Hay numerosos interrogantes sobre la suerte de los niños que las Farc tienen reclutados. Cuántos, dónde y por qué no avanza su retorno. Ahora se informa que “los estarían soltando sin registro”.
Es una realidad la presencia de menores de 15 años en los campamentos de las Farc. Pero es peor, incluso, que se trata de jóvenes convertidos en combatientes novatos, inexpertos e ingenuos para soportar la crudeza del conflicto armado. Pequeños a los cuales les ha sido cercenada su infancia tempranamente. Más grave que lo anterior son la tardanza de las Farc para entregarlos, con tantas excusas, y la espera pasiva del Gobierno para recibirlos y restablecer sus derechos.
En ese escenario, surgen versiones entregadas a este diario de manera extraoficial, pero no menos verídicas y calificadas, según las cuales esa guerrilla estaría dejando que los menores de 15 años retornen con sus parientes, a sus hogares y comunidades, sin registro ni entrega formal a los equipos concebidos en el Protocolo de Salida y Plan Transitorio de Acogida que se acordó con el Gobierno.
Es urgente, primero, que las partes comuniquen, de manera conjunta, si ese proceso específico se encuentra frenado por las condiciones de “estancamiento e indefinición cronológica” que trajo el triunfo del No en el plebiscito y la consecuente improbación popular de los acuerdos firmados en La Habana y Cartagena los dos últimos meses.
Sin embargo, ello no debe ser evasiva para cumplir los pactos alcanzados en una materia tan sustancial como poner fin al reclutamiento de menores y las implicaciones que ello tiene de cara al Derecho Internacional Humanitario, la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma y la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, entre otros marcos humanitarios y jurídicos.
Si el cese bilateral y por ahora total de las hostilidades se mantiene, mientras se halla una salida de consenso para “corregir, perfeccionar y renegociar” lo pactado, es esperable que el Acuerdo para la Salida de Menores de las filas guerrilleras avance. Y no solo porque sea parte integral de las tratativas Gobierno-Farc sino por las implicaciones éticas y humanas que tiene. Arrancar a los menores de sus familias -incluso si fuese una opción consentida-, para llevarlos a combatir altamente expuestos por su inexperiencia, constituye, además de un crimen de guerra, una infamia.
Los registros oficiales señalan que, entre 1999 y el 30 de abril de 2016, se desvincularon de las Farc 3.609 menores. Cifra que corresponde a un registro mínimo y limitado frente al que las Farc no han querido entregar datos, números concretos y verificables.
Tal vez sea esa realidad tan condenable y repudiable, desde lo jurídico y lo ético, la que las Farc han querido ocultar y postergar, sin dar respuestas ni cumplir compromisos, ante el país y la comunidad internacional. Por ahora apenas han devuelto a 15 menores que pasaron a un refugio en el Oriente antioqueño.
Lo demás son anuncios de buena voluntad del Secretariado de las Farc y sus frentes, que no prosperan o que ahora se ven empañados por la posibilidad de que esa guerrilla esté ocultando la salida de los niños con procedimientos informales, lo cual, además de provocar un subregistro, priva a los menores de recibir la atención especializada que requieren y el restablecimiento de derechos que merecen.
Sería bueno que las Farc y el Gobierno den respuesta a tantos interrogantes y preocupaciones. En una sociedad que pretende reinventarse y humanizarse, los niños no pueden ser vistos ni tratados como un asunto menor.
