Los partidos y movimientos políticos en Colombia desde su aparición a mediados del siglo XIX no han podido desarrollarse plenamente como instrumentos que sirvan para interpretar y concretar desde el gobierno los sentimientos, los deseos y los intereses de la gente.

Las guerras regionales a lo largo del siglo XIX prevalecieron sobre las formaciones políticas partidistas porque estas no supieron entender ni interpretar la naturaleza regional de la nacionalidad colombiana. Por esta razón, lo regional que ha debido ser la columna vertebral en la organización institucional del Estado se pervirtió, históricamente hablando, y dio paso al surgimiento y predominio del poder terrateniente, el gamonalato político y más tarde a lo largo del siglo XX, a los llamados “feudos podridos” como estructuras de clientela y manipulación por parte de los barones electorales.

A pesar de los esfuerzos por “civilizar” la política, especialmente el que se realizó mediante la conformación del Frente Nacional, lo que se puede comprobar como un dato de la realidad es que para el año 2000 los partidos en Colombia estaban totalmente desvertebrados, el Congreso Nacional convertido en un poder desprestigiado y la institucionalidad estatal debilitada por la presencia de unos poderes criminales con dominio territorial en inmensas regiones del país.

Ninguno de los partidos tradicionales logró asumir y dirigir una estrategia política que de manera sostenida combatiera la violencia de distintos signos y garantizara el derecho fundamental de todos los Colombianos a tener tranquilidad y vivir en paz.

Se necesitó que llegara a la Presidencia de la República un líder visionario como Álvaro Uribe, montado sobre los hombros del pueblo, no de los partidos, para adoptar una política de Estado conducente a sentar los fundamentos estratégicos necesarios para derrotar la violencia y proveer seguridad y tranquilidad a todos los ciudadanos.

La política de Seguridad Democrática (2002-2010) se convirtió, por primera vez en la historia de la violencia, en una estrategia eficaz para reducir el imperio de los poderes criminales que estaban descuadernando y disolviendo el país. Para dolor de Colombia, Juan Manuel Santos elegido en el 2010 y en alianza con los partidos, no con el pueblo, traicionó esta política, rehabilitó a los responsables de gran parte de la violencia y los dotó de una plataforma propagandística de carácter nacional e internacional sin precedentes en los últimos cincuenta años.

Ahora, con el surgimiento del Centro Democrático y su marcha incontenible para ganar las mayorías en el Congreso y obtener el triunfo en las presidenciales de mayo, vuelve a renacer la esperanza. Los acontecimientos que están en marcha le imponen al Centro Democrático, como la nueva y gran fuerza del cambio, enormes e ineludibles responsabilidades. Ellas son, superar la retorica demagógica, el discurso decimonónico y las prácticas perversas que han caracterizado a los políticos y los partidos tradicionales.

El Centro Democrático desde su nacimiento tiene que vacunarse contra los riesgos contaminantes de una tradición política que hoy está profundamente cuestionada por un altísimo porcentaje de la ciudadanía. No es la hora de las trivialidades, los egoísmos y las pequeñeces que terminaron por hundir la política y a los partidos tradicionales. Esta es la hora de la grandeza, es la hora del gran encuentro entre el pueblo, su líder y un cuerpo de doctrina para retomar el rumbo y conducir al país hacia un  destino bueno, amable y seguro para los cuarenta y siete millones de colombianos.

El Centro Democrático no es un fenómeno coyuntural para ganar unas elecciones y definir un pleito con un gobierno titubeante, desleal y sin norte. Por supuesto que los debates electorales de marzo y mayo hay que ganarlos, pero la tarea de largo alcance, la tarea de las luces altas, la tarea estratégica es abrir la trocha de un camino largo, complejo y difícil para recuperar el monopolio legitimo de la fuerza generadora de paz y tranquilidad, restablecer la confianza ciudadana y sentar los pilares de una solida transformación institucional que sea incluyente y profundice la democracia soñada por todos los colombianos.