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Viernes 20 de Julio del 2018

Golpe a la Carta

Publicado en:

El Mundo  | 

Autor(a): Saúl Hernández Bolívar  |

Fecha: 20/01/2014

 

Definitivamente, Colombia atraviesa por un momento crítico de su Historia. Estamos ad portas de que se le dé un golpe de mano a la Constitución de 1991: la legítima destitución del Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Orrego, por parte del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, podría caerse mediante mecanismos que, sin ninguna excepción, violan lo consagrado en la Carta Magna.

Antes que nada, recordemos que la Constitución Nacional faculta clara y ampliamente a la Procuraduría General de la Nación para investigar, sancionar —incluso con destitución, obviamente— e inhabilitar a funcionarios públicos por incumplir sus deberes sea por acción o por omisión, y trátese de funcionarios de carrera, de libre nombramiento y remoción o de elección por voto popular. De hecho, puede tomar también decisiones sobre ciudadanos que no siendo funcionarios públicos, son contratistas del Estado o manejan dineros públicos como se consagra en el Artículo 53 del Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002).

Es más, a pesar de la deplorable campaña de la gente de izquierda para hacer ver esta destitución como inconstitucional, se ha repetido hasta el cansancio que la Procuraduría General ha destituido alrededor de 1.800 funcionarios de elección popular de todas las vertientes políticas y de todas las regiones del país desde 1991, siendo particularmente prolíficos en estas sanciones los exprocuradores Jaime Bernal Cuéllar y Edgardo Maya Villazón. Y hasta ahora nadie había puesto tan en duda las facultades del procurador como lo ha hecho Petro, falso demócrata que se cree con derecho de reclamar un trato excepcional de la ley. Por cierto, la izquierdista “Teodora de Bolívar”, más conocida como Piedad Córdoba, también había intentado reclamar para sí un trato especial pero la Corte Constitucional dejó en claro las amplias facultades constitucionales de la Procuraduría.

Si la destitución de Petro se cayera, prácticamente habría que devolverles sus cargos a esos 1.800 funcionarios destituidos o, cuando menos, indemnizarlos generosamente por los perjuicios causados, lo cual sería un exabrupto. Pero peor fuera hacerle una concesión de esa naturaleza a un individuo al que ya se le han hecho demasiadas concesiones como la de indultarlo por su participación criminal en el M-19 o permitirle ser alcalde a pesar de haber sido condenado, en el pasado, por porte ilegal de armas, lo que constituye un impedimento para acceder a cargos de elección popular. Incluso, el actual procurador le había pasado por alto y archivado denuncias gravísimas como una por el pánico económico que generó iniciando su mandato con la absurda propuesta de fusionar las empresas públicas del Distrito.

La destitución de Petro está en riesgo de caerse en por lo menos tres escenarios:

Primero, que el fiscal general Montealegre, quien hoy funge de defensor de oficio de Petro y de las Farc, le dé a la decisión del Procurador un carácter delictuoso basándose en presuntas conspiraciones de los prestadores del servicio de recolección de basuras, para así devolver las cosas a su “estado inicial” según facultad que presume tener.

Segundo, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgue medidas cautelares a pesar de que, según expertos, estas solo son válidas en casos excepcionales de vida o muerte. La CIDH podría enfatizar en el cuento de que un funcionario administrativo no puede destituir a uno electo popularmente y que esto solo podría hacerlo un juez. Pero sería un esperpento admitir —como ya lo está exigiendo el fiscal Montealegre— una intromisión tan aberrante en nuestra soberanía, arrasando un mandato constitucional. Esto sería más grave que la admisión del fallo de la CIJ sobre San Andrés.

Y, tercero, que alguna tutela, como las que surten trámite en el Tribunal Superior de Cundinamarca, tumbe la decisión y que, finalmente, la Corte Constitucional contradiga sus sentencias anteriores y la avale. Ya se ha llegado demasiado lejos con la actuación de un magistrado de dudosa ortografía, como el tal José María Armenta, por lo que no sería nada raro que este sea el mecanismo que salve a Petro más que de la destitución, de la inhabilidad, porque él a lo que le apunta es a convertirse en inquilino vitalicio del Palacio de Nariño.

En cualquiera de esos escenarios, le diremos adiós a la Procuraduría, adiós al sistema de pesos y contrapesos del Estado, y adiós a la democracia misma, por imperfecta que parezca la nuestra.

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