No será tarea fácil para el residente Santos firmar su supuesta paz de La Habana, porque para esto se requiere asegurar: la impunidad total; no entregar las armas ni desmovilizar las Farc mientras el Gobierno no les cumpla todo lo acordado, continuar con el cese del fuego del Ejército colombiano; disimular las actividades criminales de las Farc; y, lo más grave de todo, convivir con el narcotráfico en vastas zonas ya dominadas por las Farc.

Sin los indultos y las amnistías de antaño. El propio presidente Santos le solicitó al cuerpo diplomático acreditado en Colombia, en reunión celebrada con ellos, que instaran a sus gobiernos para que le colaboren en adecuar la justicia penal internacional para concederles indultos y amnistías a las Farc, “allí la comunidad internacional juega un papel muy importante, para darle legitimidad a cualquier solución que nos permita la paz”. Conclusión: sin impunidad total no habrá paz.

No entrega de las armas. Las Farc han sido muy claras: no dejaremos las armas sino cuando se hayan cumplido todos los acuerdos a entera satisfacción nuestra. Sostiene el procurador Ordóñez que una lectura cuidadosa de los acuerdos firmados revela que en ellos se pactó un modelo de dominación territorial, por medio del cual se institucionalizan las Farc y se desinstitucionaliza el Estado colombiano con la aprobación de una democracia excluyente en las zonas de reserva campesina. Complejo asegurar la sostenibilidad de unos acuerdos que seguramente serán refrendados con sesgos políticos e ilegalidades que pueden conducir a un conflicto aún mayor.

Convivencia con el narcotráfico. En los acuerdos de La Habana se acepta que el narcotráfico siga siendo el combustible de todas las guerras, tanto pasadas como futuras. Se aceptó la iniciativa de las Farc para convencer a los campesinos de que abandonen y sustituyan el cultivo de la coca, pero la erradicación forzada será consensuada con los campesinos. A los subsidios del Gobierno solo tendrán acceso los cultivadores de coca, motivo por el cual en el Catatumbo se han cuadriplicado sus plantaciones.

Regiones apartadas entregadas a las Farc. Insisto, en Colombia pueden existir cerca de 400 municipios sin presencia institucional del Estado. En La Habana se han pactado ya unos compromisos que bien pueden entregarle el 30% del territorio nacional a las Farc con sus policías rurales y el 70% restante al Ejército y a la Policía tradicional.

El próximo Gobierno. Tanto las Farc como el presidente Santos requieren que su sucesor les aplique y respete los acuerdos firmados y refrendados contra el Estatuto de Roma y con exclusión de los partidos tradicionales de las votaciones en las zonas dominadas por las Farc. Ese presidente bien podría ser Gustavo Petro y no Germán Vargas Lleras, como sueñan algunos.

Pero sea quien sea, recibirá un país sin rumbo económico, sin ambiente para invertir, con los empresarios privados en retirada por culpa de todo lo anterior, más los impuestos confiscatorios, las extorsiones y la inseguridad. Conclusión: el futuro de la paz se ve hoy más sombrío que siempre.