El tema de moda son las llamadas chuzadas. Tema, que si es tan grave como lo pintan, debía haberse tratado desde hace muchos años, casi desde que me conozco se han presentado las interceptaciones a las comunicaciones. Pienso que quienes hemos ocupado cargos públicos o hemos sido comunicadores las hemos padecido pero sin hacer escándalo.

Es que en este país, en los Estados Unidos, en Alemania y en todos los países del mundo se han hecho. Es la manera de poder proteger, en muchos casos, la seguridad del Estado. La diferencia es que nunca se había hecho tanto escándalo como ahora por haberse presentado en el gobierno Uribe, del que Juanpa (como le gusta que le digamos) participó y se ganó muchos laureles en cuestiones de orden público, no sé si laureles merecidos. Cosa que dudo conociéndolo hoy como lo conozco.

Cuando no existía la tecnología actual, en el gobierno de Virgilio Barco, allanaron las oficinas de EPM, en Medellín, donde funcionaban los llamados beeper, no sabría decir si fue un allanamiento legal o ilegal, como dicen ahora para las chuzadas durante el gobierno Uribe. Lo cierto fue que se hicieron sin el conocimiento del alcalde de la ciudad, cargo que yo ocupaba. Era que los ataques hacia ese alcalde daban hasta para violar los procedimientos sin que se presentaran críticas.

Hubo, en esa misma época, abusos contra los funcionarios del Departamento de Orden Ciudadano de Medellín, con ataques contra su integridad física sin que la prensa capitalina protestara.

En el gobierno de César Gaviria, ocupando quien esto escribe la Gobernación de Antioquia, interceptaban mis teléfonos y los de la directora de ELCOLOMBIANO sin que se oyeran protestas de quienes hoy se rasgan las vestiduras por lo que se sigue haciendo. Es que los actores son distintos, los afectados son otros y no existía la persecución contra un grupo político como ahora es manifiesto.

En el gobierno Gaviria me allanaron la finca siendo gobernador y no se oyeron ni protestas, ni reclamos por parte de los medios capitalinos. Somos de provincia y el presidente no era Álvaro Uribe.

Hoy la cosa es distinta, la directora del DAS durante el gobierno de Álvaro Uribe se atrevió a hacer lo que todos los otros han hecho y va para la cárcel. Eso sí se convirtió en algo gravísimo. Andrés Felipe Arias firmó un contrato con un organismo internacional, como en los otros gobiernos se había hecho y tuvo que salir del país para evitar que en nombre de la persecución al presidente Álvaro Uribe, fuera otra vez a la cárcel. Es que el asunto se agrava porque fue durante el gobierno del presidente Uribe.

Otra cosa: me pregunto, como se preguntan muchos colombianos ¿por qué el asesinato del candidato Luis Carlos Galán, el del candidato Bernardo Jaramillo, el del candidato Pardo Leal son crímenes de lesa humanidad y el del candidato Álvaro Gómez Hurtado no lo es?

Pobre país donde se interpretan las normas “según el marrano”, como decimos en provincia.