Jueves 19 de Octubre del 2017

¿Hasta dónde llega la corrupción?

Publicado en:

El Tiempo  | 

Autor(a): José Miguel Alzate  |

Fecha: 20/04/2016

 

Cristina Plazas Michelsen, directora del Icbf - Foto: lafm.com.co

El caso de corrupción en los programas de alimentos escolares demostró la poca preocupación de los gobernantes por los niños.

El reciente hecho revelado por los medios de comunicación sobre cómo en la Costa Atlántica se roban los dineros que el Estado apropia para garantizar la seguridad alimentaria de los niños en edad escolar deja perplejo a cualquier colombiano.

Llegar al extremo de no proporcionarles a los estudiantes de escasos recursos económicos las raciones alimenticias acordadas en los contratos, es atentar contra la salud de cientos de niños que, por encontrarse en proceso de crecimiento, necesitan una dieta balanceada. El valor civil de una educadora al denunciar a los contratistas que entregan los alimentos en los planteles educativos obligó a los entes de control a poner sus ojos en contratos donde -a la fecha- se han robado 12.745 millones de pesos.

El Programa de Alimentación Escolar que impulsan en todo el país el Ministerio de Educación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar maneja un presupuesto de 423.210 millones de pesos para atender a una población aproximada de cuatro millones de escolares. ¿Cuánto de estos recursos llega a los bolsillos de los corruptos sin que cumplan las propuestas? Si solamente en siete departamentos de la Costa Atlántica se apropiaron de casi 13.000 millones de pesos, ¿cuánto se pudieron llevar en los demás departamentos? La adjudicación por contratación directa abre las puertas para que alcaldes corruptos, que llegan al cargo solamente para enriquecerse, entreguen estos contratos a sus amigos para sacar tajada de esas partidas millonarias.

No se justifica que los beneficiarios de los contratos para atender el Programa de Alimentación Escolar entreguen a los estudiantes raciones que no cumplen con el contenido de carbohidratos, grasas y proteínas que se exigen con el fin de garantizar la calidad de la alimentación. ¿No piensan estos señores que de una buena nutrición depende, en parte, el rendimiento académico de un estudiante? Quitarles a las raciones contenido nutritivo para ahorrarse unos pesos, es jugar con la salud de menores que necesitan complementos vitamínicos para crecer sanos y fuertes. Dándoles un pan y un pedazo de mortadela no suplen la cantidad de vitaminas que necesita un infante para mantenerse saludable. Lo más grave en este caso es que a veces les entregan comida en descomposición.

¿Hasta dónde llega la corrupción con los contratos para suministrar alimentos en los planteles educativos? Es difícil imaginarlo. Pero que como refrigerio se entregue en un plantel educativo de Aguachica una tajada de mango y un huevo duro es demostrativo de la poca preocupación que los contratistas tienen por la nutrición de los escolares. Sobre todo cuando los valores unitarios que ofrecen en el momento de contratar superan cuatro o cinco veces el costo de estos dos productos. ¿Qué hacen, entonces, los interventores de los contratos? ¿No cumplen su deber de exigir calidad en las raciones? ¿Se hacen los de la vista gorda? De ser así, es porque también están contaminados, es decir, reciben su parte por dejar pasar sin cumplir lo propuesto.

El columnista Juan Lozano se preguntaba esta semana si quienes les roban la comida a niños con hambre no merecen cadena perpetua. A renglón seguido decía: “Se necesita haber descendido hasta las más profundas cavernas de la perversidad humana para abusar del poder político y montar una empresa criminal que les quita de la boca sus alimentos a niños hambrientos”. Esta es una gran verdad. Sobre todo cuando se tiene conocimiento de que en una escuela de Aracataca les daban de almuerzo a los niños, en lugar del pedazo de pollo por el que se pagó, las arepas que sobraban del desayuno. Reducir las porciones es un delito. Lo mismo, entregar alimentos mordidos por roedores. ¿No se contrató, acaso, una alimentación balanceada, de calidad nutricional?

Lo que se ha descubierto en los departamentos de la Costa Atlántica debe prender las alarmas para que los organismos de control investiguen si en otras regiones está pasando lo mismo. No se debe permitir que los contratistas de este servicio entreguen a los escolares productos con fecha de vencimiento cumplida; ni que se adjudiquen los contratos a empresas creadas de la noche a la mañana solo para favorecer a los amigos de los alcaldes. Es infame lo que estos señores hacen con los niños. La justicia debe caer con todo su peso sobre quienes se prestaron para que se robaran casi 13.000 millones de pesos. Garantizar la transparencia en la adjudicación de estos contratos debe ser una preocupación de la Contraloría General de la Nación.

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