En entrevista con el subdirector de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, el fiscal dijo que tal como está la ley, permitiría que excombatientes de las Farc que vuelvan a delinquir mantengan beneficios.
El fiscal Néstor Humberto Martínez aseguró que le preocupan los delitos continuados como el narcotráfico, particularmente el de los cultivos ilícitos que pueden haber empezado antes de la firma de los acuerdos y que se puede haber mantenido después de eso.
“(…) sería muy grave que en estos casos los reinsertados tuvieran el beneficio de que esas conductas, se juzgue de acuerdo a la JEP. No es que sea la JEP o que sea la Fiscalía, es que si lo juzga la JEP lo hace en un marco de beneficios. Es decir, los reinsertados tendrían penas bajas de dos años, no tendrían penas privativas de la libertad y algo muy grave, la garantía de la no extradición”, señaló el funcionario.
Según el fiscal general de la Nación, hasta el momento hay 361 circunstancias ya comprobadas de reincidencia que incluyen secuestros y homicidios.
“Los delitos nuevos los vamos a juzgar desde la Fiscalía y por eso hemos hecho las investigaciones y tenemos alrededor de cien de ellos capturados. El gran tema de fondo es: y si volvieron a cometer esos delitos ¿vamos a mantenerles los beneficios del pasado? yo creo que eso es absolutamente incompatible por la violación del principio de no repetición”, aseveró el fiscal Martínez.
Afirmó que en discusión en el Congreso de la República con todas las fracciones políticas, se dijo que en esos caso si reincidían perderían todos los beneficios.
“Todo lo que ha terminado quedando que es que conservan los beneficios y gradualmente la JEP decidirá cuál va a ser la sanción, cómo se mantienen, etc. , sin ningún tipo de legalidad, es decir, a su libre albedrio de acuerdo a su discreción”, expresó.
Martínez añadió que sus advertencias sobre la posible entrada de la Corte Penal Internacional (CPI) al país son fundamentadas porque el organismo internacional podría investigar a los excombatientes de las Farc que hayan sido autores materiales de delitos de guerra.
“La Corte Penal Internacional no ha dicho, como se asumió en algunos sectores, que había que suscribir y sancionar la ley estatutaria”, dijo.
Aseguró que la CPI es un “verdadero ‘coco’”: “si hay muchas personas que abogan por la seguridad jurídica de los reinsertados deberían decirles, como agentes oficiosos o abogados de ellos, que cuidado llega a que haya impunidad frente a los autores de crímenes de guerra que no sean máximos responsables”.
