Fue mi profesor en la especialización en derecho constitucional en la Universidad Javeriana. En clase, las discrepancias fueron muchas, pero siempre respetuosas. Al final del curso me dio la máxima calificación, aunque mi ensayo construía una argumentación abierta y absolutamente contraria a la suya en materia del alcance de los derechos de las poblaciones indígenas. Ese era su talante.

Así que esta columna se escribe desde el respeto al maestro. Las críticas que aquí expreso no son contra él, sino contra algunas de sus ideas que, creo, tanto mal han hecho en nuestro país. En particular una, aquella en la cual defendía el “crimen altruista”, el delito cometido por quien se levanta en armas contra el Estado, y su tratamiento benevolente. Si bien es una tradición propia del derecho colombiano, que desde siempre ha establecido la figura del tratamiento preferencial para el delito político y la posibilidad de amnistías e indultos para quienes lo cometen, Gaviria fue mucho más allá.

En efecto, en su salvamento de voto en la sentencia C-456 de 1977 el entonces magistrado defendió que los homicidios y otros delitos cometidos por la guerrilla en combate no fueran penados. En su lógica, asesinar policías o soldados en combate era de la naturaleza de quien combatía contra el Estado y esos delitos debían quedar subsumidos bajo el delito de rebelión. Por cierto, buena parte de su argumentación se basaba en una interpretación equivocada del derecho internacional humanitario, interpretación que olvida que el DIH de los conflictos no internacionales establece de manera expresa que “no podrá invocarse disposición alguna del presente Protocolo con objeto de menoscabar la soberanía de un Estado o la responsabilidad que incumbe al gobierno de mantener o restablecer la ley y el orden en el Estado o de defender la unidad nacional y la integridad territorial del Estado por todos los medios legítimos”. Gaviria cometía otro gravísimo error jurídico: confundía el combatiente típico de los conflictos armados internacionales, con el rebelde del derecho interno, y pretendía para los rebeldes el tratamiento de los combatientes: “en el contexto del derecho interno, el rebelde es homólogo del combatiente”, dijo. No es poca cosa: a los combatientes los estados que los capturan no pueden investigarlos, juzgarlos o condenarlos. En otras palabras, al final Gaviria pretendía que a los guerrilleros el Estado no los juzgara ni condenara. Es el mismo tratamiento de “prisioneros de guerra” que siempre ha buscado la guerrilla.

Más adelante, ya en su papel de candidato presidencial (no me cansaré de señalar los problemas de legitimidad y el daño a la credibilidad de la Constitucional que se generan cuando los magistrados de esa Corte saltan de sus cargos a la política y hacen campaña con la sentencia en la mano), Gaviria fue incluso más allá. Como bien recuerda Eduardo Mackenzie, en un debate televisivo con Luis Carlos Restrepo sostuvo que “el delincuente político ni siquiera es delincuente, es un hombre equivocado que en el uso de las armas perdió, y si hubiera ganado no sería delincuente sino gobernante”.

La tesis que Gaviria defendía ha tenido un costo terrible para nuestra sociedad. Con base en ella, los guerrilleros, esos “hombres equivocados” que “ni siquiera son delincuentes”, se han sentido legitimados para asesinar, secuestrar, extorsionar, reclutar menores y abusar sexualmente de ellos, poner bombas y acudir al terrorismo, y cometer toda clase de crímenes de lesa humanidad y de guerra. Si no se toman el poder, creen que igual todo les debe ser perdonado. No se trata solo de que el fin no justifica los medios y que el estado debe perseguir y sancionar a quien acude a medios ilícitos, al crimen, sea cual sea su propósito. No, es más: en una democracia no hay justificación política alguna para matar y matar por razones políticas es tanto o más condenable que hacerlo por cualquier otro motivo. Si no lo aprendemos, no habrá proceso de paz que valga ni que sirva.