Hacia otra doctrina militar

Que las Farc se congratulen del cambio de doctrina militar del Ejército indica la inoportunidad del momento para anunciarlo. ¿Quién va a proteger a la población en el postconflicto?

El viernes de la semana pasada, en un foro académico en la Universidad del Rosario, en Bogotá, el comandante del Ejército Nacional, general Alberto José Mejía Ferrero, anunció que había ordenado la “revisión formal y total de toda la doctrina militar” aplicable en nuestro país. El fundamento de tal revisión, dijo, es “el momento estratégico que vive el Ejército de Colombia”. Horas antes se había anunciado el acuerdo entre el gobierno y las Farc para crear una Jurisdicción Especial para la Paz, de justicia transicional que incluye amnistías e indultos a los guerrilleros, y se había fijado plazo para firmar los acuerdos, en marzo de 2016.

Posteriormente, en declaraciones radiales, el general Mejía Ferrero dijo que este es un proceso de revisión de la doctrina que se inició hace cuatro años. En paralelo, el negociador jefe del gobierno con las Farc, Humberto De la Calle, y el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, insistían en explicar, sin éxito, que el replanteamiento de la doctrina militar no fue una imposición de la guerrilla en La Habana ni algo que se hubiese negociado con ellos. La respuesta del negociador de las Farc, alias “Iván Márquez”, en un trino (28 de septiembre), fue más que elocuente: “Saludamos la decisión del ejército de replantear la doctrina militar. Es una necesidad de la paz”. Que la contraparte en el combate se congratule de un cambio tal, no es precisamente porque se vea amenazado por dicho viraje.

Esta paz que nos anuncian se ha buscado negociando con las Farc, apoyándose en la labor previa de las Fuerzas Armadas cuando le fueron permitidas sus funciones constitucionales de protección a la población civil y de los territorios. En este proceso el uso de las palabras y la repetición de afirmaciones se ven reiteradamente desmentidas por los anuncios posteriores, ya entregados a los colombianos como hechos consumados. Solo se deja abierta como vaga expectativa de control ciudadano un indefinido proceso de refrendación popular de los acuerdos de paz.

Hay que aclarar que no es absurdo el estudio de una nueva doctrina militar, pues si hay acuerdos con la guerrilla, los retos de seguridad mutan y no necesariamente para mejor. Pero fue inoportuno el momento del anuncio, y ha sido lamentable la falta de claridad al justificar el cambio.

Al mismo tiempo, desde Nueva York, el presidente Juan Manuel Santos anunciaba que Colombia aportaría gradualmente unos 5.000 uniformados a los Cuerpos Especiales de Paz de las Naciones Unidas. Es decir, en momentos en que se nos dibuja como inminente la reinserción de otra cantidad de miles de guerrilleros, que poco más que usar armas y delinquir saben hacer, se nos informa que buena parte de los efectivos de la Fuerza Pública se dedicarán a misiones en el exterior. Propósito noble, pero que subordina necesidades de interés nacional más acuciantes.

El presidente Santos parece considerar que una vez firme los acuerdos con las Farc, se acaban las amenazas a la seguridad interna. Y que puede disponer de la fuerza pública para otros menesteres muy alejados de los incontables problemas de orden público que no solo siguen vivos, sino que se agudizarán. El postconflicto es un reto de seguridad mayúsculo. Nadie en el gobierno da señales de saber asumirlo.

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