Una decisión política, presentada y sostenida sobre la aspersión de argumentos parciales, falsos dilemas y sofismas, es la razón por la cual Colombia dejó de combatir el cultivo de coca de manera eficaz. Los resultados están a la vista, y más de 180.000 hectáreas de coca, con una productividad duplicada, hacen de Colombia nuevamente el principal productor de coca en el mundo. Un solo municipio, Tumaco, tiene más cultivos que Bolivia y las consecuencias de semejante incremento sobrepasan los efectos nocivos, indeseables, de cualquier intervención en territorio. Y claro, esto no es solo consecuencia de haber dejado de fumigar, sino también de haber reducido los equipos de erradicadores, incumplido en programas de sustitución, ignorado la necesaria provisión de bienes públicos, promovido programas que incentivaron la siembra y tantos más factores que en diferentes dimensiones contribuyeron a este resultado.
La renuncia a combatir la coca fue progresiva. Primero se dejó de fumigar en la frontera con Ecuador, luego se dejó sin financiación a los grupos móviles de erradicación, y más tarde se restringieron los fondos para las operaciones de abastecimiento y transporte. De manera simultánea se decidió no fumigar en el Catatumbo (había cerca de 6.000 hectáreas, hoy hay más de 25.000) y también en junio de 2014 se decidió no hacerlo en el Putumayo (que pasó de 13.000 a 26.000 hectáreas). En mayo de 2015, antes de la sentencia T-236 de 2017 de la Corte Constitucional, el Gobierno anterior decidió, por su propia cuenta y riesgo, suspender de manera absoluta la fumigación en todo el territorio nacional.
Y claro, cualquier estrategia de erradicación tiene riesgos e impactos, consecuencias indeseables, como sucede sin falta con la intervención del Estado respecto de un problema de semejantes dimensiones. Y como es natural, el Estado debe reaccionar y hacerse responsable por ello e introducir las precauciones y las acciones necesarias para evitar y mitigar las consecuencias. Sin embargo, y esto es lo que no parecen querer reconocer en algunos sectores de la opinión informada, es que el peor escenario de la intervención nunca será siquiera comparable con una parte mínima de las consecuencias de permitir el crecimiento indiscriminado de la coca como ha venido sucediendo.
En materia ambiental, por ejemplo, la explosión de cultivos de coca ha significado que en el 30 % de los parques naturales haya cultivos ilícitos y el 24 % de la deforestación que ocurre en Colombia tenga en ello su origen. Decía el presidente Duque que por cada hectárea de coca se vierten 3,5 toneladas de químicos para su procesamiento (ácido clorhídrico, gasolina, cemento, amoniaco, etc.). Y así sucede también con el tema del orden público, en donde es fácil enterarse de la correlación entre coca y delincuencia: asesinatos selectivos de líderes sociales, minas antipersonales, extorsiones, toques de queda, reclutamiento, confinamiento, bacrim, GAO, carteles extranjeros y demás. Escandaloso es comprobar que el Observatorio Nacional de Salud sostiene que en los municipios donde tienen presencia los cultivos ilícitos hay 82 % más de probabilidades de morir con ocasión de la violencia.
Es un harakiri promover y justificar autorrestricciones desproporcionadas para impedir el combate de la coca. Hace bien el Gobierno en plantear el tema y hará bien la institucionalidad en darle las herramientas que reclama para que actúe de manera responsable.
