Por Óscar Montes
La Ley del ‘Montes’
@leydelmontes
El Heraldo, Barranquilla
4 de febrero de 2012
Cada vez que el país conoce de un hecho relacionado con el Palacio de Justicia, de inmediato se genera una gran conmoción. Así ocurrió el pasado lunes, cuando el Tribunal Superior de Bogotá reafirmó la condena a 30 años de cárcel al coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega por, al parecer, ser "coautor mediato de un concurso homogéneo de delitos de desaparición forzada".
Y, además, solicitó a la Corte Penal Internacional investigar al ex presidente Belisario Betancur por su actuación durante la toma del Palacio por parte del M-19, ocurrida en noviembre de 1985. La noticia causó conmoción y malestar en los cuarteles, donde Plazas Vega es considerado un héroe y el verdadero "defensor de la democracia", durante la ocupación realizada por el entonces grupo guerrillero. "Condenar a mi coronel Plazas no solo sería una afrenta al Ejército, sino una enorme injusticia con los soldados de la Patria", me dijo un coronel recientemente retirado, quien mantiene estrecha relación con oficiales activos. La decisión contra Betancur también alteró los ánimos, y hasta el propio Juan Manuel Santos salió en su defensa y le pidió perdón a nombre de los colombianos, hecho que, a su vez, lo enfrentó con los presidentes de las altas cortes. Pese a que aún falta el recurso de casación para que el fallo quede en firme, lo cierto es que el luctuoso y siniestro capítulo del Palacio de Justicia sigue abierto y ya es hora de que los colombianos todos, nos pongamos en la tarea de cerrarlo de una vez y para siempre.
Las decisiones parciales adoptadas en el pasado y que sólo beneficiaron a uno de los protagonistas de la toma, como fue la amnistía concedida a los miembros del M-19, dejó por fuera a los otros actores, quienes reclaman para sí no gestos de perdón, sino de justicia, como hace poco declaró el propio Coronel Plazas Vega.
Mientras el Palacio de Justicia sigue sin cerrar sus heridas, la verdad sigue siendo la gran ausente desde aquel aciago 5 de noviembre de 1985.
Está visto que cada una de las partes solo ha contado parcialmente la historia, lo que equivale a una verdad a medias, que es tanto como una mentira. ¿El fallo del Tribunal Superior de Bogotá es una decisión política y no jurídica? ¿Cuáles fueron las verdaderas motivaciones del fallo y qué hay detrás del mismo? ¿Qué tan politizada es la decisión ¿Llegó la hora de una Ley de Punto Final?
1. ¿Justicia con color político?
El gran problema de las sentencias judiciales cuando resuelven problemas difíciles o trágicos -y el Palacio de Justicia es lo uno y lo otro- es que nunca logran forjar una opinión unificadora, básicamente porque van acompañados de una profunda carga ideológica. Y ese problema es mucho mayor cuando los jueces, como en el caso de los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, van más allá de sus obligaciones legales o de su conocimiento probatorio para introducir afirmaciones de puro contenido político con una alta carga ideológica, o, incluso, con una alta discutibilidad jurídica, como ocurre con el llamado a la CPl para que juzgue al ex presidente Belisario Betancur. Semejante esperpento hace dudar de la objetividad del fallo y de la pulcritud de quienes lo emiten. A ello contribuye hechos como el del magistrado Alberto Poveda Perdomo, señalado públicamente de militar en el Polo Democrático y haber aspirado a cargos a nombre de ese partido, sin que el togado lo haya desmentido. De ser así, su militancia atenta contra la transparencia de su voto y compromete la objetividad del mismo. También es aberrante el hecho de exigirle al Ejército que pida perdón por hechos imputables a miembros aislados de la Institución.
