Pueden ponerle el nombre que quieran. Incluso los más incrédulos la empiezan a llamar de “baja intensidad”. Pero lo cierto es que el régimen que gobierna en Venezuela, con uso y abuso de todas las ramas del Estado y el ejercicio totalitario del gobierno, le ha declarado la guerra a la nación. Es decir, a la gente, al ciudadano común, a la familia venezolana que en ocho semana sobrepasa los cuarenta muertos por la violencia oficialista, cerca de dos mil heridos, un centenar de torturados y cualquier cantidad de compatriotas perseguidos con una ofensiva violenta sobre sus viviendas y parientes.
En la mayoría de las capitales de los Estados y en la misma Caracas, los estudiantes siguen en las calles. No están solos. Ahora los acompaña un pueblo decidido a recuperar los espacios de libertad que le son arrebatados. En la mayoría de los barrios y urbanizaciones se establecen trincheras de resistencia frente a las agresiones sistemáticas de verdaderos escuadrones de la muerte que algún día tendrán que responder por sus acciones. Estos escuadrones, el gobierno los llama ”colectivos” cuando los felicita públicamente, están integrados por civiles y militares armados que operan sincronizadamente.
Por el lado civil están muchos de los peores delincuentes que ha tenido el país. Se incluyen fugados de las cárceles y bandidos a los cuales se les da libertad condicional para tenerlos al servicio del régimen. Algunos están uniformados como Guardias Nacionales o miembros de la Policía Nacional. Por otro lado están los efectivos reales de la GN y de la PN. Dejan actuar libremente a los escuadrones y hasta los protegen. Sin embargo, es importante establecer que muchos oficiales de la Guardia Nacional y de otras ramas de las Fuerzas Armadas, destacados oficiales del ejército, de la aviación militar y de la marina, rechazan esta criminal conducta. Ya no ocultan su malestar. Se niegan a participar en esta represión creciente que terminará no con la liquidación de las luchas por la libertad, sino con la de un régimen probadamente ineficiente y altamente corrompido. No hay confianza en Nicolás Maduro. Tampoco respeto y la lealtad debida desaparece progresivamente.
En la pasada semana arremetieron contra la planta física de las universidades. Destrozaron áreas enteras de las casas superiores, robaron y golpearon a estudiantes. Hay pruebas en fotos, grabaciones y múltiples testimonios, pero no hay instancias creíbles ante las cuales acudir. La Conferencia Episcopal Venezolana acaba de publicar un documento responsabilizando al gobierno por la violencia, cuestionando la represión, el allanamiento a la inmunidad parlamentaria, la detención de algunos alcaldes importantes, la amenaza contra otros y un llamado a la paz, pero eso sí, fundada en la justicia. La declaración ha recibido el respaldo de los sectores laborales, empresariales y universitarios. La lucha se profundiza.
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Viernes, 4 de abril de 2014
