Mientras algunos sectores del país y del mundo celebran el acuerdo logrado entre el Gobierno y las Farc en el tema de justicia, en Colombia un nuevo interrogante se abre sobre si este punto relacionado con las penas a pagarse por los delitos cometidos en el marco del conflicto está cerrado, o por el contrario, sigue en construcción o necesita ajustes.

Para el Gobierno Nacional, en palabras del jefe de su delegación negociadora, Humberto De la Calle, es un documento en desarrollo y fue informado de forma oportuna por el grupo jurídico asesor en una anotación en el documento.

“En el texto de 75 puntos hay materias pendientes de reglamentar, como por ejemplo, el alcance concreto de la expresión ‘restricción efectiva de la libertad’ y la relación de la Jurisdicción Especial con los otros componentes esenciales del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición”, indicó De la Calle.

Entre los temas a revisar —afirma—, está la relación o el alcance de la jurisdicción especial con otros componentes esenciales para la justicia como la verdad, la reparación y la no repetición.

Así mismo, el presidente Juan Manuel Santos, cuestionó la posición de los que han rechazado lo pactado en Cuba y afirmó que son los mismos que “estuvieron sentados más de tres años con los terroristas” y que se han encargado, al parecer, de infundir temor, tergiversando los acuerdos del proceso de paz.

Para las Farc está listo

Sin embargo, y desde la orilla de las Farc, el documento leído hace poco más de una semana es un acuerdo en firme y no puede tener variaciones en ninguno de los 75 puntos. Aseveran, incluso, que de cuestionarse el contenido, la fecha acordada para la terminación del conflicto armado también podría verse afectada.

“El acuerdo denominado Jurisdicción Especial para la Paz, Principios básicos del componente de justicia del Sistema integral de verdad, Justicia, Reparación y no repetición, está cerrado. No es cierto que con respecto a su contenido sustantivo y procedimental haya temas que requieran precisión adicional o un desarrollo que implique aclarar lo que no necesita aclaración alguna”, manifestaron las Farc en un comunicado emitido desde La Habana.

Sostuvieron los jefes guerrilleros que el texto recoge las expresiones logradas a lo largo de nueve meses de negociación —el punto más largo en discutirse—, y es un acuerdo transparente y redactado gramaticalmente aceptable.

Precisó la delegación negociadora de la guerrilla, que en el acuerdo no se habla de concentración de guerrilleros ni de lugares de confinamiento para subversivos que cumplan con el precepto de verdad.

Pero en contravía, Santos indicó que “la sanción se cumplirá en lugares concretos, en condiciones de austeridad, y bajo un régimen de vigilancia y control”

Se debe mostrar el acuerdo

Pese a las contradicciones entre las delegaciones del Gobierno y las Farc, hay un punto en el cual convergen y es en el de enseñar el acuerdo a la opinión pública para, según De la Calle, se dé “un conveniente debate ciudadano sobre los pormenores de lo pactado”.

Igualmente las Farc insisten en que para evitar especulaciones sobre el punto debe mostrarse lo pactado a la mayor brevedad, “no obstante, vale precisar para tranquilidad de la opinión pública, que los lineamientos esenciales del acuerdo han sido conocidos por varios países y organismos internacionales que lo han saludado y que han podido constatar su estricto respeto a lo establecido en el Derecho Internacional Humanitario”, declaró “Iván Márquez”.

El acuerdo sobre Justicia Transicional ha sido uno de los más polémicos en los 35 meses que van de negociación, y su discusión tardó nueve meses, más que los acuerdos ya firmados, pues sobre este se cimentó el pilar para la firma del acuerdo final.