Miércoles 22 de Noviembre del 2017

Está pasando

Entre las consecuencias adversas de un proceso como el de La Habana está el impacto en la inversión extranjera. Según cifras preliminares, habría caído un 6.2% en el primer semestre del año.

Algunos analistas han sostenido que era previsible y se lo atribuyen, sin fundamento, a variables internacionales. Si se mira el comportamiento de los fondos de inversión, con caída sostenida en las últimas cuatro semanas solamente para el caso de Colombia, aquel argumento se torna peregrino.

Desde febrero veníamos advirtiendo señales de retiro, en hidrocarburos, con devolución de zonas, y en minería, con renuncia a seguir esperando un código que no vio la luz del día en mayo, vencimiento de un plazo de dos años que la Corte Constitucional había dado al existente.

Al final del laberinto, esos cálculos mueren en La Habana.

Si bien es cierto que todo proceso de esa naturaleza genera cautela en los inversionistas, la proyección de su desenlace no desestimula la inversión de largo plazo cuando esa proyección resulta moderadamente optimista. Ese optimismo se finca en variables como las siguientes:

(a) Institucionalidad: cuando no sea previsible que el proceso afecte las instituciones democráticas ni el orden constitucional;

(b) Legalidad y seguridad jurídica: cuando no sea previsible que el proceso afecte el estado de derecho, aquel en el que las normas están por encima de las instituciones y las personas, ni sea previsible que cambie las reglas de juego bajo las cuales se establezca la inversión, al punto que vulnere derechos adquiridos.

(c) Temporalidad: cuando se trate de un proceso con un horizonte temporal establecido o cuando menos probable, pero en ningún caso indefinido.

El proceso habanero ha tocado y toca las tres variables. Propuestas tan descabelladas como sugerir que el más grande cartel del narcotráfico mundial se convierta en un aliado del estado en la lucha contra el narcotráfico, discutir la agenda nacional agraria sin los actores del agro como ausentes están las víctimas del terrorismo con el que se discute, o llevar a rango constitucional un marco jurídico que sugiere violar tratados internacionales suscritos por Colombia y que hacen parte del bloque de constitucionalidad, son ejemplos de lo que oímos diariamente de este proceso habanero.

Y la temporalidad no es la excepción. Santos habló de meses. Quienes se refieren al “postconflicto”, como si el conflicto ya hubiese pasado, hablan de años; la verdad es que parece un proceso más vinculado al calendario electoral que a la necesaria noción temporal de la negociación de sus temas.

Entre la demencial osadía de las propuestas y la falta de seriedad de su duración en el tiempo, amén del descuido del país real por cuenta de este proceso, la inversión extranjera prospectiva y la existente carecen de una proyección moderadamente optimista.

Por eso y por mucho más, no es cierta la manifestación del Presidente Santos de que si esto sale mal, “aquí no ha pasado nada”. Claro que ha pasado. ¿Cuánta riqueza se deja de generar por cada punto porcentual de inversión prospectiva que se pierde? ¿Cuántos puestos de trabajo se dejan de crear y cuántas familias pierden la oportunidad de salir de la pobreza por cuenta de esa pérdida? Así no sean miles sino apenas millares, claro que pasó y seguirá pasando si el país sigue prisionero del proceso de La Habana y teniendo por carcelero al gobierno nacional.

Haberlo intentado como lo intentó fue acaso una muestra de torpeza, imperita quizás y por tanto culpable. Pero mantenerse en ella en desmedro del país y con la obstinación de darse el punto, no me resulta imperita sino dolosa.

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