Glifosato, a revisión urgente

Se debe profundizar el debate sobre el cambio de enfoque de la guerra contra las drogas.

El glifosato es un producto que nunca generará unanimidad. Menos ahora que la Agencia Internacional para la Investigación sobre Cáncer (IARC), brazo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo acaba de incluir en el listado de sustancias con posibilidad de producir cáncer en humanos. Esto, a pesar de que sus fabricantes insisten en su inocuidad.

Lo anterior coincide con un estudio hecho en Argentina, divulgado la semana pasada, que relaciona fuertemente al herbicida con el aumento en el riesgo de provocar abortos espontáneos y de padecer, además de cáncer, otras enfermedades. Investigación que se suma a un buen número de artículos dentro de la literatura médica que apuntan en la misma dirección.

En igual sentido, y esta vez en el país, se revivieron los resultados de una investigación de Daniel Mejía y Adriana Camacho que sugiere un incremento significativo en la incidencia de enfermedades dermatológicas y de abortos no inducidos en las regiones donde se usa como herramienta para controlar los cultivos de coca.

Si bien algunos expertos cuestionan estos resultados por carecer de rigor y por la frágil evidencia científica que los respalda, la decisión de la IARC, soportada en análisis reproducidos por la exigente revista Lancet Oncology, en su número de marzo, obliga a darle una mirada profunda y seria, desde todas las aristas, al tema.

Habría que, también, darles valor a trabajos académicos que demuestran el bajo impacto costo-efectivo del glifosato como estrategia para reducir la oferta de drogas ilícitas y atacar las finanzas de las agrupaciones criminales vinculadas al narcotráfico. Un grupo de investigadores de la Universidad de los Andes demostró que para eliminar una hectárea cultivada con coca es necesario fumigar 30 hectáreas. Cuestionan, así mismo, que se tengan que invertir 72.000 dólares para erradicar una hectárea, cuando el valor de mercado de la hoja sembrada en esa área apenas alcanza los 400 dólares.

Estos y muchos otros argumentos pueden servir de base para iniciar un gran debate, sugerido en repetidas ocasiones por el propio presidente Santos al insistir en la necesidad de construir una política de drogas basada en la evidencia, en donde sean los trabajos académicos y científicos, y no las posturas ideológicas o políticas, los que señalen qué funciona, qué no y a qué costo.

Asuntos que, sin duda, se deslizan hacia el balance necesario que hay que hacerle al enfoque represivo de la llamada guerra contra las drogas, que desde muchos frentes se califica como poco exitoso.

Por ahora, la necesaria protección de más de 100.000 familias expuestas a las aspersiones en el país, al tenor de la advertencia de la Organización Mundial de la Salud, exige acciones en el campo sanitario. En ese sentido, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, anunció que hará un pronunciamiento la próxima semana. Se presume que desde esa cartera, y por motivos de salud, sugerirá la suspensión de las fumigaciones.

Una decisión que deberá ser tomada en conjunto por todas las entidades que lideran en el país la tenaz lucha contra las drogas. Buen paso, no solo para discutir estrategias alternativas al uso del glifosato, sino también de los fundamentos que sostienen la política antidrogas. Tarea nada fácil, pero en el momento, inaplazable.

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