En una auténtica democracia que no sea tan cacareada ni tendenciosamente mal entendida como la nuestra, gobierna el Poder Ejecutivo, de acuerdo con las leyes que emite el Poder Legislativo, mientras el Poder Judicial vigila y hace cumplir lo legislado, sancionando a sus infractores. Debe ejercer la vigilancia, interpretación y orden de cumplimiento en lo preceptuado. Así sería la auténtica democracia que con tanta distorsión se invoca y se practica en nuestro país.

Pero en Colombia, “país de cafres”, quien ejerce el gobierno porque dice la última palabra en todo y para todo es el Poder Judicial. Cualquier actitud del Ejecutivo a cualquier nivel es susceptible de demanda y termina el Poder Judicial ordenando lo que se debe hacer, en cualquier materia, en cualquier campo, con cualquier alcance y para cualquier desatino. El mismo Poder Legislativo debe referir todas sus actuaciones al Poder Judicial, para que este, en últimas, diga si lo legislado está “ajustado a derecho”. Y cuando un poder así tiene la última palabra en todo, está sentenciado a mantenerse errado en todo, porque quienes lo ejercen, abogados en ejercicio, no saben de todo para pronunciarse atinadamente en materias que les son extrañas y que nunca han sido de su estudio y atención. Si con dificultad y errores ejercen el Derecho. Así digan que consultan con los que saben, tal proceder casi siempre no es cierto y cuando lo es, la consulta la hacen con la respuesta incluida. Pontificar en todas las áreas del conocimiento es un exabrupto, y es por ello que Colombia jamás podrá salir del retraso y ostracismo hasta tanto cada poder ejerza con plenas facultades, idoneidad e independencia, la misión que le corresponde, establecida en las normas que definen a una auténtica democracia.

Sumándole la venalidad rampante que distingue a este poder en Colombia; su cualidad para dar soluciones que tardan eternidades y la politización para ejercer sus cargos llamada insolvencia profesional y moral, seguiremos siendo “país de cafres”.