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Martes 16 de Julio del 2019

Entre desplazados y confinados

Publicado en:

El Nuevo Siglo  | 

Autor(a): Editorial  |

Fecha: 28/06/2019

 

Foto: canal1.com.co

Preocupante informe de la Defensoría
Nariño y Chocó, dos casos alarmantes

Cada vez que la ONU publica su informe sobre los desplazamientos forzados de población en el mundo, dejando a Colombia como el segundo país más afectado por este flagelo en el planeta, después de Sudán, de inmediato se replica a nivel local que ese nada honorífico sitial se mantiene porque la Acnur suma todo el volumen de personas en nuestro país que tuvo que salir de sus lugares de residencia durante varias décadas de conflicto armado.

Incluso, en el informe más reciente de esa agencia multilateral se trajo a colación a Colombia, pero esta vez por ser el principal receptor de los más de tres millones de venezolanos que huyeron de su país en los últimos tres años debido a la crisis generalizada en materia política, económica, social e institucional causada por la dictadura chavista.

Si bien tienen razón quienes sostienen que Colombia ocupa el segundo lugar en materia de desplazamiento forzado de población debido a que se están sumando los más de 8 millones de personas que sufrieron este flagelo durante el conflicto armado, no quiere decir ello que este fenómeno ya hoy no se presenta.

Todo lo contrario: en medio del rebrote de la violencia producto de la falla del Estado en retomar el control territorial de las zonas dejadas por las Farc tras su desmovilización y desarme, el desplazamiento forzado está empezando a aumentar.

Prueba de ello es el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo según el cual en el primer semestre de 2019 se han registrado 35 casos de desplazamientos masivos de población que afectaron a más de 8.200 personas, especialmente en los departamentos de Nariño, Norte de Santander, Córdoba, Antioquia, Chocó, Magdalena, Valle del Cauca y Cauca.

Especial alarma produce la situación en Nariño, ya que allí, según la Defensoría, hubo en los primeros meses de este año 11 casos de desplazamiento forzado, con más de 3.500 víctimas. Esto quiere decir que en esa región se concentró el 43 por ciento de todo lo ocurrido a nivel nacional.

En Chocó la crisis es también complicada. La Defensoría señala que en este departamento los grupos armados ilegales han confinado más de 11.300 personas de 54 comunidades en lo corrido de 2019. A nivel nacional, el total de afectados por este fenómeno, que obliga a las personas a encerrarse en sus propias casas y corregimientos, sin poder salir de ellos por temor a ser blanco de los grupos ilegales, es de más de 14.700 personas, siendo Nariño el segundo departamento impactado.

Como se ve, estamos ante una tragedia humanitaria que exige del Estado la urgente intervención antes de que se regrese a las infaustas épocas de años atrás. Las crisis en estos dos departamentos no son nuevas. Por el contrario, desde hace dos años se viene denunciando cómo las disidencias de las Farc, la guerrilla del Eln, las bandas criminales emergentes y los grupos armados que trabajan directamente para organizaciones narcotraficantes, de minería ilegal, contrabando y de tala ilegal de madera han convertido muchas zonas de esas dos regiones en verdaderos campos de batalla de baja intensidad, con asesinatos selectivos y hasta masacres. Si bien la Fuerza Pública les ha asestado fuertes golpes a los cabecillas, mandos medios e integrantes de base esas facciones de crimen organizado, su operatividad continúa avante.

Los desplazamientos forzados y los confinamientos tienden a ser fenómenos, en no pocos casos, silenciosos, ya sea porque se producen a cuentagotas, en regiones muy apartadas o simple y llanamente porque la población que es víctima no denuncia esta clase de agresiones por temor a ser blanco de retaliaciones aún más violentas.

Resulta entendible a todas luces que el Estado este dándole prioridad a la estrategia para combatir la racha de asesinatos de líderes sociales. Sin embargo, también debe prestar igual atención a las más de 20 mil personas a las que en menos de seis meses los ilegales obligaron a salir huyendo de sus casas o las mantuvieron por días o incluso semanas encerradas en sus viviendas, corregimientos y veredas. ¿Cuántas lograron retornar a sus sitios de origen? ¿Con qué garantías de seguridad? ¿Qué porcentaje de población ya logró salir del encierro obligado? ¿Los actores violentos que generaron las agresiones ya fueron neutralizados por las autoridades? ¿Qué medidas se tomaron o están tomando para evitar la repetición de estas crisis humanitarias?… Esas y muchas otras preguntas necesitan urgente respuesta de los gobiernos nacional, departamentales y municipales.

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