobladores que tienen familiares en las fuerzas armadas, que deben abandonar su tierra (¡qué forma de impulsar el desplazamiento!); limitan el derecho a la libertad de culto de manera ostensiva y ofensiva, y sólo permiten dos teléfonos celulares por familia, con la condición de que no tengan cámara fotográfica, para que el país y el mundo no sepan que sucede allí y un largo etcétera de despropósitos represivos. Es más parecido a Corea del Norte.

Los colombianos debemos elegir un Congreso que no acepte la corrupción en forma de mermelada, que hace traicionar todo principio y toda lealtad; que no se quede mudo ante la entrega del mar de San Andrés y Providencia; que sea capaz de poner el dedo en la llaga frente a los incumplimientos de programas anunciados con bombos y platillos por el ahora candidato a la vicepresidencia, fórmula de Santos para la reelección (que en una contradicción en los términos utiliza este mecanismo para impulsar su derogatoria); quien prometió más de 100.000 viviendas gratis en el cuatrienio y no ha llegado a veinte mil.

Y, como efecto adicional, que la mayoría de sus miembros (que comienzan el 20 de julio, pero están electos desde el 9 de marzo) se conviertan en impulsores de una candidatura presidencial que evite la impunidad, la corrupción y sobre todo, el desmonte del Estado de Derecho, que luche por la paz sin concesiones inauditas a los terroristas.

La democracia está en juego, y es deber de todos los colombianos cerrar filas en su defensa. Hay que elegir con la cabeza. Recordemos que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen, salvo éste, que fue traicionado en su mandato.