2. Convertir en jurídico un hecho político
La toma del Palacio de Justicia terminó convertido en un hecho jurídico cuando de lo que se trata es, fundamentalmente, de un hecho político. De hecho, la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 es el problema político más grave que ha debido afrontar el país en los últimos 30 años. Ahí radica el quid de todo el asunto que hoy tiene en ascuas a todo el país. En la historia de la humanidad, los hechos políticos se han resuelto políticamente, desde las guerras mundiales hasta el más insignificante conflicto interno de cualquier nación. Cuando, como ocurre en Colombia con el Palacio de Justicia, se le quiere dar tratamiento jurídico a un hecho político, se empieza a transitar el peor de los caminos, pues termina politizándose la justicia y judicializándose la política, que es el espectáculo que estamos viendo. El demencial acto de la toma del Palacio de Justicia por parte de un comando del M-19 tenía como fin último la realización de un juicio político al presidente Belisario Betancur, que terminaría, según los comandantes de ese grupo guerrillero, con la salida del mandatario de la Casa de Nariño. La respuesta militar a semejante afrenta al sistema democrático terminó produciendo el llamado "Holocausto", cuyas heridas siguen abiertas. El hecho de darle tratamiento jurídico a un hecho político ha llevado al país a un estado de crispación generalizada y de peligrosa polarización que podría agudizarse aún más si no se busca una salida política a la crisis. Mientras ello no ocurra, no habrá una opinión pública unificada sobre ese tema.
3. Otro choque de trenes
Pese a que al fallo del Tribunal Superior de Bogotá aún le falta el recurso de casación, interpuesto por el procurador general Alejandro Ordóñez, ante la Corte Suprema de Justicia, el sólo pronunciamiento del tribunal generó una gran controversia nacional en la que se han visto involucrados desde el presidente Juan Manuel santos, hasta los máximos representantes de los altos tribunales del país, quienes salieron a respaldar de forma incondicional a sus colegas. A Santos -quien pidió perdón al ex presidente Betancur y al Ejército por la decisión judicial- los magistrados lo señalaron de desconocer y desacatar la decisión, así como de ponerlos en la picota pública, lo que no deja de ser una muestra de hipersensibilidad, puesto que el fallo aún no está en firme y por lo tanto puede ser objeto de observaciones o, incluso, reparos, sin que ello implique violación a la autonomía de otra rama del poder público. Las relaciones de Santos con las cortes venían siendo cordiales, pero ya lo son menos y hasta se habla de un "choque de trenes", figura que imperó durante el mandato de Álvaro Uribe y que había sido proscrita por el actual mandatario. Santos no sólo no dudó en respaldar a Belisario y al Ejército, sino que parece dispuesto a mantener esa postura. Las alarmas están encendidas.
4. Es urgente una salida a la ‘sinsalida’
Ya es hora de que el país asuma de una vez por todas y para siempre una verdadera solución al problema del Palacio de Justicia. Tanto el M-19 como las Fuerzas Militares deben darle al país una explicación satisfactoria de lo que verdaderamente pasó antes, durante y después de la toma y la recuperación del Palacio de Justicia. El M-19 y sus antiguos militantes y hoy voceros deberán explicar si de verdad Pablo Escobar les financió la toma y cuáles fueron las reales intenciones de la misma. Deberán explicar, además, si el incendio que se produjo fue accidental o intencional y si su fin era la quema de los expedientes de narcotraficantes y guerrilleros. El Ejército, por su parte, tendrá que explicar cuáles fueron las razones que llevaron a algunos de sus oficiales a modificar la escena de los hechos, o haber decidido disparar, o, incluso, meter tanques de guerra a un recinto cerrado donde había rehenes, como era el caso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, muchos de los cuales murieron inmolados en el Palacio. La voz de su presidente Alfonso Reyes Echandía pidiendo que cesara el fuego aún retumba en la Plaza de Bolívar. La gravedad de la situación, amerita que el país comience a explorar en serio el diseño de una Ley de Punto Final, o un acto general de verdad y reparación, o cualquier otro instrumento que los juristas diseñen, que permita cerrar la página del Palacio de Justicia. Sólo de esta forma los colombianos podremos sanar las heridas aún abiertas. Pero para ello es necesario que los protagonistas -todos- nos cuenten la verdad verdadera de los hechos.
