La reelección no es problema. El lío de nuestras instituciones es lo demás: régimen presidencial sin partidos políticos, legisladores sin responsabilidad pero con injerencia en la administración, rama judicial sin independencia y mecanismos de control absurdos. En Occidente solo hay un país desarrollado con régimen presidencial: Estados Unidos, la primera democracia liberal del mundo, que fue modelo para Hispanoamérica. Los demás países desarrollados tienen régimen parlamentario, con elementos que mitigan el riesgo de inestabilidad inherente a ese régimen.
Los Estados Unidos tienen un sistema federal. Hay 50 estados con cierta autonomía: cada uno tiene sus leyes civiles y penales, pero con leyes federales por encima. En Luisiana, que perteneció a Francia, funciona el derecho romano, como en Italia, Francia, España e Hispanoamérica; en los demás estados se aplica el derecho común inglés con apoyo en las jurisprudencias de la Corte Suprema. Ella se pronuncia sobre la constitucionalidad de leyes y actos administrativos. Sin embargo, el número de Representantes a la Cámara federal por cada estado se determina con un procedimiento federal y el total se mantiene invariable, el Congreso de cada estado define los linderos de cada distrito electoral, y en cada uno se elige un Representante a la Cámara. En consecuencia, los mapas de los distritos responden a la conveniencia electoral del partido con mayoría en el congreso de cada estado.
El sistema federal mitiga en parte los riesgos de la excesiva concentración de poder del régimen presidencial. En regímenes unitarios, como el de Colombia desde 1886, en los cuales el Congreso único del país hace las leyes, el Presidente tiene en principio poderes formidables. Aunque está obligado en la práctica a tejer acuerdos informales para conseguir el respaldo de los congresistas. Cada uno de ellos ha invertido cifras importantes en su campaña, y muchos necesitan recuperar al menos buena parte. También hace daño que la formación de las altas cortes se preste para acuerdos clientelistas. De otra parte, las cabezas de los órganos de control negocian su elección en el Congreso. Así, aunque la gestión macroeconómica evite desbordes, la mala calidad del gasto público hoy, consecuencia del deficiente diseño del Estado, impedirá que mejore la vida de la mayoría de los colombianos pobres.
En Estados Unidos y en Colombia solo se permite una reelección presidencial. Esta norma constitucional es sana. Conviene que un buen gobernante tenga ocho años con reelección y perjudica que uno malo tenga cuatro sin ella. Por ende, antes de discutir la conveniencia de la reelección es preciso reorganizar las bases del sistema político, la relación entre los elementos que componen el Estado y su funcionamiento. ¿Seremos capaces de revisar nuestras instituciones, negociadas en forma improvisada en la Asamblea de 1991?
