El reciente arresto de un empresario argentino acusado de haber financiado al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Colombia entre 2011 y 2015, pone nuevamente los ojos sobre la relación entre corporaciones y grupos armados en el país sudamericano.

Roberto Jorge Rigoni, quien había estado prófugo de la justicia de Colombia desde 2015, fue arrestado en la ciudad de Campana, a 90 Kilómetros de la capital de Argentina, el 9 de mayo, reportó El Tiempo. El empresario enfrenta cargos en Colombia por concierto para delinquir y financiamiento al terrorismo.

Rigoni tenía un rol importante en la multinacional ítalo-argentina SICIM, empresa que había sido contratada en Colombia por Ecopetrol para la construcción del oleoducto Bicentenario en el departamento de Arauca, en los Llanos Orientales de Colombia.

Según las autoridades de Colombia, Rigoni coordinaba el envío de fondos destinados al Frente de Guerra Oriental del ELN por medio de una empresa prestadora de servicios subcontratada por SICIM.

Además del dinero, Rigoni es acusado de facilitar al ELN listados de ejecutivos e ingenieros de SICIM y de su competencia para el cobro de extorsiones, e información sobre la ubicación de maquinaria para ser incinerada en caso de incumplimiento de los pagos.

Este no es el único caso de presunta colaboración de empresarios con grupos ilegales.

En febrero, las Fuerzas Militares de Colombia detuvieron a Jhonny Alexánder Bello Ortega, uno de los principales contratistas de obras públicas de Arauca. Bello es acusado de ser financiador del Frente de Guerra Oriental del ELN.

La empresa de Bello Ortega, Coinsac J&Y Ltda., ha obtenido 47 contratos de obras públicas por parte de la gobernación y varias alcaldías del departamento, informó El Espectador.

Pero es su relación con Luis Felipe Ortega Berna, alias “Garganta”, uno de los líderes del Frente de Guerra Oriental, quien sería su tío, lo que hizo que la Fiscalía comenzara a investigar si los fondos del Estado llegaron al grupo guerrillero.

En la historia del conflicto colombiano ha habido otras multinacionales que se han visto involucradas en escándalos parecidos. La multinacional norteamericana Chiquita Brands, la firma alemana Mannesmann y la firma brasilera Odebrecht también han sido señaladas de hacer pagos a los grupos ilegales.

Análisis de InSight Crime

Aunque la financiación de grupos armados ilegales por parte de emprensas de Colombia se viene documentado desde los años ochenta, los casos de Rigoni y Bello Ortega son muestra de la sofisticación a la que han llegado estas relaciones.

En los años ochenta y noventa, varias empresas colombianas y multinacionales financiaron las operaciones de grupos paramilitares a cambio de protección y beneficios. Este es el caso de las empresas bananeras que financiaron a grupos paramilitares en el Urabá antioqueño durante los años noventa.

También se ha documentado el pago de extorsiones o “peajes” a grupos como las ya desmobilizadas Fuerzas Armadas Revolucionadas de Colombia (FARC) y el ELN desde hace décadas, particularmente en la zona de los Llanos Orientales, donde operan varias empresas petroleras. Los “peajes” usualmente corresponden al 10 por ciento del contrato en ejecución para el momento de la extorsión.

Más recientemente, las empresas y los grupos ilegales han renovado su relación.

La creación de empresas fachada para legitimar los pagos que se hacían al Frente de Guerra, y el uso del grupo armado para intimidar, hostigar y extorsionar a la misma empresa y a su competencia es un tipo de relación que poco se había visto anteriormente.

Los casos de Rigoni y Bello Ortega dan muestra de que el ELN no se limita al cobro de extorsiones a las empresas, o pagos ilícitos a cambio de seguridad. El grupo ha entrado en la competencia entre empresas petroleras, extorsionando a la competencia de uno de sus financiadores, y, por medio de contratos suscritos por sus colaboradores, puede haber recibido fondos del Estado mismo.