La verdadera resistencia civil es pacífica, como la marcha del 2 de abril, pero esconde una fuerza arrolladora que se hace incontenible en la medida en que crece el descontento, y esa firma lo hará crecer como espuma.

La última actuación de Eduardo Montealegre como fiscal general fue demandar una palabrita ante la Corte Constitucional para que el arreglo con las Farc dejara de ser un simple ‘acuerdo’ y se convirtiera en un ‘tratado’ de tipo ‘internacional’ como los que se firman entre Estados, con el fin de incorporar lo pactado a la Constitución de manera inmodificable. Aún resuena esta enormidad: “El pueblo no tiene competencia para dar marcha atrás a lo que se firme en La Habana”.

Lo anunciado la semana pasada alcanza los mismos objetivos, aunque por otro camino, y constituye un golpe de Estado porque modifica la Carta Política mediante un mecanismo que ella misma no contempla. Sobra decir que incorporar a la Constitución un acuerdo agenciado entre un presidente menoscabado –la última encuesta de Gallup es lapidaria– y un grupo terrorista es una verdadera aberración, un acto despótico, un abuso de autoridad que enseña rasgos de tiranía.

Y no es que las Farc se estén curando en salud para tener garantías de que les cumplan, o para no ser asesinados como los de la Unión Patriótica. Estos terroristas pretenden blindar los acuerdos porque cada una de las concesiones obtenidas los ponen más cerca de su objetivo de imponer el comunismo –en lo que demuestran una admirable persistencia–, pues los cambios implícitos en la negociación son tantos que el país será otro, el que ellos sueñan.

Hugo Chávez fue investido en cuatro ocasiones de poderes habilitantes mediante los cuales modificó o aprobó 215 leyes que convirtieron a Venezuela en el desastre que hoy le quieren cobrar a su inepto sucesor. Y si bien eso se dio a lo largo de 13 años, la ley habilitante que está a punto de alcanzar Santos, por 90 días prorrogables, para desarrollar lo exigido por las Farc en La Habana, nos pondrá en el mismo camino: hay suficientes muestras de que a Santos solo le interesa satisfacer las pretensiones de la guerrilla.

Es hora de resistir porque lo que aquí ocurre tiene visos de dictadura. Aquí se premia el alzamiento armado mientras se sataniza la resistencia y la desobediencia civil. ¿Acaso no se trata de un derecho?, o ¿es que este solo rige para que la extrema izquierda pueda imponer sus ideas totalitarias y liberticidas a punta de violencia y terror? La verdadera resistencia civil es pacífica, como la marcha del 2 de abril, pero esconde una fuerza arrolladora que se hace incontenible en la medida en que crece el descontento, y esa firma lo hará crecer como espuma.

Resistencia civil como la de los venezolanos, como la que sacó a Dilma en Brasil, como la que ha sacado a varios mandatarios ecuatorianos, como la de las Damas de Blanco en Cuba –apaleadas mientras Obama mira para otro lado–, como la de miles de europeos contra el Estado Islámico o como la de la llamada Primavera Árabe.

La paz tiene que ser sostenible; reavivar y encumbrar a las Farc es un mal ejemplo que revictimizará de forma permanente a miles de colombianos y será caldo de cultivo de nuevas violencias. Un estudio de la Universidad Nacional revela que entre el 2002 y el 2015 se desmovilizaron 25.433 subversivos, el triple de los miembros de las Farc. Y la cifra de capturados fue aun superior (EL TIEMPO, 17/04/2016). Es que aplicar la ley no es sinónimo de ‘guerra’ y ‘sangre’, y es menos incierto.

En cambio, imponernos las transformaciones políticas, económicas, sociales y hasta culturales que las Farc pretenden bajo el rótulo de ‘paz’ es ponernos a transitar el más sombrío de los senderos que pueda recorrer cualquier sociedad, el peor de los mundos. Es que algo que se firma a oscuras y con carácter irreversible tiene que ser, sin ninguna duda, un pacto funesto.