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Jueves 26 de Abril del 2018

¿Elecciones sin garantías?

Publicado en:

El Espectador  | 

Autor(a): Luis Carvajal Basto  |

Fecha: 06/04/2015

 

Foto: contagioradio.com

La decisión del gobierno, al suspender la Ley de garantías electorales, corresponde al complejo momento de la economía pero concede ventajas a gobiernos locales corruptos y fortalece la aspiración presidencial del Vice presidente. ¿Qué pesa más?

Está claro que Santos no se jugará una nueva reelección. Entonces, estará prohibida para un presidente en ejercicio. De ahí a afirmar que la medida es inocua existen grandes diferencias. Lo primero que se ha escuchado decir a sectores de la oposición es que Santos está pagando la promesa no cumplida de prorrogarles los periodos con este premio de “consolación”.

No le falta sentido a una iniciativa que pretende garantizar la ejecución del gasto público en un momento en que la economía se encuentra amenazada por la caída en los precios del petróleo y se ha “revelado” el nivel de dependencia de sus exportaciones. Si el gasto se ha debido recortar, por la caída en los ingresos del Estado, lo menos que podemos hacer es propender porque los presupuestos vigentes se ejecuten.

La medida, sin embargo, suena como una advertencia en un mercado atento a las señales que envía el gobierno. ¿Es una innecesaria muestra de debilidad? O será, más bien, que las cosas se están complicando más allá de las previsiones del Banco de la República que ya redujo las perspectivas de crecimiento al 3.6%? El anuncio del presidente tiene un efecto psicológico y por tanto económico. Produce temores que desestimulan la inversión.

Reconvertir la economía en un breve periodo de tiempo, como lo anuncia algún ministro optimista, es más complejo que nuestros buenos deseos. Aunque estamos lejos de una crisis cambiaría, asusta la tranquilidad de la junta directiva del Banco ante la trepada del dólar, que empieza a impactar, entre otros efectos, los niveles de inflación.

Resulta cándido pensar que la medida no influirá en las elecciones de alcaldes y gobernadores manteniendo la actual estructura del poder local y las perspectivas políticas de cara a las presidenciales de 2018.Se ha dicho, con razón, que esas elecciones serán su primera gran batalla.

En ese escenario, el primer elemento a considerar es la indudable presencia de corrupción en algunos gobiernos departamentales y locales. Casi mil alcaldes y 30 gobernadores han sido sancionados o destituidos por los organismos de control, algunos de ellos vinculados, incluso, en homicidios, sin que tomemos medidas frente al problema de fondo: una descentralización que se quedó en la mitad y cuyo gran ausente es la participación y el control ciudadano sobre unos gobernantes, en muchos casos, convertidos en reyezuelos, como lo han develado investigaciones y medios. ¿De qué manera dar rienda suelta a la contratación, en un año de elecciones, sin que esa situación empeore?

El segundo elemento es la forma en que la consolidación de las fracciones y movimientos políticos, hoy en esos gobiernos, favorecerá a unos u otros candidatos en 2018.Por lo pronto, el único pre candidato, formalidades por surtir, es el vice presidente Vargas Lleras quien ya cuenta con enormes presupuestos y ministerios, vivienda, vías etc., a su disposición. No les falta razón a quienes se sienten en desventaja ante él.

En resumidas cuentas la suspensión o derogatoria de la ley de garantías puede ser necesaria pero tiene innegables defectos. No queda duda que el congreso aprobará la propuesta presidencial y solo cabe esperar que se faculte a los organismos de control para evitar, en lo posible, más lamentables desbordamientos. Una medida podría ser la restauración de la figura del Veedor nacional, pero si el asunto trata de dinamizar la economía ¿no teníamos otras medidas disponibles?

Posdata: hablando de alternativas a un escenario de empeoramiento de las actuales circunstancias, valdría la pena, saliéndose algunas líneas de una supuesta ortodoxia, observar lo que hicieron los Estados Unidos para sobreaguar la crisis, alimentando el gasto público en lugar de reducirlo, cosa que se empieza a hacer en Europa luego de fracasar la restricción, al punto de abrir el debate sobre los límites de las reglas fiscales.

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