El Congreso tiene autonomía para decidir las objeciones presidenciales, pero el golpe político fue severo. Aunque hubo obstruccionismo, el Gobierno deberá hacer ajustes eficaces, y pronto.
Fue aplastante la mayoría que en la Cámara de Representantes votó por rechazar las objeciones presidenciales a algunos de los artículos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz: 140 votos en contra de esas objeciones, frente a solo 44 a favor de aprobarlas.
El hecho tiene evidentes consecuencias políticas, lecciones de las que el Gobierno habrá de tomar nota, y reflexiones sobre la seriedad con la que en este país puede abordarse el debate de los Acuerdos de paz con las Farc y la Jurisdicción Especial de Paz, entidad que pareciera elevada a la condición de intocable e incontrolable.
Hay que decir desde el inicio que las objeciones presidenciales se remiten al Congreso para que éste, en sus dos cámaras, las someta a consideración y debate. La primera etapa se hizo en la Cámara de Representantes y allí se conformó una mayoría contraria, a la que a la oposición (Polo Democrático, los Verdes, los petristas) se sumaron el Partido Liberal del expresidente César Gaviria, Cambio Radical, alineado a su líder en la sombra, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, y sectores de la U que siguen las orientaciones del senador Roy Barreras. Esta mayoría aplastó la posición del Gobierno y del Centro Democrático. Ello hace parte, sin embargo, de las reglas del funcionamiento del sistema, con la separación de poderes y con las competencias constitucionales de las cámaras legislativas.
La negativa a las objeciones presidenciales no fue sorpresiva. Venía anunciada desde la misma actitud obstruccionistas del presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, quien ha actuado más como agente de su partido (el liberal) que como garante institucional como correspondería con su investidura.
En el trámite de las objeciones se conformó un bloque que logró imponer la creencia de que las objeciones a la ley estatutaria de la JEP eran torpedos al proceso de paz, e incluso a decir que era “desacato” a sentencias judiciales de la Corte Constitucional, algo que esta misma corporación se negó a convalidar cuando le fue presentada en bandeja la tentación de atravesarse. O la intervención netamente política del procurador Fernando Carrillo. También el exministro de Justicia Yesid Reyes cayó en el despropósito de insinuar que los parlamentarios que votaran las objeciones presidenciales quedarían incursos en investigaciones penales por violar la ley. No hubo eficacia gubernamental en contrarrestar tanta intoxicación militante. Los mismos parlamentarios del Centro Democrático han dicho en voz alta que se sintieron dejados a su suerte. Grave error.
El trámite de las objeciones, que todavía debe hacer tránsito por el Senado, parece ya fracasado. El presidente Duque, al hacer el anuncio de esas objeciones, adelantó que respetaría y acataría la decisión del Congreso. Así debe ser. Lo cual no quiere decir que él y su Gobierno permanezcan resignados a la pérdida de apoyo en el Legislativo. Habrán de hacer los ajustes que se requieran, mostrando al país que permanecen firmes en no ceder al chantaje del intercambio de burocracia y presupuesto público (contratos, nombramientos, cuotas) por votos en el Congreso. Pero sí establecer mecanismos de comunicación y entendimiento más productivos y eficaces con los partidos que, como Cambio Radical o sectores de la U, no tienen posiciones ideológicas o filosóficas irremediablemente contrarias a las del Gobierno.
