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Miércoles 26 de Junio del 2019

Fecode consolida cogobierno en la educación

Autor(a): Daniel Mera Villamizar  | 

Fecha: 24/05/2019

Exclusivo para FCPPC
 

Fecode - Foto: seguimiento.co

Acuerdo colectivo con MEN por pliego de peticiones logró que no se note cambio de gobierno.

El 15 de mayo se firmó un acuerdo de 36 puntos entre el Ministerio de Educación (MEN) y Fecode sobre el pliego de peticiones sindical. La educación está tan a su suerte que implica ir a contracorriente advertir que el MEN negoció materias que la ley no le permitía, pero que Fecode impuso a punta de paros especialmente en el último gobierno de Santos.

De los 36 puntos, al menos 10 son de política educativa, cuando la ley establece que se pueden negociar “las condiciones de empleo”, y define estas como “los aspectos propios de la relación laboral de los empleados públicos”. Lo demás no. Fecode, sin embargo, logró amarrar todavía más la política educativa a sus preceptos hasta diciembre de 2020.

Los preceptos de Fecode son: i) lo que necesita la educación es más plata, ii) nada importante de la educación se puede decidir sin consensuarlo con el sindicato, iii) toda la educación pública debe ser administrada por el Estado, y iv) el interés gremial de los docentes representa el interés general de la educación y cuidado con exigirles resultados a cambio de sus salarios, estímulos y bonificaciones.

Esos son los principios que rigen el acuerdo colectivo firmado, con un despliegue inquietante, y así es muy difícil avanzar en la reforma educativa que el país necesita. No se trata de imponerle a Fecode la reforma, sino de recuperar la gobernabilidad del sector y negociar con el sindicato desde una perspectiva distinta y con una agenda de largo plazo que tenga compromiso multipartidista.

Mientras un cambio así ocurre, tendremos que lidiar con el cogobierno de Fecode en la política educativa. Necesitamos hablar de reforma institucional para gastar más y mejor en el sector, pero el sindicato impone que la cuestión es “incrementar real y progresivamente los recursos financieros” mediante una reforma constitucional del Sistema General de Participaciones (punto 1 del acuerdo colectivo).

Resigna, además, el gobierno la iniciativa al aceptar que el proyecto de acto legislativo se formulará en una comisión con Fecode y agremiaciones, organizaciones y sectores sociales. Es decir, tendrá que negociar ahí antes de ir a negociar al Congreso. Y la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo serán garantes de “este proceso para lograr los consensos necesarios que permitan la concreción de esta reforma”. ¿Y la facultad deliberativa y legislativa del Congreso? Bien, gracias.

El punto 2 firmado condena a los niños de tres años a esperar al 2024 para tener 7,5% de cobertura de prejardín por seguir o compartir los preceptos de Fecode: si no es en “instituciones educativas oficiales, con planta docente oficial” no se puede. Pero es que estamos en el gobierno de Duque.

El presidente Duque prometió: “Implementaremos el plan de 1.000 preescolares públicos y público-privados en asociación con proveedores privados y asociaciones de profesores”. No hay que esperar al 2024. Regulando y depurando la oferta privada, con un sistema de bonos para los hogares, evitaremos que una parte de nuestros niños crezca en desventaja de su desarrollo integral, incluido el cognitivo. ¿Que Fecode no sumará nuevos afiliados con esta política? Pues sí, pero ese no es el punto.

El punto 6 llama la atención por la falta de medida del sindicato al imponer una suerte de cláusula petrista innecesaria, pretendiendo, de paso, tergiversar la letra y el sentido de los artículos 67 y 68 de la Constitución. ¿Por qué querer eliminar la posibilidad de una política nacional de colegios en concesión cuando necesitamos unir esfuerzos estatales y privados? De este gobierno no se espera que confunda lo público con lo estatal, así Fecode amenace con paros.

Se espera que si aumenta la bonificación pedagógica, exija resultados de la pedagogía, por ejemplo. De modo que como ciudadano aburrido con esta situación, voy a controvertir judicialmente los puntos de materias que no se han debido negociar en cumplimiento de la ley.

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